“En su última carta pidió a su mujer y a su hija que no guardaran rencor a nadie”. Marta Soler tiene en su teléfono móvil la foto de la carta que su abuelo, Ramon Blasi, escribió antes de ser fusilado por las autoridades franquistas en mayo de 1939 en el Camp de la Bota. El papel amarillento que recoge las últimas palabras del alcalde de Taradell, un pueblo de la comarca barcelonesa de Osona, entre 1936 y 1939, es uno de los documentos que la familia ha logrado conservar sobre el final de la vida de Blasi.
Marta Soler, junto a su hermana Elisenda, han acudido este sábado a Taradell para recibir, de manos de la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, los documentos de reparación jurídica para los familiares de cuarenta y cinco personas nacidas o residentes en Taradell durante la guerra y que fueron represaliados por el franquismo.
El pueblo tenía poco más de 2.000 habitantes cuando se dio el golpe de estado liderado, entre otros, por Francisco Franco. El 'delito' al que Blasi fue condenado por la dictadura fue el de adhesión a la rebelión militar con responsabilidades políticas. En realidad lo mataron por republicano. Marta Soler recuerda que en casa le explicaban que pese a los avisos de algunos vecinos, Blasi había rehuido irse del pueblo con el fin de la guerra. “Él decía que no se iba porque pensaba que solo cogerían a los que estaban manchados de sangre”, rememora.
Un vecino denunció tras la guerra a Blasi, que militó en ERC. “Envidias, celos, en un pueblo donde todo el mundo se conoce, ya se sabe”, cuenta Soler. A Blasi lo fueron a buscar a su casa dos hombres armados. Se lo llevaron al Ayuntamiento y después a Vic, donde le tomaron declaración. Las siguientes veces que su mujer pudo ver a Blasi ya fueron en la cárcel Modelo de Barcelona, donde permaneció hasta su fusilamiento.
La represión para la familia Blasi no terminó con el encarcelamiento y posterior fusilamiento de Ramon. La Falange les quiso quitar la casa. Y de no ser por unos vecinos que les avisaron de un registro, cuenta Soler, su madre y su abuela no habrían tenido tiempo de sacar algunos muebles por el patio trasero. Ello no evitó que los falangistas se quedaran con animales y madera que guardaban en casa.
El estigma para la familia permaneció en los primeros años de dictadura. “Mi madre pidió trabajo a una fábrica de Taradell pero no se lo dieron porque era roja. Ella cosía muy bien y se ofreció para coser mantas para la División Azul a las monjas del pueblo, pero tampoco quisieron”, recuerda Soler. El testimonio de lo vivido paso de la viuda a la única hija de Blasi, y de ella a sus dos hijas.
“Fue un hombre bueno, llegó hasta a esconder a curas durante la guerra”, señala Soler. En su última carta, Blasi, además de despedirse “para siempre” de su mujer y su hija tras relatarles que le había sido dada la orden de ejecución, les pidió que perdonaran a sus denunciantes. Familiares y vecinos pidieron ayuda al obispado de Vic, pero fue infructuoso.
Más de 70 años después de su asesinato, las nietas reciben un documento de la Generalitat que acredita la nulidad de la causa y el consejo de guerra de Blasi. Se trata de víctimas que fueron juzgadas por los tribunales franquistas y condenadas a largas penas de prisión o, en el peor de los casos, condenadas a muerte y ejecutadas tras un juicio sumarísimo. Así ocurrió con una decena vecinos de Taradell, entre ellos Blasi, a su vez uno de los 45 alcaldes catalanes condenados a muerte por el franquismo.
En Taradell, además de su alcalde, fueron condenados el maestro del pueblo, Anastasi Aranda, juzgado dos veces, encarcelado en València y posteriormente excluido del servicio educativo por el franquismo. También cumplieron penas de cárcel otro exalcalde Adolf Roca y el alguacil de la localidad, Fulgenci Sánchez. En toda Catalunya se produjeron más de 69.000 procesos judiciales militares por causas políticas durante la dictadura, según datos del Arxiu Nacional de Catalunya.
Desde 2017 la Generalitat pretende realizar un ejercicio de justicia y reparación con las víctimas entregando a sus familias un documento que acredita la nulidad de las causas y donde consta el nombre y los apellidos de la persona procesada por los tribunales militares ilegales de la dictadura. De momento ya lo han recibido 5.641 familiares. “Es positivo que llegue este reconocimiento, la pena es que mi madre y mu abuela no hayan llegado a verlo”, lamenta Soler.