La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado unos 450 afiliados y simpatizantes a una manifestación para denunciar el caso de los @som27imés. En este sumario se piden 11 años de cárcel al secretario general del sindicato, Ermengol Gassiot y penas similares a 25 estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y un miembro del personal de administración y servicios (PAS). En total casi 300 años de prisión más penas accesorias.
El sindicato de raíz anarquista ha salido a la calle sin comunicarlo a Interior. Lo ha hecho en un recorrido que ha atravesado la Barcelona más turística, desde cerca de las Atarazanas hasta la Plaça de Sant Jaume, pasando por la Rambla. Casi medio millar de sindicalistas han gritado repetidamente contra los procesamientos en medio de explosiones de petardos y tracas. En ningún momento se han producido incidentes, ni la policía ha hecho acto de presencia.
Al final de la marcha, Gassiot ha declarado que la manifestación se ha realizado intencionadamente sin pedir permisos ni comunicarlo a las autoridades policiales. La actuación se ha efectuado para denunciar la denominada ley mordaza, a la que el sindicato se opone con contundencia.
El secretario general de la CGT explicó: “hemos querido hacer un acto que llame la atención sobre el procesamiento. Somos conscientes de que el procedimiento se alargará y no queremos agotar la movilización. Ahora preparamos una acción en el ámbito estatal”.
La manifestación ha sido el colofón a un acto organizado por la secretaría de formación del sindicato. En dicho acto Gassiot se ha dirigido a los afiliados y ha vinculado las elevadas peticiones de cárcel del caso que afecta estudiantes, PAS y a él mismo, como una medida contra los colectivos, que en el momento de máxima dureza de la política de recortes, se opusieron a las políticas neoliberales que se desprendían de dichas actuaciones.
La ex vicerrectora de la UAB, Silvia Carrasco, también fue objeto de duras críticas. Carrasco está personada en el caso como acusación. Desde la CGT consideran que su actuación una revancha política relacionada con la actitud reivindicativa de estudiantes y algunos profesores en las protestas universitarias que tuvieron lugar los años 2012 y 2013 y que culminaron con la ocupación del rectorado.