Encontrar tribunal para juzgar a Roger Torrent y al resto de exmiembros de la Mesa del Parlament acusados de desobedecer al Constitucional para reprobar la monarquía empieza a parecer un imposible. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado la recusación del segundo integrante del tribunal, el magistrado Carlos Ramos, tal y como ya hizo con su presidente, Jesús María Barrientos. Los togados dudan de que Ramos pueda juzgar el caso con plena imparcialidad.
La decisión de la Sala encargada de analizar la recusación no ha sido pacífica y se ha adoptado con el voto de cuatro jueces, mientras que dos han formulado un voto particular contrario. Por mayoría, los magistrados del TSJC han estimado el recurso del exvicepresidente del Parlament Josep Costa, quien alegó que la imparcialidad de Ramos estaba comprometida por los términos en los que el magistrado despachó el informe sobre su propia recusación.
En el documento, además de defender su imparcialidad y rechazar de plano la recusación, Ramos acusó a Costa de querer apartarle del tribunal con “razonamientos truncados y plagados de hipérboles injustificadas” y de realizar una “delirante interpretación” de las normas sobre las recusaciones.
El lenguaje empleado por Ramos en su informe es lo que ha llevado a sus compañeros del TSJC a estimar la recusación. La “valoración en conjunto” de las críticas a Costa, argumentan los jueces, indica un “apasionamiento personal” de Ramos que puede hacer dudar de su apariencia de imparcialidad, al menos al propio acusado.
Según los jueces, al haber empleado expresiones tan contundentes, el juez Ramos no está “en posición de garantizar, cuando menos a ojos del destinatario de aquéllas valoraciones, su desinterés con el objeto del proceso y, por consiguiente, la imparcialidad de su actuación en el tribunal” que juzgará a Costa y al resto de miembros de la Mesa de la pasada legislatura.
Las críticas a Costa suponen “un plus” al contenido al que “objetivamente” deben limitarse los informes sobre la recusación, apostillan los magistrados. Cabe mencionar sin embargo que el empleo de adjetivos más o menos duros no es algo inhabitual en autos o sentencias, como tampoco en los escritos de acusaciones y defensas.
Para los magistrados, las valoraciones del juez Ramos “pueden resultar explicables en términos humanos y de autodefensa de su prestigio profesional”, pero a la vez pueden suscitar en el exdiputado y parte de la sociedad “la legítima sospecha de falta de imparcialidad”.
Dos jueces han discrepado de la tesis mayoritaria y abogaban por mantener a Ramos en el tribunal. El juez Carlos Hugo Preciado afea a la mayoría que emplee “argumentos irracionales” para dudar de la imparcialidad de Ramos, ya que los propios jueces que lo han apartado del tribunal aducen que las expresiones de su informe no comprometen su imparcialidad si se analizan de forma individual, pero en cambio sí lo hacen en conjunto. El informe de Ramos, apostilla el juez, “no contiene ninguna descalificación ni anticipa juicio alguno de culpabilidad”.
Por su lado, la magistrada Estefanía Pastor alega que los adjetivos “un tanto exagerados” empleados por el juez son “propios de la vehemencia en la exposición de sus argumentos”, pero no revelan falta de imparcialidad.
Los mismos jueces ya decidieron, esta vez por unanimidad, apartar al juez Barrientos del juicio a la Mesa al considerar que podrían existir dudas sobre su imparcialidad por haber abandonado un acto en el Colegio de la Abogacía de Barcelona porque Torrent dio un discurso en el que aseguró que había “presos políticos”.
La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para Torrent, Costa y el exsecretario de la Mesa Eusebi Campdepadrós. A la exsecretaria Adriana Delgado, que participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.