La denuncia de Agbar contra Ada Colau pierde fuelle. El Tribunal de Cuentas ha archivado la parte de la denuncia de la multinacional relativa a los estudios realizados por el consistorio para municipalizar el agua, que ascendían a casi 900.000 euros, y solo mantendrá abierta la causa contable por las subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona a entidades sociales –si bien no concreta qué cuantía investiga– y por una ayuda de 15.000 euros a los promotores de la consulta ciudadana sobre la gestión del servicio.
La denuncia de Agbar del pasado mes de abril fue el último episodio de una guerra del agua que la multinacional ganó después de que el Tribunal Supremo frustrara en 2019 la municipalización del servicio pretendida por el consistorio. Para Agbar, los estudios técnicos y jurídicos encargados por el Ayuntamiento en 2017 para la transición hacia la gestión pública del agua en la ciudad suponían un “perjuicio” a las arcas públicas ya que la competencia sobre el servicio no es municipal sino del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
El Tribunal de Cuentas en cambio niega la mayor y avala la competencia del consistorio para encargar los estudios. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el consejero de cuentas Felipe García concluye que el Ayuntamiento de Barcelona tiene “plena legitimidad” para plantear un régimen de gestión directa del agua “a nivel municipal barcelonés”.
En consecuencia, el Tribunal de Cuentas concluye que ninguno de los estudios encargados por el consistorio supone “infracción contable o presupuestaria” por parte de la alcaldesa, Ada Colau, el concejal de Transición Ecólogica, Eloi Badia, el gerente de la concejalía y la interventora municipal, todos ellos denunciados por Agbar. “No se observa daño alguno en los fondos municipales”, apostilla el auto, que es recurrible. Los informes avalados por el Tribunal de Cuentas tuvieron un coste total de 858.635,08 euros.
El Ayuntamiento ha celebrado la decisión del Tribunal de Cuentas porque supone un rechazo de plano a la mitad de las pretensiones de Agbar. Es decir, que el órgano fiscalizador no ve necesidad ni de investigar parte de la denuncia. Con todo, el Tribunal de Cuentas sí mantendrá abierta una causa contable por una subvención de 15.000 euros y las subvenciones a entidades sociales que también son objeto de unas diligencias de la Fiscalía de Barcelona. A diferencia de la reciente resolución sobre el procés, la causa sobre las subvenciones municipales del Tribunal de Cuentas se encuentra en un estado muy inicial y está lejos de terminarse.
El Ayuntamiento ve un “primer revés” a Agbar
“El Tribunal de Cuentas establece de forma clara y contundente que el Ayuntamiento de Barcelona tiene competencias sobre la municipalización del agua y refuerza la línea de trabajo de los últimos años”, asevera el concejal de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, que ve en la resolución del ente contable un “primer revés” a Agbar.
El consistorio confía además en que el resto de responsabilidades contables que la multinacional atribuye a la alcaldesa queden descartadas en la fase de instrucción ya que se trata de subvenciones justificadas. La denuncia no cifra el concreto perjuicio de las subvenciones, sino que considera que serán un menoscabo a las arcas públicas “todas aquellas subvenciones que no hayan tenido un resultado tangible que pueda justificar el aumento exponencial y manifiestamente desproporcionado de su financiación”.
En su auto, el Tribunal de Cuentas aboga por investigar si el “aumento de financiación” a las entidades sociales ha podido conllevar una vulneración de la normativa presupuestaria al apreciar “indicios de responsabilidad contable”. Agbar hizo hincapié en que, durante el mandato de CiU en Barcelona, Enginyers sense Fronteres recibió subvenciones por valor de 271.437 euros –que no fueron investigadas– mientras que entre 2016 y 2018, ya con Colau como primera edil, ascendieron a 852.633 euros.
Las subvenciones que el consistorio ha otorgado a entidades sociales como la PAH también forman parte de la investigación de la Fiscalía de Barcelona a raíz de la denuncia de la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, entidad vinculada a Societat Civil Catalana y presidida por Ramón de Veciana, candidato de UPyD a la presidencia de la Generalitat en 2015. A día de hoy la Fiscalía mantiene abiertas sus diligencias –algo habitual tras recibir la denuncia de un particular– y todavía está estudiando la cuestión antes de decidir si archiva la denuncia o remite una querella al juzgado.