“Damos por finalizado el acto. Ya se puede ir”. Estas han sido las palabras del juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, tras la primera comparecencia de uno de los investigados de la causa, que ha durado tan solo cinco minutos. La dirigente de ERC Marta Molina ha sido, por ahora, la única en declarar.
“El movimiento independentista no es terrorismo y es pacífico”, ha manifestado ante el juez Molina, que ha prestado declaración por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona. Tras este alegato, el magistrado que más quebraderos de cabeza ha traído al soberanismo por su oposición a la amnistía ha dado por finalizada la declaración. Ninguna de las acusaciones (incluida la extrema derecha de Vox) ha pedido medida cautelar alguna.
Ahora las defensas esperan los movimientos del juez respecto a los otros nueve investigados del caso que no han acudido este martes a declarar. La mayoría de ellos permanece en Suiza después de que el país helvético rechazara colaborar con el magistrado al ver en Tsunami una causa política. Todo ello a una semana de que se apruebe de forma definitiva la ley de olvido penal del procés, que los investigados pedirán aplicar de forma inmediata a García Castellón una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Molina, que ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Barcelona arropada por la plana mayor de su partido y del independentismo, ha contestado este miércoles tan solo a su abogada, Marina Roig, que le ha formulado tres cuestiones: si hizo algún llamamiento a la violencia; si tuvo acceso a los comunicados de Tsunami y si en ellos se incitaba a la violencia.
La responsable de movimientos sociales y miembro de la Ejecutiva de ERC ha negado que tanto la plataforma como ella llamaran a acciones violentas y ha explicado que se enteró por la prensa de los comunicados de Tsunami, según han informado fuentes jurídicas.
La investigada ha querido cerrar su comparecencia con un alegato más político en el que ha defendido el pacifismo del movimiento independentista frente a la tesis que maneja el juez, que vincula a Tsunami con un delito de terrorismo por los disturbios de la protesta de Tsunami en El Prat contra la sentencia del procés pero también por conciertos pacíficos en la jornada de reflexión de las elecciones generales de noviembre de 2019. A Molina, además, la sitúa como “coordinadora” de algunas de las acciones de Tsunami.
Superada la primera declaración de uno de los diez investigados por Tsunami que están en manos de García Castellón (el expresident Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg también están imputados por la misma causa, pero ante el Tribunal Supremo, que les ha citado a declarar por videoconferencia en junio), la causa entra en compás de espera a los próximos movimientos del juez.
En paralelo a la aprobación de la amnistía, el magistrado García Castellón tendrá que valorar citar a los investigados que sí permanecen en España pero que este miércoles no han acudido a la videoconferencia de Barcelona porque sus abogados tenían otros señalamientos previos y preferentes. Se trata del asesor de Puigdemont Josep Lluís Alay y del empresario Oriol Soler. Por otro lado, el empresario y exdirigente de ERC Xavier Vendrell se encuentra por ahora en Colombia, país en el que trabaja, si bien su abogado sí ha acudido a la declaración de este miércoles.
Capítulo distinto forman el grueso de los investigados del caso que permanecen en Suiza: la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó. El juez les había citado igualmente a declarar desde Barcelona y había descartado pedir la videoconferencia desde los juzgados suizos pese a la evidencia de que los imputados están en la confederación helvética y no tienen intención de regresar a España hasta que se les aplique la amnistía.
La elección de Suiza no es casual. El país helvético se ha negado por dos veces (la primera en 2019 y la segunda el pasado mes de febrero) a colaborar con el juez García Castellón al constatar que la causa de Tsunami tiene un “carácter político”. La legislación suiza, además, impide extraditar a alguien por motivos políticos.
Todos ellos esperarán desde Suiza la aplicación de la amnistía o una eventual orden de arresto por parte del juez, que en los últimos meses de querer excluir el caso Tsunami del olvido penal del procés. El juez insiste en calificar las protestas que lideró Tsunami de terrorismo pese a las recomendaciones europeas para no encuadrar en este tipo penal cualquier altercado contra el sistema.