A pocos días de saber si el Tribunal Supremo le obliga a dejar la presidencia de la Generalitat, Quim Torra ha comparecido por segundo vez como imputado por no retirar lazos amarillos y una pancarta a favor de los presos independentistas de la Generalitat. La sesión ha sido de las más breves que se recuerdan en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC): el president, tras apuntar que querría acabar rápido con el trámite para retomar la gestión de la pandemia, se ha acogido a su derecho a no declarar a ninguna de las partes –tampoco a su defensa. La comparecencia ha durado tres minutos.
Según fuentes presentes en la declaración, Torra ha dirigido un breve mensaje al magistrado instructor del caso, Carlos Ramos, a modo de explicación de su negativa a declarar, en el que ha afirmado que el tribunal “ya tiene una decisión tomada” sobre su causa, que a su juicio no es otra que la condena. Torra también ha explicado al juez que él es independentista y ha alegado que la segunda causa de los lazos “forma parte de la represión” contra el independentismo.
Los orígenes de este nuevo caso se remontan al 20 de septiembre de 2019. En aquella fecha, los magistrados de lo Contencioso Administrativo del TSJC ordenaron a Torra retirar en 48 horas la pancarta del balcón de la Generalitat en favor de los “presos políticos y exiliados”. Lo hicieron al aceptar la medida cautelar solicitada Impulso Ciudadano, la entidad liderada por el exdiputado de Ciudadanos José Domingo y que ejerce la acusación popular en la causa. Al igual que ocurrió en el caso de los lazos, Torra amagó con negarse a retirar la pancarta, que siete días después terminaría igualmente descolgada del balcón del Palau.
A diferencia de su primera causa, en esta ocasión la orden sí provino de un tribunal y no de la Junta Electoral, a quien el president no reconocía la posición de autoridad para ordenarle retirar una pancarta. La defensa ha perdido una baza ya que ahora la orden sí provino de un órgano superior jerárquico para dar órdenes a Torra.
Sin embargo, según fuentes de la defensa de Torra, la sala Contenciosa Administrativa del TSJC no era competente para ordenar la retirada de la pancarta al tratarse de un asunto de libertad de expresión. En los próximos días la defensa pedirá una batería de diligencias en este sentido, como la incorporación de todo el expediente administrativo que ahora consideran incompleto.
Además del episodio con la pancarta del mes de septiembre, a la causa también se incorporará lo ocurrido en enero de este año después de que la JEC ordenara la inhabilitación exprés de Torra como diputado pese a que el Supremo todavía no había recibido su recurso, lo que provocó que en la Generalitat se volviera a colgar por unos días la misma pancarta cuya retirada había ordenado el TSJC.
La comparecencia de Torra sirve para encarar la recta final de la investigación del caso, que al igual que el anterior no supone una causa compleja de instruir habida cuenta de que se trata de discernir si el president cumplió o no con una orden para retirar una pancarta. Los precedentes no acompañan a Torra, ya que en la primera causa el magistrado instructor tardó apenas un mes en sentar a Torra en el banquillo después de declarar como imputado.
Con todo, en función de lo que tarde el Supremo en inhabilitar a Torra, y por lo tanto en hacer que pierda su aforamiento, la segunda causa de los lazos dejaría el TSJC para pasar a un juzgado ordinario. De ser así, el president se sentaría en uno de los funcionales banquillos de los juzgados penales de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, como todo ciudadano común que va a juicio como acusado.