El TSJ catalán suspende la entrada en prisión por corrupción de Laura Borràs y pide su indulto

Laura Borràs no entrarà, por ahora, en la cárcel. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido el ingreso en prisión de la exlíder de Junts Laura Borràs, condenada por corrupción en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y ha pedido al Gobierno su indulto parcial. Los jueces pasan la pelota al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El tribunal, presidido por el presidente en funciones del TSJC, Jesús María Barrientos, formaliza así lo que ya anticipó en su sentencia de 2023: los jueces señalaron entonces que la pena de cuatro años y medio de cárcel que correspondía a Borràs por falsedad documental era “desproporcionada y excesiva” para el delito cometido por la exdirigente de Junts. Borràs también fue condenada a 13 años de inhabilitación por prevaricación.

Según los jueces, como Borràs fraccionó los contratos de la ILC para adjudicarlos de forma “arbitraria” a un amigo y no para obtener con ello un “lucro personal”, por lo que era castigo suficiente no gestionar dinero público durante 13 años. En suma, que no era necesario su ingreso en prisión si se tenía en cuenta el perjuicio causado.

En la vista de apelación celebrada en el Tribunal Supremo por la sentencia, la Fiscalía, que no la recurrió, ya sostuvo que el indulto planteado por la sala era “pertinente” por tratarse de una pena “excesiva”. Este mismo jueves el Ministerio Público también apoyó la suspensión del ingreso en prisión de Borràs.

El TSJC también ha citado a Borràs y a los otros dos condenados (su amigo al que dio los contratos, Isaías H., y Andreu P.) el próximo viernes para instales al pago de las multas a las que fueron condenados (36.000 euros, en el caso de la expresidenta del Parlament). También entonces se requerirá formalmente a Borràs para que “se abstenga” de ocupar cargos públicos para los que ha sido inhabilitada.

Apartada de la primera línea por Carles Puigdemont y sin un papel relevante en Junts, el debate sobre el indulto a Borràs añade una nueva carpeta potencialmente endiablada para el Gobierno, aunque de menor relevancia, puesto que la exdirigente ya no ocupa cargos públicos. Si hiciera caso al TSJC e indultara a Borràs, la medida de gracia fácilmente se convertiría en munición para el PP con el argumento de que el Ejecutivo perdona la corrupción de sus socios parlamentarios.

Más problemas puede tener Borràs para desempañar la tarea que pactó con Puigdemont tras ser apartada de la presidencia de Junts. El pasado mes de octubre, Junts anunció que presidiría una nueva fundación del partido, pero su condena firme a 13 años de inhabilitación (pena que no será indultada en ningún caso y que empezará a cumplir la próxima semana) complica su nuevo papel.

En un informe del pasado mes de diciembre, el Govern consideró los requisitos para acceder al cargo de patrón o presidente de una fundación son “no estar inhabilitado para ejercer cargo público o para administrar bienes” y “no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad”. Tras este informe, el exconseller Raül Romeva, condenado por malversación por el Supremo y no amnistiado, se apeó de la presidencia de la fundación de ERC, en un supuesto análogo al de Borràs.