El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido de forma cautelar parte del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona que regula la actividad de las empresas de vehículos VTC y que tenía que entrar en vigor el 15 de julio. Entre los artículos anulados está el que fijaba en una hora la precontratación de sus servicios.
El tribunal anula también el registro electrónico para estos vehículos, en el que las VTC debían comunicar los servicios que tenían previsto prestar acreditando su contratación con antelación. La decisión del juez se deriva de un recurso presentado por Luxury VTC.
El auto judicial supone un varapalo para el AMB y para el sector del taxi –que pedía los 60 minutos de precontratación–, pero todavía sigue vigente el decreto aprobado por la Generalitat que establece en un mínimo de 15 minutos la antelación con la que estos vehículos deben ser contratados.
Con todo, el auto hace suya la tesis del Consejo de Garantías Estatutarias y considera que la precontratación obligatoria es “contraria a la libertad de empresa y discriminatoria” para las VTC frente a los taxis. En esta línea argumental, el decreto de la Generalitat, recurrido también al TSJC, podría tener también los días contados.
Sobre el Registro de Vehículos, en el que deben estar inscritas todas las VTC, el tribunal entiende que puede suponer una “doble autorización” para empresas que ya tienen sus respectivas licencias.
Aunque el objetivo del AMB no era esta vez reducir las licencias –lo intentó el verano pasado con otro reglamento y se lo tumbaron–, la creación del registro y los adhesivos vinculados a su inscripción han llevado el tribunal a suspender por ahora los artículos que lo regulan. También el que establece sanciones previstas para quienes no cumplan con estos requisitos.
Los 60 minutos de precontratación fueron la medida clave que introdujo el Ayuntamiento de Barcelona durante unas negociaciones entre la Generalitat y el sector de el taxi que se enconaron en enero con varias jornadas de huelga. El decreto que aprobó entonces el Govern, que fijaba la precontratación de 15 minutos, no era suficiente para algunos taxistas, aunque supuso una medida pionera que otras comunidades autónomas replicaron posteriormente.
El día que se aprobó el decreto, las grandes plataformas que operan con VTC, Uber y Cabify, confirmaron su amenaza de irse de Barcelona y dejaron de operar en la ciudad. Aunque varios meses después, esta última ha vuelto a la capital catalana con una nueva flota –ahora en propiedad– y saltándose la precontratación de los 15 minutos alegando que sólo se ha de cumplir en el primer servicio.