“¿Cuánto tiempo una persona puede ser investigada sin saber por qué motivo lo está?”. La pregunta la ha formulado al Tribunal Constitucional el empresario Oriol Soler, investigado desde hace tres años y medio en secreto como presunto responsable de Tsunami Democràtic, la plataforma anónima que convocó las protestas contra la sentencia del procés a finales de 2019.
Soler, que formó parte del sanedrín informal de dirigentes que pilotó junto al Govern el referéndum de 2017, fue detenido en octubre de 2020 por el caso Voloh. Al hallar el juez de Barcelona conversaciones sobre Tsunami Democràtic entre los investigados, decidió enviar la causa a la Audiencia Nacional, que ya tenía abiertas unas pesquisas en secreto a raíz de la protesta que colapsó los accesos al Aeropuerto de Barcelona tras la sentencia del Supremo.
Pese a numerosos intentos, tanto el juez Manuel García Castellón como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han rechazado las peticiones de Soler para levantar el secreto de sumario del caso y saber por qué se le investiga.
A lo máximo que ha llegado el empresario es conseguir que el juez le deba informar sobre los motivos que le llevan a mantener la causa en secreto más de tres años después. Entre ellos figura que el instructor está pendiente de recibir información de comisiones rogatorias enviadas al extranjero.
Entre las defensas de no pocos independentistas se sospecha que el secreto de la causa de Tsunami fue meramente instrumental para poder pinchar teléfonos y acceder a sus comunicaciones sin que se enterasen, un patrón similar al que el juez García Castellón ya empleó para investigar al entorno de Puigdemont y de la CUP.
Soler quiere poner fin al secreto y por ello su abogado, el penalista Benet Salellas, ha presentado un recurso de amparo al Constitucional en el que reclama como medida cautelar poder acceder a la causa en aras a garantizar su derecho de defensa y a no padecer un proceso penal con dilaciones indebidas.
Según alega la defensa, Soler tiene “sospechas fundadas para considerar que está siendo víctima de una persecución policial y judicial injustificada, ideológica y víctima de una investigación prospectiva en la que no se le están respetando sus derechos” debido al alcance del secreto, que dura ya más de tres años y medio.
Mantiene además la defensa que “no es propio de un estado de derecho y democrático” el mantener tanto tiempo una causa en secreto, sin que las defensas de los investigados puedan plantear pruebas. Todo ello, agrega Salellas, “tiene un evidente impacto en la propia dignidad de la persona”.