El Tribunal de Cuentas amnistía a Puigdemont, Junqueras y otros 30 excargos del Govern por los gastos del procés

Más de dos años después de la aprobación de la ley de amnistía, el Tribunal de Cuentas ha aplicado la norma a los 35 excargos de la Generalitat encausados por los gastos vinculados al referéndum del 1-O y a la acción exterior del procés. Entre los beneficiados se encuentran los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig.

En una sentencia notificada este miércoles, la consejera de cuentas del ente fiscalizador Elena Hernáez absuelve a todos los dirigentes demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana y les devuelve la fianza de 4,1 millones que les impuso por los gastos efectuados entre 2011 y 2023.

Termina así la resistencia que ha mantenido el Tribunal de Cuentas a amnistiar su causa sobre el procés pese a la claridad de la ley. La resolución dedica decenas de páginas en justificar las cuestiones prejudiciales que la consejera de cuentas Hernáez envió a la Justicia europea para demorar la aplicación de la norma. Después le siguieron la Audiencia Nacional en el caso de los CDR y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en la causa por los preparativos del referéndum.

Aunque la sentencia admite que en ningún momento del procedimiento abierto en 2021 se planteó que los gastos del procés provenieran de fondos europeos, Hernáez alega que como parte de la financiación de la Generalitat proviene de transferencias de la Unión Europea era “razonable” preguntárselo cuando se aprobó la ley de amnistía, que excluía a los encausados por afectar a los intereses financieros de la UE.

Luxemburgo rechazó, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión se vieran “afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

Pese a la claridad de la respuesta del TJUE, la consejera Hernáez insiste en una hipótesis que nunca fue real: que los gastos del procés se financiaran con fondos europeos. A criterio de la consejera, de la sentencia del TJUE “se desprende claramente que no se podría aplicar la amnistía en el caso de que los gasto se hubieran realizado con fondos provenientes del presupuesto de la UE”.

“En ese hipotético caso, la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea resultaría incuestionable”, insiste la sentencia, aunque el TJUE dejó claro que este supuesto no ocurrió.

Las altas instancias judiciales, empezando por el Tribunal Supremo, son las que más oposición han mostrado a la norma, en contraste por su normal aplicación ya en 2024 por parte de la mayoría de jueces y tribunales catalanes.

El Tribunal de Cuentas intentó que Luxemburgo respaldara excluir a los independentistas de la amnistía, pero se encontró con un aval rotundo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma. Gracias a la amnistía, Puigdemont, Mas y el resto de encausados se ahorran una sentencia que podría condenarles a devolver 5,3 millones de euros.

La consecuencia de la sentencia europea era clara, pero igualmente el Tribunal de Cuentas ha demorado casi tres meses la aplicación de la norma. En julio, la consejera Hernáez abrio un plazo de diez días de alegaciones para que las partes pudieran pronunciarse sobre el origen de los fondos empleados para organizar el 1-O. Tanto la Generalitat como los encausados solicitaron aplicar la norma sin más dilaciones, pero igualmente en septiembre el ente abrio otró plazo antes de, por fin, archivar la causa, algo que la Fiscalía tildó de “innecesario e improcedente”.

Solventada la causa del Tribunal de Cuentas, Puigdemont y Junqueras todavía esperan la amnistía en el caso procés abierto desde 2017 en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, pero en los próximos días tendrá que aplicarla después de que el Constitucional le obligara a rectificar.