La Universitat de Barcelona (UB) impondrá a la reconocida arqueóloga Margarita Díaz-Andreu, ganadora del último premio nacional de investigación, un cursillo de reeducación de al menos seis meses tras haber sido denunciada por acoso laboral. La decisión llega después de que elDiario.es revelara en una investigación las acusaciones de malos tratos por parte de más de media docena de empleados.
La resolución del rector de la UB, a la que ha tenido acceso este periódico, considera acreditado que la arqueóloga profirió un “trato inapropiado” a una investigadora predoctoral que la denunció por acoso laboral. También constata la existencia de un “mal clima laboral” en todo el grupo de trabajo, que afectó de manera “grave” a los proyectos de investigación. El expediente descarta, sin embargo, que la denunciada llevara a cabo “acoso laboral” a su empleada.
Díaz-Andreu tampoco podrá asumir nuevos proyectos de investigación ni dirigir nuevas tesis doctorales hasta que haya completado el curso y se evalúe si hay “evidencias de mejora” en su comportamiento. En caso contrario, la UB deja abierta la puerta a apartarla definitivamente de la universidad.
La UB también establecerá un “sistema de acompañamiento y supervisión” a todos los empleados que queden bajo la dirección de esta arqueóloga y la vicerrectora de doctorado revisará los contactos entre ella y sus trabajadores. La académica tampoco podrá solicitar la contratación de nuevo personal.
“La exigencia científica no requiere de la vulneración de los valores y buenas prácticas en la evaluación de tesis doctorales y de proyectos”, señala la resolución, “que exigen un trato digno y respetuoso con todas las personas implicadas”.
La arqueóloga trabaja en el seno de la UB, pero esta universidad no es quien le paga el salario. Díaz-Andreu está contratada por ICREA, una fundación de la Generalitat creada con el objetivo de atraer investigadores prestigiosos a las universidades catalanas. Esta institución les paga a sus académicos un salario muy superior al que les podrían sufragar las facultades.
Ni ICREA ni Díaz-Andreu han respondido a las peticiones de comentario de elDiario.es. La UB tampoco ha querido hacer ningún comentario público sobre la resolución para preservar la intimidad de las partes.
“Llegué a sentirme como su esclava”
En una investigación publicada a finales de marzo, elDiario.es reveló las amenazas y malos tratos psicológicos que esta arqueóloga, una de las más prestigiosas del país, profirió a sus empleados durante años. Algunas investigadoras estuvieron meses trabajando sin contrato y otras tuvieron que hacer de canguro a su hijo.
Todos sus trabajadores estaban obligados a comer cada día con ella en el 'office' de la facultad y podían ser contactados a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, de malas maneras y con encargos urgentes. “Llegué a sentirme como su esclava”, aseguró una antigua empleada.
El reportaje, que forma parte de una serie de investigación sobre los abusos de poder en distintas universidades, también desveló que Díaz-Andreu había sido denunciada internamente en 2021 ante la UB y el European Research Council y no se actuó al respecto. La investigadora también había sido denunciada previamente en la Universidad de Durham (Reino Unido), donde estuvo entre 1996 y 2011.
El objetivo del cursillo al que deberá someterse ahora la investigadora es “garantizar la adquisición de competencias de dirección de equipos, liderazgo y solución de conflictos” para obtener “herramientas” que aseguren que las prácticas que han motivado el expediente actual “no se reproducen en el futuro”. Será ICREA quien deba proponer los contenidos de este cursillo, que será aprobado y supervisado junto a la UB.
La Universidad también facilitará el cambio de dirección de tesis a aquellos doctorandos que estén bajo la tutela de Díaz-Andreu. A su vez, trabajará junto a ICREA para establecer un protocolo conjunto de actuación concreto para tramitar casos de presunto acoso laboral y/o riesgos psicosociales. También elaborará una “guía de buenas prácticas” para los investigadores que contraten doctorandos o personal investigador en formación.
Díaz-Andreu lidera actualmente en el seno de la UB dos proyectos estatales de investigación y uno europeo, aparte de un convenio de colaboración con otra fundación. De su continuidad al frente de estos proyectos dependen los contratos laborales de ocho investigadores.
La situación de estos ocho empleados es esgrimida como uno de los motivos de la UB para no tomar medidas más severas contra la arqueóloga. “La adopción de medidas que pongan en riesgo la continuidad de los proyectos referenciados conllevaría un grave perjuicio a los investigadores actualmente contratados por la UB”, señala la resolución. “Por esto proponemos un periodo previo de actuación institucional con la finalidad de no perjudicar a actores terceros en situación de debilidad”.