Torra pide al Constitucional suspender su inhabilitación como president y acusa al Supremo de “fraude”

Ni 24 horas ha tardado el expresident de la Generalitat, Quim Torra, en recurrir la sentencia del Tribunal Supremo que le ha apartado de las instituciones. Torra ha pedido al Tribunal Constitucional suspender de forma cautelar su inhabilitación como president en vigor desde este lunes para enmendar el “fraude constitucional” que, a su juicio, cometió el Supremo al condenarle.

En un extenso recurso, de más de 400 páginas, la defensa de Torra, que ejercen los letrados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, solicita al Tribunal Constitucional que suspenda cautelarmente las sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que condenaron a Torra “así como cualesquiera actos de ejecución ya consumados”, es decir, la inhabilitación de Torra como president de este lunes.

Solicita además Torra que el Constitucional “comunique de manera urgente” la suspensión de su condena a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, a la Junta Electoral Central (JEC), al vicepresident, Pere Aragonès, y al secretario del Governy al presidente del Parlament de Catalunya.

En suma, el expresident busca revertir con la misma celeridad la inhabilitación ejecutada este lunes en menos de dos horas por parte del TSJC, que exhortó al Govern a publicar un decreto en el que, como marca el Estatut, Aragonès asume la presidencia de forma interina hasta las nuevas elecciones. Este martes todavía no se habían publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto de cese de Torra ni en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) el de nombramiento de Aragonès como president interino.

Es improbable que el Constitucional acceda a las peticiones del expresident, que pese al contenido de su recurso de amparo este lunes acató su inhabilitación y se despidió políticamente de la presidencia con una llamada a convertir las próximas urnas en un plebiscito sobre la independencia.

Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de descolgar los lazos amarillos de la Generalitat en la precampaña de las generales de abril de 2019. El expresident entiende que la condena vulnera varios derechos fundamentales, como la libertad de expresión o el derecho a un juicio justo, y por ello ha recurrido al Constitucional. Si el tribunal de garantías no le da la razón, acudirá a la Justicia europea.

Argumenta el expresident que el Tribunal Supremo y el TSJC cometieron un “fraude constitucional” al condenarle. Dicho fraude consistió, a criterio de Torra, en el ejercicio de la acción penal con el objetivo de “corregir la acción política” de su presidencia así como para “derrocar al Gobierno de la Generalitat por razón de las manifestaciones políticas de su presidente en ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”.

El expresident añade que el “derrocamiento” del Govern es más “lesivo y desproporcionado” debido al “momento particularmente incierto sobre la evolución en un futuro inmediato de la pandemia de Covid-19”, por lo que reclama su restitución inmediata para evitar la pérdida de la finalidad de su recurso y “el daño irreparable continuado” que, según Torra, “se viene produciendo” contra él y contra “los ciudadanos de Catalunya que lo eligieron como diputado en las pasadas elecciones al Parlament”.