La Fiscalía pide 11 años y 5 meses de prisión contra el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Ermengol Gassiot. También pide penas similares para 25 estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y un trabajador del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la misma universidad, que era delegado de los Colectivos Asamblearios de Universidad (CAU -IAC).
La petición fiscal se relaciona con los hechos ocurridos en los años 2012 y 2013 cuando se produjeron movilizaciones estudiantiles en la UAB que culminaron con la ocupación del rectorado. En aquel momento Gassiot era delegado sindical, miembro del comité de empresa de la universidad y profesor de Arqueología. Posteriormente fue elegido secretario general de la CGT. Se da la circunstancia de que, por ejemplo, entre los que eran estudiantes en 2013, está Eudald Calvo, actual alcalde de Argentona para la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).
Acusación digna del TOP franquista
“La acusación que nos ha llegado es delirante y propia del antiguo Tribunal del Orden Público (TOP) franquista”, declaró Gassiot al Diari del Treball. El sindicalista se extraña de que se pidan penas globales, sin desglosar, como si todos los que participaron en las protestas hubieran realizado conjuntamente y con el mismo grado de participación los hechos que el fiscal les imputa. El profesor pone un ejemplo sobrecogedor: “Un fiscal nos acusa a los 27 de todo, pero cuando los Mossos revientan el ojo a un manifestante, no se puede condenar a nadie si no se puede demostrar quién ha disparado”. Y termina con una frase contundente: “Me parece que es la primera vez desde el franquismo que hay denuncias penales que piden prisión a estudiantes y profesores, desde la dictadura no pasaba”, asegura.
En el año 2013 un grupo de estudiantes y algunos profesores ocuparon el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ermengol Gassiot lo hizo como delegado y miembro del comité de empresa. La acción se convirtió posteriormente en una ocupación protagonizada por todos los colectivos en lucha de la UAB. Durante el conflicto se hizo patente la oposición política de los estudiantes, PAS y profesores en el interior del equipo de gobierno de la institución universitaria. Durante dicha ocupación, algunos profesores y personal de administración y servicios (PAS) mostraron su solidaridad con su presencia en el edificio, llevando a cabo sus clases en el rectorado.
La Vicerectora se persona
La acusación a partir de la cual la fiscalía pide 11 años y 5 meses de prisión a Gassiot y al resto de personas que participaron en las movilizaciones es ciertamente genérica. En el caso del secretario general de la CGT, se le piden dichos años de prisión por un delito continuado de desorden público y otro de coacciones, entre otros. Además, se incluye una petición de 5 años de alejamiento de la UAB para el conjunto de los 27 acusados y 385.000 euros para compensar lo que se considera que fueron los daños ocasionados al rectorado.
A parte de la acusación del fiscal, hay otras peticiones de penas con diversas personaciones como acusación particular. Una de ellas es Sílvia Carrasco, vicerectora de estudiantes de la UAB y militante de Iniciativa per Catalunya (ICV) por Sabadell. También han denunciado a diversas becarias de la vicerectora, según Gassiot. Además aparece personada como tal la UAB, aunque en su momento, la institución lo negara. Todas las acusaciones, según fuentes de la CGT, tienen como característica común que las lleva el letrado Cristòfol Martell.