TV3 pagó un total de 31,3 millones de euros entre 2008 y 2016 a Triacom, una productora, que, según la investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil en la causa del 3% instruida en la Audiencia Nacional, ha tenido una “importancia capital” en la “trama de facturas falsas” creada para la financiación ilegal de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol y Artur Mas.
La investigación sostiene que la productora, cuyos ingresos procedieron en esos años en un 80% de la televisión pública catalana, se situó “en el centro del entramado societario ideado para defraudar a la Hacienda pública y obtener dinero negro” con el fin de abonar facturas falsas que encubrían otros conceptos, como gastos electorales o pagos a dirigentes del partido.
En la causa del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el magistrado Santiago Pedraz, pueden acabar confluyendo tres investigaciones distintas que tienen como elemento común la participación de Triacom, productora que en los primeros años de la década de 2010 se convirtió en una de las principales proveedoras externas de TV3, con programas como 'El Gran Dictat' y 'Fish & Chips', entre otros: la pata del 3% relacionada con la Diputación de Lleida; la actividad misma de Triacom y su papel en el pago de actos de campaña de CDC y a algunos de sus dirigentes; y el impacto fiscal de los supuestos pagos ilícitos en la contabilidad de Triacom al reducir los beneficios y, por tanto, la tributación a Hacienda.
Esta última pata, que afecta a David Madí, histórico colaborador de Artur Mas, tenía ya señalada fecha de juicio, pero el juzgado aceptó la petición de Anticorrupción para unificar las tres causas en Madrid. Esta decisión está recurrida en la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado. Mientras tanto, el juez Pedraz ha decretado las primeras diligencias tras heredar una de las líneas de investigación del juez José de la Mata. Las diligencias incluyen la petición a TV3 de que le remita todos los contratos suscritos con Triacom hasta 2016, así como los acuerdos adoptados por el consejo de administración del ente público relacionados con dicha productora, entre muchas otras peticiones.
Una portavoz de TV3 aseguró a elDiario.es que “no se ha constatado ninguna anomalía” en relación con los contratos suscritos con Triacom, que enmarca en el procedimiento habitual de la cadena con respecto a productoras externas. La defensa de Carbó no ha respondido a la petición de este diario para recabar su versión, que le fue trasladada el miércoles de la semana pasada.
Triacom es una productora fundada en 2001 por dos sociedades vinculadas al exgerente de TV3 Oriol Carbó –muy bien conectado históricamente con dirigentes clave de CDC, como Madí– y una filial de la multinacional Mediapro, que tuvo el 10% de la sociedad desde su fundación hasta 2015. A pesar de que no contaba con infraestructura propia ni apenas asalariados –el propio Carbó era alto ejecutivo de Mediapro–, Triacom se convirtió en una de las principales proveedoras de TV3, sobre todo tras la contratación del concurso 'El Gran Dictat', en 2009, todavía en la época del tripartito.
Fuentes del consejo de administración del ente público de la época explican que la propuesta de contratar a Triacom para 'El Gran Dictat' partió de la dirección de TV3, que en 2009 pagó un total de 1,6 millones de euros a la productora. A partir de ahí, la presencia de Triacom en TV3 se hizo cada vez más intensa, llegándose al cénit en 2015, año que la televisión pública catalana le abonó 4,9 millones de euros en un solo ejercicio.
En 2015 presidía la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente de los medios audiovisuales públicos en Catalunya, Brauli Duart, persona de la máxima confianza de Madí, investigado ahora en la causa de Triacom. Con posterioridad, entre 2018 y 2020, Duart fue secretario general de Interior en el periodo en que se promovió como comisario jefe de los Mossos a Eduard Sallent, quien acaba de regresar a la cúpula del cuerpo tras la destitución de Josep Lluís Trapero como major y de Toni Rodríguez como responsable de Anticorrupción, precisamente la unidad que ha trabajado junto a la Guardia Civil como policía judicial en la investigación de Triacom.
El sumario de Triacom en la Audiencia Nacional pone de manifiesto la extrema dependencia de la productora de las contrataciones de TV3 hasta el punto de que la cadena pública aportó el 80% de todos sus ingresos entre 2008 y 2016, año a partir del cual su facturación empezó a declinar coincidiendo con la salida de Mas de la Generalitat. La empresa sigue formalmente activa, aunque sin actividad: acaba de presentar al Registro Mercantil las cuentas de 2020, cerradas sin ningún ingreso y con unas pérdidas declaradas de 217.000 euros.
La dependencia de TV3 para Triacom se hizo casi total en los años en que Mas fue presidente de la Generalitat: en los ejercicios de 2011 a 2015, los ingresos de Triacom procedentes de la televisión pública llegaron a suponer el 85% de su facturación total. Y en el ejercicio citado de 2015, el último de Mas en la presidencia, representó nada menos que el 92%: 4,9 millones de un total de 5,3 millones.
Parte del dinero que TV3 pagaba a Triacom se redirigía luego hacia el entramado de financiación irregular de Convergència, según los informes policiales aportados a la causa. Los investigadores siguen el rastro del dinero en dos líneas muy concretas: el presunto pago de gastos de la campaña electoral de Convergència en 2010, que llevó a Mas a la presidencia de la Generalitat, y la trama del 3% alrededor de la Diputación de Lleida.
En ambos casos, el mecanismo era el mismo: Triacom pagaba facturas que supuestamente respondían a trabajos para sus programas en TV3 ('El Gran Dictat' y 'Fish & Chips'), pero que en realidad encubrían otras operaciones vinculadas a Convergència o a sus dirigentes.
Con respecto a la campaña electoral que llevó a Mas a la presidencia de la Generalitat, la investigación de los Mossos y la Guardia Civil subraya los supuestos pagos de Triacom a distintas empresas de la constelación alrededor de Juan Manuel Parra, quien ya ha confesado su participación en el circuito de pagos irregulares en la campaña de CiU en 2010. El empresario ha declarado que el entonces gerente del partido, Germà Gordó, le instruyó para que facturara a Triacom gastos que en realidad eran de la campaña electoral de Mas. Un esquema similar al que Parra ya admitió en el juicio del caso Palau, cuando reconoció que giró al auditorio 13 facturas falsas por valor de 824.299 euros por servicios que en verdad había prestado para la campaña de Convergència de las generales de 2004.
El informe policial sostiene que Estereo Rent, vinculada a Parra, “hizo 47 intervenciones para la campaña de CiU [en 2010], principalmente en la instalación en régimen de alquiler de escenario y material audiovisual por valor de 1,394 millones de euros”. Sin embargo, tras las declaraciones de Parra y el análisis documental concluye que el grueso de los pagos no lo hizo CiU, sino Triacom, productora que entre 2011 y 2012 abonó facturas a tres empresas distintas vinculadas a Parra (Hispart, Estereo Rent y Audiovisual Exit) por un valor conjunto de 885.000 euros.
Tras analizar dichas facturas, los investigadores coinciden que “no responderían a una prestación real de servicios entre dichas sociedades y sí son coherentes con el posible pago de una deuda de 750.000 euros netos que habría pagado la sociedad Triacom”, de forma que la productora “se habría hecho cargo del pago de determinados gastos de la campaña electoral de CiU”.
En los conceptos de las facturas de las empresas de Parra a Triacom se ponía habitualmente como concepto 'El Gran Dictat' y 'Fish and Chips', a pesar de que nunca participaron en la elaboración de estos programas. Eso sí: los pagos a estas facturas que en realidad corresponderían a trabajos para CiU solían materializarse poco después de que TV3 realizara ingresos a Triacom por los programas que emitía en la cadena.
“Se puede concluir que los fondos empleados para el pago por parte de Triacom de facturas por importe de 412.292 euros a Hispart tienen su origen en los pagos realizados por TV3 a Triacom”, subraya el informe policial tras analizar los movimientos de una cuenta particular de Triacom en Caixa Penedès. Los investigadores dejan la puerta abierta a que más adelante esta conclusión “pueda verse complementada como consecuencia de ulteriores análisis más profundos”.
Lo mismo sucedería con la trama del 3% alrededor de la Diputación de Lleida. Las facturas emitidas con conceptos relacionados con los programas 'El Gran Dictat' o 'Fish & Chips' eran en realidad parte de “un sistema de facturación falsa, concebido para la obtención de dinero en efectivo, con el que satisfacer comisiones ilegales a altos cargos de la Diputación de Lleida como contraprestación al favorecimiento de ciertas sociedades en la adjudicación de obra pública”. Entre 2011 y 2013, Triacom presuntamente pagó un total de 714.000 euros a tres empresas de este entramado de la red de Lleida: Terminación Edificios y Casas, Interiorismo y Reformas Profesionales y Enginyeria Inalba.