En España no hay un censo fidedigno del número de personas que han estado en contacto con el amianto. Una política laxa de la administración respecto a las empresas ha causado esta anormalidad. Esto hace muy difícil el seguimiento y la prevención de los casos que se puedan dar.
El amianto es un producto que se encontraba, hasta finales de los años 70, en muchos lugares: frenos, productos ignífugos o cubiertas y revestimientos de edificios. España fue en la década de los años 70 y 80 la mayor productora de amianto. En 1975 se constató que estar en contacto con este producto producía a las personas graves enfermedades: asbestosis y cáncer de pulmón entre ellas. Por eso en Europa se decidió prohibir la fabricación de cualquier producto con amianto. España creó en 1984 el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) al que las empresas tenían que inscribirse, pero no eran penalizadas si no lo hacían, y algunas hicieron caso omiso de la medida. De hecho, en España se mantuvo el uso de amianto hasta el año 2001, con una moratoria hasta 2002.
El sindicato CGT considera y así lo recogen algunas de sus publicaciones, que el contacto con el amianto ha producido directa o indirectamente 40.000 muertos y en el futuro podría llegar a producir hasta 20.000 más.
Los efectos del amianto sobre la salud de las personas que han estado en contacto con él no siempre es inmediato. A veces las enfermedades aparecen 15 o 20 años después en forma de trastornos muy importantes que, en muchos casos, son fatales.
En Catalunya, empresas como Uralita, en Cerdanyola; Rocalla, en Castelldefels, La Maquinista en Barcelona y compañías como Federal Mogul en Viladecans utilizaron amianto en sus procesos de producción durante años.
En algunos casos los trabajadores, en activo o ya jubilados de dichas empresas, han creado censos para conocer los nombres de las personas que podrían haber estado expuestas al producto. En Federal Mogul la recopilación tiene más de 2.000 inscritos.
La aparición de muchas enfermedades vinculadas con el amianto hizo que se crearan entidades para velar por los derechos de los afectados. Por un lado para conseguir el reconocimiento del caso como enfermedad profesional y por otro para obtener indemnizaciones de las empresas que, a pesar de saber la peligrosidad del producto usado en sus procesos de producción, los mantuvieron, en muchos casos, sin proporcionar mecanismos de protección a sus trabajadores.
José Luis Gómez es un trabajador de la firma Honeywell de Viladecans, antes Federal Mogul. Milita en CGT, el sindicato que ha tomado como suya la lucha contra los efectos del amianto. «Lo que se ha producido en España y en Catalunya especialmente es un genocidio laboral», afirma. No sólo porque durante mucho tiempo las empresas siguieron usando el producto sabiendo el peligro que suponía, sino porque «no se ha adoptado una política fuerte para identificar y ayudar a aquellos trabajadores de empresas pequeñas y medianas que durante años trabajaron en contacto con el amianto ». Porque, mientras en las empresas medianas y con una cierta organización sindical se ha producido un movimiento reivindicativo sobre este problema, hay «miles o decenas de miles de personas que pueden tener en su interior el producto tóxico y no lo saben», dice. En este sentido, al ser el amianto, hasta que fue prohibido, un producto que se usaba para revestimientos y aislantes de viviendas y locales, puede afectar incluso hoy los usuarios actuales de dichos edificios.
«Hace años que luchamos para romper el silencio en torno al amianto. Para las administraciones y para las empresas y los lobbys es un tema tabú“, dice José, que recuerda que mientras en Europa hace 25 años que se tomaron medidas para prohibir el producto y para ayudar a los afectados aquí eso no ha pasado, o se ha hecho en menor medida.
Alex Tisminetzky, secretario de salud laboral de CGT, reclama que se haga un censo oficial de los trabajadores expuestos. «También sería necesario que se hicieran revisiones médicas periódicas para las personas potencialmente afectadas». Al respecto se queja de las reticencias de la administración.
En otro ámbito, está el problema de la atención a las personas con síntomas relacionados con el amianto. Según Tisminetzky «la Seguridad Social sigue criterios muy restrictivos a la hora de tramitar bajas por invalidez», dice. Pasa lo mismo cuando debe reconocer derechos pasivos por viudedad. En estos casos la tramitación dura entre dos y tres años de media.
Guía básica sindical contra el amianto
Durante estos años se han producido demandas de trabajadores relacionadas con el amianto contra las empresas en las que habían trabajado. Los afectados reclaman indemnizaciones, pero, en caso de que el veredicto les sea favorable la media que se tarda en conseguirlo son 5 o 6 años. Esto, en personas de edad avanzada hace que algunas veces mueran antes de que el proceso haya terminado.
Tisminetzky reivindica también medidas efectivas y rápidas para ayudar a los afectados. Por ejemplo que, “como ocurre con los mineros con la silicosis, los afectados por el amianto puedan jubilarse antes». Para ello sólo habría que aplicar un coeficiente reductor de los años que se necesitan para el retiro a los operarios que han tenido contacto con el producto prohibido. Desde el Ejecutivo central y la Seguridad Social se es refractario a esta medida por el coste que tendría.
Para reforzar las reclamaciones mencionadas, miércoles 4 de marzo, se realizó una concentración simbólica en Viladecans (Barcelona). Más de 150 personas, trabajadores de empresas que habían usado amianto, y afectados incluso de fuera de Catalunya pidieron una respuesta de la Administración.
Mientras tanto, CGT ha decidido juntar en un solo documento la información necesaria para que sus delegados puedan actuar tanto si las empresas en las que trabajan han usado amianto, como para seguir los protocolos si en sus puestos de trabajo aparece el maldito producto. Lunes, 9 de marzo se presenta la guía básica de acción sindical sobre el amianto. Con esta herramienta se quieren evitar riesgos como los denunciados a raíz de las obras acaecidas en el Palacio de Justicia de Barcelona donde en unos desagües ha encontrado amianto, lo que ha encendido un conflicto entre los trabajadores, que reclaman que las obras de eliminación se hagan con garantías legales suficientes y la administración que considera adecuadas las medidas tomadas.