Juicio en ausencia. El expresident de la Generalitat Quim Torra ha plantado a la jueza en la vista oral de este jueves de su segunda causa por retirar más tarde de lo ordenado por los tribunales una pancarta con lazos amarillos a favor de la libertad de los presos del procés. “No legitimaré una farsa”, ha manifestado en un comunicado Torra, que pese a no acudir a la vista ha sido juzgado.
El final del juicio ha sido de alto voltaje. La defensa de Torra, que ejercen los letrados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, ha comparado a la Fiscalía con el presidente ruso, Vladímir Putin, por las críticas que la fiscal del caso ha realizado a la resolución de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa que, antes del indulto, pidió la excarcelación de los condenados por el 1-O, reformar el delito de sedición y retirar las peticiones de extradición.
El rifirrafe ha empezado después de que la fiscal minimizara el informe del Consejo de Europa, recordando que fue adoptado con un “cuórum mínimo” de la asamblea y que no es una resolución vinculante. Pero ha sido la mención de la fiscal a que se trataba de un “documento anecdótico” lo que ha encendido al letrado Boye y lo ha llevado a comparar la posición del Ministerio Público con la del líder ruso, que ha sacado a su país del Consejo de Europa tras la invasión de Ucrania.
“Vladímir Putin se ha ido del Consejo de Europa porque le molestan sus resoluciones, lo mismo que a la señora fiscal”, ha espetado Boye en su informe final, en el que además de pedir la absolución de Torra ha cargado con contundencia contra la Fiscalía. “El concepto de democracia que ha manejado el Ministerio Fiscal en sus conclusiones es aterrador. ¿A dónde nos quiere llevar, a Polonia? ¿A Rusia?”, ha enfatizado Boye, en plena polémica polémica política por los contactos del entorno de Puigdemont con la órbita el Kremlin
Retador, Boye ha advertido a la Fiscalía de que no desoiga a organismos internacionales como el Consejo de Europa o el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que en el pasado se han posicionado a favor de los condenados e indultados por sedición, pero no se han pronunciado sobre el caso de la pancarta de Torra. “No nos vayamos a encontrar un día sentados junto a Putin”, ha lanzado el letrado a la fiscal.
Por su lado, la fiscal ha confirmado que pide veinte meses de inhabilitación para Torra y una multa de 30.000 euros y ha acusado al expresident de haberse instalado en la “insumisión institucional” por sus dos negativas a retirar las pancartas y lazos en favor de los presos.
“Daba igual lo que le dijera la Junta Electoral o el mismísimo TSJC, el señor Torra tenía la voluntad explícita de no dar cumplimiento a nada”, ha aseverado la fiscal, que ha afeado a Torra su “contumaz y sostenida actitud desobediente” y el “alarde público” de la misma. El abogado de Impulso Ciudadano ha calificado de “recalcitrante y reiterada” la conducta “desobediente” de Torra y ha elevado la petición de multa a 109.500 euros.
Más allá de las referencias rusas, sobre los hechos enjuiciados Boye ha reprochado a las acusaciones no haber presentado una sola prueba de la culpabilidad de Torra y de haber actuado guiados por su “ideología” contraria al independentismo. “¿No sería más sencillo quemarlo [a Torra] en la hoguera?”, ha ironizado Boye.
El enfrentamiento entre Boye y la fiscal ha dejado en un segundo plano las razones expuestas por Torra para no acudir a su juicio. En un vídeo colgado en sus redes sociales, el expresident ha mantenido que no legitimará una nueva “escenificación represiva disfrazada de justicia” y ha anunciado que pedirá amparo a los tribunales internacionales, algo que ya hizo en su primer juicio pero fue rechazado por el TSJC. Y ha vuelto a criticar a la “justicia española”, a la que ha dicho que no reconoce “legitimidad” porque, en su opinión “no respeta ni a los tratados internacionales ni a los derechos fundamentales”.
Ya sin el expresident, dentro de la sala de vistas han comparecido tres testigos. El inspector de los Mossos que recibió la orden del TSJC ha corroborado que se personó el 27 de septiembre de 2019 en el Palau de la Generalitat, instó a un asesor de Torra a retirar la pancarta y abandonó la sede de la presidencia “una vez comprobado que la pancarta había sido retirada”. El único requerimiento judicial que había recibido en toda su carrera para retirar una pancarta fue el otro caso de Torra. Otra mossa ha declarado en el mismo sentido.
El jefe de prensa de Torra, Pere Cardús, ha confirmado que recibió el requerimiento de los Mossos y lo trasladó a los servicios de mantenimiento del Palau. Además, Cardús ha equiparado los lazos amarillos y la pancarta por los presos con los símbolos de repulsa de los asesinatos machistas que el Ayuntamiento de Barcelona y otras instituciones cuelgan cuando una mujer es asesinada a manos de un hombre. “En cuestiones de derechos fundamentales siempre ha habido posicionamientos políticos en el balcón del Palau”, ha indicado.
Fuera de la Ciudad de la Justicia de Barcelona una decena de independentistas que no sabían la decisión de Torra de no acudir a la vista esperaban la llegada del expresident para mostrarle su apoyo. “¿Qué no viene? Pues no me había enterado”, expresaba a la prensa uno de los asistentes. El juicio ha quedado visto para sentencia.