En el verano de 1931, la crisis económica y la desestabilización política atizaban las grandes ciudades de España, que en una década vieron cómo su población se dobló para dar cabida a aquellos que iban a las capitales en busca de una vida mejor. Ese gran flujo de migraciones trajo mano de obra, pero también muchas personas que necesitaban un techo. Y no había para todos. Así que los propietarios subieron precios descontroladamente, mientras los salarios cada vez eran más precarios.
Tras meses de revueltas sociales y de miles de desahucios, los trabajadores de Barcelona dijeron basta y, organizados desde sus fábricas y amparados por la CNT, organizaron una huelga de alquileres que fue secundada por más de 90.000 familias. Las fuerzas policiales de la República reprimieron con fuerza ese movimiento, llegando a prohibir la propaganda de la huelga y enviando a centenares de obreros a la cárcel. Pero los inquilinos no desistieron y, después de seis meses, consiguieron pactar con los pequeños propietarios rebajas que llegaron hasta el 40%.
La situación que se vivió en Barcelona hace 93 años tiene similitudes con la actual. Y el camino podría volver a llevar a una huelga de alquileres. Esa es la intención del Sindicato de Inquilinas, que está organizando asambleas y encuentros preparatorios que culminarán en manifestaciones por toda España el próximo 23 de noviembre. “En aquella época los alquileres suponían un 25% de los sueldos. Hoy ya llegan hasta el 40%”, explica Enric Aragonès, portavoz del Sindicato en Catalunya.
“Es triste que hayamos llegado al punto en que hoy nos conformaríamos con lo que en 1931 consideraban un escándalo”, añade Aragonès, que apuesta por la huelga como única opción viable ante la negativa de gobiernos y propietarios de atajar una situación que, asegura, está al “límite”. Dejar de pagar fue una solución hace ya 93, por eso los organizadores tienen bien presente lo que pasó entonces, en parte para mantener la esperanza, pero también para tener claros los riesgos.
¿Es legal hacer una huelga de alquileres?
Hoy, como entonces -al menos hasta que fue prohibida por el franquismo-, la huelga solo aplica al ámbito laboral. Así que no hay ninguna ley que ampare a los inquilinos que dejen de pagar el alquiler. Así pues, quien se sume a esta iniciativa puede llegar a enfrentarse a un desahucio.
“Una vez iniciado el proceso judicial, el propietario, sea pequeño o gran tenedor, debe avisar al inquilino de que todavía puede pagar para evitar el desahucio. Si sigue sin hacerlo, ya no hay marcha atrás y ya solo podrá pararlo el propietario”, explica Miguel Ruiz, abogado de la PAH de Barcelona.
Es por eso que las entidades que apoyan la huelga recomiendan que sea una acción masiva. “Solo tiene sentido si es colectiva y bien organizada”, asegura Aragonès. El objetivo es que haya tantos impagos que los juzgados se colapsen y los propietarios se vean forzados a la negociación. “Un procedimiento de desahucio puede tardar entre 7 meses y un año y medio. Y pueden ser más, teniendo los juzgados colapsados como los tenemos. Si la huelga es multitudinaria, los tiempos se ampliarán”, opina Ruiz.
El colapso del sistema judicial es una herramienta que ya ha dado resultado en otros casos, como el de la huelga de Glasgow de 1915. En plena Guerra Mundial, los propietarios aprovecharon la ausencia de los hombres que fueron al frente para subir las rentas a las mujeres, pero se organizaron y montaron una huelga que acabó extendiéndose a otros municipios británicos.
Más de 20.000 hogares dejaron de pagar el alquiler, a pesar de la fuerte represión. El éxito de aquella acción vino de la unión con los sindicatos de trabajadores, que amenazaron con hacer paros en los muelles e industrias si no cesaba la persecución a los inquilinos. Aquello dio lugar a centenares de encarcelamientos, ya que la normativa de guerra británica impedía cualquier conato de huelga.
Pero lo que podía parecer una derrota fue clave, puesto que los juzgados se colapsaron tanto que el Gobierno se abrió a mediar y no solo se retiraron todas las acciones legales contra los huelguistas, sino que se consiguió que el parlamento iniciara un proyecto de ley que restringía el interés a rentas e hipotecas.
Retorno a la huelga, cuatro años después
El ejemplo de Glasgow muestra cómo la acción colectiva puede llegar a cambiar leyes. Pero desde el Sindicato de Inquilinas consideran que las acciones a más pequeña escala también son efectivas. Destacan el caso de las 900 familias madrileñas que desde el 7 de junio dejaron de pagar facturas del seguro, los gastos de comunidad o las reparaciones que, por ley, deben correr a cargo de la propiedad, pero que el fondo buitre Nestar-Azora carga a sus inquilinos.
El objetivo, en su caso, no es tanto rebajar los precios del alquiler, sino eliminar cláusulas abusivas de sus contratos. “La huelga es colectiva, pero los objetivos los puede negociar cada quien para que se ajusten a su circunstancia”, recuerda Aragonès.
El resultado de la huelga de estas familias madrileñas está por resolverse, pero también cuentan con un precedente de éxito. En su caso se remonta a Toronto en 2017. Vecinos de diversos edificios del mismo vecindario y del mismo propietario se organizaron contra la subida de alquileres y la falta de reparaciones en las fincas. Más de 300 familias dejaron de pagar la renta, consiguiendo arreglar los problemas de mantenimiento y frenar el incremento de precios.
“Tenemos muchos precedentes de éxito”, resume Aragonès. Pero, a su vez, reconoce que esta acción “es contra gente muy poderosa”. No niega que hay riesgos y asegura que solo se convocará la huelga si se cuenta con “la fuerza suficiente para que nadie esté en peligro”. Asegura que se habilitará una caja de resistencia para sufragar los costes legales de los inquilinos que puedan llegar a necesitarlo y que los Sindicatos de Inquilinas estarán disponibles para asistir a quien lo requiera.
Así se hizo ya en la huelga que hubo en 2020 cuando, en medio de la pandemia más de 16.000 personas se organizaron para dejar de pagar el alquiler en un momento en que miles de trabajadores habían perdido sus empleos. Se organizó una caja de resistencia lo suficientemente fuerte como para cubrir los gastos de todos los huelguistas que lo solicitaron. “Aquello permitió resistir”, recuerda Aragonès. La acción consiguió rebajar centenares de rentas.
“Tiene que ser lo suficientemente masivo como para hacerles daño y como para que no nos lo hagan a nosotros. Si somos muchas, no habrá suficientes jueces ni policías”, insisten desde el Sindicato de Inquilinas. Aragonès recuerda que las huelgas no han sido siempre un derecho reconocido para los trabajadores. “Los derechos se ganan exigiéndolos”, apunta.