El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos Pacho, fue uno de los magistrados que juzgó el caso '4F', también conocido como 'Ciutat Morta' por ser el título del documental que narró la historia de los jóvenes condenados. Barrientos, como presidente de la sección octava de la Audiencia de Barcelona, fue el encargado de juzgar y condenar a los jóvenes por una agresión a un agente que ellos siempre negaron. Dos policías que fueron claves para incriminarlos fueron condenados posteriormente por torturas y montaje policial en otro caso.
El caso 4F se remonta a la madrugada del 4 de febrero de 2006 a las puertas de una fiesta okupa en la calle Sant Pere Més Baix de Barcelona. Tras una trifulca, un agente de la Guardia Urbana quedó en coma. El hoy nombrado presidente del TSJC condenó al joven Rodrigo Lanza a cuatro años y medio de cárcel y a sus dos amigos a tres años y tres meses.
La sección de la Audiencia de Barcelona que presidía Barrientos dio por válido el testimonio de los dos guardias urbanos posteriormente condenados por torturas. De hecho, en el caso no había más pruebas que su relato. La defensa y la familia de los condenados siempre han sostenido que fueron víctimas de un montaje policial, una tesis que el documental 'Ciutat Morta' ayudó a difundir.
Patricia Heras, condenada por Barrientos a tres años de prisión, se suicidó seis meses después de ingresar en la cárcel, una vez el Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia. El documental 'Ciutat Morta' explica cómo Patricia Heras ni siquiera estuvo en la fiesta okupa.
Los testimonios en los que se basó la sección octava de la Audiencia para condenar a los jóvenes, los agentes de la Guàrdia Urbana Víctor Bayona y Bakari Samyang fueron condenados por torturar en comisaría en septiembre de 2006 al hijo de un diplomático con el que se habían peleado en la discoteca 'Bikini' y al que levantaron un atestado falso para justificar su detención por tráfico de drogas.
La sentencia de la Audiencia destacó que el relato incriminatorio de Samyang era “contudente, coincidente y sin fisuras”, pese a que los condenados por el caso del 4 de febrero denunciaron haber sido víctimas de torturas por parte de los guardias urbanos tras su detención. Su denuncia fue archivada.
La comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona expresó sus dudas sobre la imparcialidad del tribunal del que formaba parte Barrientos al sospechar que disponía de una “idea preconcebida de los hechos sucedidos”, y porque denegó gran parte de las pruebas solicitadas por las defensas en el juicio oral. Asimismo, la comisión constató que desde las primeras actuaciones existieron versiones contradictorias sobre los hechos que causaron las graves lesiones al agente municipal.
El documental 'Ciutat Morta' dio a conocer el supuesto montaje policial en el que quedaron envueltos los jóvenes del 4F. El Ayuntamiento de Barcelona pretendía incriminar a personas que no estaban en el interior de la fiesta ilegal, celebrada en un edificio municipal, pese a la constancia de que desde las ventanas del local ocupado se lanzaron objetos contra los agentes.
El entonces alcalde de Barcelona Joan Clos, sostuvo en su primera declaración pública sobre los hechos que el agente en coma había recibido el impacto de una maceta arrojada desde el edificio donde se celebraba la fiesta. La defensa de los procesados pidió que Clos testificara en la causa para aclarar sus explicaciones iniciales, pero el juez denegó esa declaración, de acuerdo con la Fiscalía, y finalmente el tribunal dio por buena la versión de los urbanos de que fue una piedra arrojada por uno de los jóvenes la que malhirió al policía.
“Dificultades” por el proceso independentista
Barrientos, que forma parte de la asociación de magistrados Francisco de Vitoria, consideró que el resultado de las elecciones del 27-S traería “dificultades” en las relaciones entre judicatura, Parlament y Generalitat. En su informe como candidato a la presidencia del TSJC enviado al Consejo General del Poder Judicial, valoró que el escenario resultante del 27-S “hace prever serias dificultades en el mantenimiento de los cauces normales de la relación institucional”
Barrientos será el encargado de terminar la instrucción del caso que investiga la consulta soberanista del 9-N, por el que están imputados el expresident Artur Mas, la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau; y la exvicepresidenta Joana Ortega.