El president de la Generalitat, Quim Torra, ha proclamado este lunes que no acepta la anulación judicial del nuevo confinamiento del Segrià y ha anunciado que aprobarán en las próximas horas un decreto ley para blindarlo. La nueva norma, ha explicado, se aprobará en Consejo Ejecutivo y servirá para dar cobertura a las restricciones de movilidad ciudadana en futuros rebrotes en Catalunya.
“No podemos entretenernos ni un minuto en batallas judiciales o competenciales”, ha expresado el president, que ha comparecido junto al vicepresident Pere Aragonès. Torra ha informado que los servicios jurídicos están estudiando presentar recurso al auto judicial y, mientras tanto, ha pedido a la población del Segrià que cumpla con las instrucciones aprobadas por el Govern el domingo.
Ante la anulación judicial de las instrucciones sobre el endurecimiento de las restricciones, Torra ha afirmado que ni están de acuerdo con ella ni la aceptan. “Asumimos las consecuencias que se deriven de ello”, ha reivindicado. Pero a la vez ha reconocido que este lunes los Mossos d’Esquadra no van a multar a quienes entren y salgan de estas ciudades. “Cumplirán las decisiones judiciales”, ha admitido.
La Generalitat anunció este domingo unas medidas más estrictas de confinamiento en ocho municipios del Segrià, una comarca que ya está cerrada perimetralmente desde hace días debido a la transmisión controlada del coronavirus. La instrucción del Govern ordenaba a sus 150.000 habitantes –entre ellos, los de Lleida capital– quedarse en sus casas salvo excepciones como ir a trabajar, cuidar de familiares o hacer deporte acompañado de convivientes.
De momento, sin embargo, la instrucción queda paralizada debido al auto de la jueza de guardia de Lleida. La magistrada considera que el Govern no tiene competencias para llevar a cabo unas medidas tan restrictivas que, a su parecer, corresponden al Gobierno central a través del estado de alarma. Faltará ver ahora si el decreto ley anunciado por Torra les permite seguir adelante con las medidas.
La norma que sacarán adelante en Consejo Ejecutivo extraordinario deberá servir de marco normativo para las restricciones de la libertad de movimiento ante nuevos rebrotes en Catalunya, de acuerdo con indicadores epidemiológios y de contagios. Torra ha lamentado que en otras comunidades sí se haya permitido a sus gobiernos limitar derechos en beneficio de la salud pública, tal como ocurrió con la prohibición del voto de los infectados en Euskadi.
“La potestad es la de la Generalitat de Catalunya, tal como ha establecido el Gobierno del Estado”, ha insistido el vicepresident Aragonès. La instrucción aprobada por el Plan Territorial de Protección Civil de Catalunya (PROCICAT) hace referencia al decreto 63/2020 de 18 de junio, por el que el Gobierno faculta a la Generalitat para regular la nueva normalidad.
Además de decretar el confinamiento domiciliario, la instrucción prohibía en estos ocho municipios las reuniones de más de 10 personas. También ordenaba el cierre de bares y restaurantes –con excepción para los envíos a domicilio–, discotecas, piscinas y teatros. La incertidumbre generada por el anuncio de la Generalitat y posterior anulación de la jueza ha indignado a los alcaldes afectados, molestos desde hace días con el Departamento de Salud por los fallos en el rastreo de contactos.