La candidatura de Manuel Valls a las elecciones municipales de Barcelona, BCN pel Canvi-Ciutadans, realizó gastos por un importe total de 188.867,15 euros que fueron abonados por una entidad externa, la asociación Barcelona Capital Europea. Así lo ha detectado el Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización de las Contabilidades de las elecciones locales de 26 de mayo de 2019 y ha sido avanzado por Metropoli Abierta. Según el órgano fiscalizador, esta práctica incumplió la ley de financiación de partidos, que prohibe que terceras personas asuman el coste de la actividad de las formaciones políticas.
El descuadre en las cuentas fue detectado por el Tribunal de Cuentas tras contrastar la información facilitada por la coalición y la de los proveedores. El informe detectó entonces “la existencia de gastos electorales no declarados en la contabilidad presentada por un importe de 189.497,15 euros”. De esta suma, prácticamente la totalidad había sido facturada y pagada por la asociación que el propio Valls había registrado con anterioridad a su candidatura electoral y como organización lanzadera de su proyecto político. El informe apunta ahora a que, además de la cuestión organizativa, esa plataforma habría servido también para financiar la campaña.
Para el órgano de fiscalización contable, la práctica en la que incurrieron Valls y Ciudadanos, que se presentaron juntos, “constituye una irregularidad sancionable”, al haber realizado gastos electorales, como fruto de la actividad de la candidatura, asumidos por terceras entidades que se escapan al control de la financiación electoral.
Preguntado por este medio, la plataforma BCN pel Canvi resta importancia al asunto. “Es sólo un informe, no una sanción. No estamos de acuerdo con la atribución de gastos electorales. BCNxCanvi impugnará”, afirman fuentes de la organización, que en su día ya presentó alegaciones ante el Tribunal de Cuentas.
En las explicaciones que ofrecía ante el organismo en sus alegaciones, el administrador de la candidatura de Valls aseguraba que la confusión económica entre la asociación y la coalición electoral tenía que ver con “el complejo contexto que vive o sufre el activismo social y político en Catalunya”. “Las personas y entidades que se significan públicamente como constitucionalistas en Cataluña sufren una constante intimidación y rechazo social e institucional lo que nos afecta tanto a nivel profesional como personal” , apunta el administrador, que continúa aduciendo que estas circunstancias hacen que los constitucionalistas se agrupen y participen de diversas iniciativas simultáneamente. Él mismo se pone como ejemplo al asegurar que forma parte, a la vez, de la candidatura de Valls, de la plataforma que pagó sus gastos electorales, de Sociedad Civil Catalana y de Empresaris de Catalunya, razón por la que justifica el cruce contable detectado.
El informe del Tribunal de Cuentas llama también la atención sobre otras cuestiones de la plataforma de Valls. Por un lado indica que ha encontrado una “deficiencia en el registro contable” ya que la coalición no ha utilizado la codificación requerida para las cuentas electorales de acreedores, “lo que dificulta la identificación de actividades de distinta naturaleza”. Por otro, indica que del total de gastos declarados, 63.018,01 euros son de naturaleza relacionada con las elecciones pero han sido realizados antes del inicio de la convocatoria de las elecciones y, por tanto, fuera del plazo establecido para ser contados como gastos electorales.