La Universitat de Barcelona instó a un investigador a rechazar la estabilización que obliga la ley para contratarlo

Cuando Diego Lozano quiso volver a la academia no se esperaba lo que acabó sucediendo. Este investigador, tras haber hecho su tesis y su contrato postdoctoral, estaba en una empresa privada. En 2023 ganó una plaza de un contrato Ramón y Cajal, uno de los más prestigiosos que ofrece el sistema universitario español: son de cinco años y obligan a crear una plaza tras su finalización, según la ley. Pero la Universitat de Barcelona (UB) no quiso cumplir con este último requisito. 

“Necesitaría que me firmaras el certificado de no optar a la estabilización”. Fue la petición que Lozano recibió por escrito del departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la UB para trabajar con ellos, según ha podido comprobar elDiario.es. Tras las quejas del investigador, la universidad le indicó que investigaría la situación, para terminar concluyendo que la UB no le podía ofrecer “la opción de desarrollar su carrera científica”. Lozano terminó buscando trabajo fuera de esa universidad. 

En una primera consulta de elDiario.es, la UB aseguró que Lozano “no encajaba en ningún proyecto de la universidad y por eso no se le seleccionó” y negó que le conminara a firmar ese documento. Tras plantear nuevas preguntas, la universidad alegó que ni el rectorado ni del equipo de contratación tuvieron conocimiento de los hechos. “Se hubiese rechazado porque no tiene validez legal”, admiten ahora desde la UB. Enfatizan que estas prácticas “no son generales en la UB” y que el año pasado incorporaron a 22 investigadores de esta categoría, siendo la universidad catalana con más contratos de este estilo. 

Domènec Espriu, director de la Agencia Estatal de Investigación (la institución encargada de gestionar los Ramón y Cajal), resalta que este tipo de contratos “salen con un compromiso de estabilización de la institución en el que se acepta la ayuda”. Considera, a su vez “totalmente nulo” y “muy sospechoso” el documento que la UB trató de hacer firmar al investigador“.

Espriu precisa que puede haber casos en los que los investigadores que han obtenido uno de estos contratos quieran renunciar a la estabilización en el centro. Pero la iniciativa tiene que partir de los propios investigadores, no instarse desde una universidad.

“Es un concurso público en el que puede no salir el contrato con la universidad, pero pedir rechazar la estabilización es algo muy sospechoso”, apunta Espriu. Los contratos están financiados en gran parte por los programas del Ministerio de Ciencia y por el Fondo Social Europeo Plus. Para 2022, contaban con un presupuesto total de más de 126 millones de euros y en la de 2023 se ha aumentado en casi 30 millones. Después, siguiendo  

No todas las plazas se tienen que repartir

En el momento en el que Lozano solicitó su plaza en la UB, había tres plazas ofertadas en el departamento de Psicología. Él ya había realizado varios contratos como investigador posdoctoral. Según la resolución final, no hay ningún investigador al que se haya otorgado alguna de estas plazas en el área. “Es como si nadie se hubiese presentado en el área de Psicología, sin ninguna explicación objetiva”, acusa Lozano. “Mientras que la UB no muestre qué criterios utilizan para la selección de investigadores Ramón y Cajal, nadie podrá saber los motivos reales”. 

En su opinión, lo que ha hecho la UB con su caso “es algo completamente ilegal”. “No se puede aceptar el dinero del Ministerio y luego tener un papel en negro que diga que cuando ellos quieran te vas”, critica. “Durante cinco años el investigador sale muy barato a la universidad, luego en la estabilización es cuando les cuesta dinero”, añade Espriu, que aún así celebra que en esta última convocatoria los 494 ganadores de Ramón y Cajal “están colocados en universidades”.

Para el director de la Agencia Estatal de Investigación “es entendible” el rechazo de Lozano a la UB. “Que te hagan firmar un documento así es disuasorio”, agrega. Espriu califica la actuación del centro como “torpe”: “Es una decisión local que afecta a la imagen de toda la universidad”. Eso sí, recuerda que no todas las plazas que ofertan las universidades tienen que repartirse.

Una actuación no sancionable

¿Qué consecuencias puede tener la actuación del centro? “El hecho de que Lozano rechazase la firma del certificado y, por tanto, de la plaza, hace que no haya ninguna irregularidad con la Universidad de Barcelona”, dictamina Espriu. Para él, “es una actuación opinable”, pero considera que la irregularidad se hubiese dado en caso de haberse firmado. “Una vez se acaban los cinco años de contrato preguntamos qué ha sido de los investigadores”, señala. “Ahí nos hubiéramos dado cuenta si hubiese alguna ilegalidad”.

Las asociaciones en defensa del colectivo investigador apoyan a Lozano. “Nos parece necesaria una reflexión y revisión sobre estos casos donde no hay consecuencias legales para los autores de estos actos”, lamentan desde la Oficina Española de Integridad en Investigación. Desde la Federación de Jóvenes Investigadoras Precarias (FJI) exigen una toma de responsabilidades de la UB “y la actuación inmediata del Ministerio de Ciencia para recordar las obligaciones de la convocatoria Ramón y Cajal 2022”. 

“Quiero sentar un precedente para que la gente no pase por el aro”, concluye Lozano.