El Consejo de Gobierno de la UPC ha aprobado (por 28 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones) unos presupuestos que prevén el despido de 90 trabajadores interinos del Personal de Administración y Servicios, que se quedarán sin trabajo a partir del 1 de mayo, y del equivalente a 132 profesores asociados a tiempo completo, que podría afectar a alrededor de 250 docentes. Ahora la decisión deberá ser ratificada por el Consejo Social de la universidad.
El recorte en gastos de personal es de 11,4 millones de euros. El presupuesto aprobado para 2013 prevé reducir los gastos del centro en 32,5 millones de euros en relación al año pasado. La universidad calcula que los ingresos se reducirán en un 10,4%, con un recorte de los fondos procedentes de la Generalitat de Catalunya de un 11,3% y del 30% por parte del Estado. El centro se enfrenta a esta situación habiendo acumulado un déficit de 110,9 millones de euros en los últimos 10 años, 10,9 de los cuales en el último ejercicio.
Este déficit ha sido precisamente el argumento esgrimido por la dirección para justificar el recorte. El Real Decreto-Ley 14/2012 (la “ley Wert”) obliga a las universidades a descontar del presupuesto el déficit del año anterior, con la salvedad de que lleguen a un acuerdo con la Comunidad Autónoma. En este sentido, el Rector, el Presidente del Consejo Social y el Secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat firmaron el pasado 12 de marzo un acuerdo de equilibrio financiero.
El acuerdo, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, obliga a la universidad a redactar un Plan de Estabilización Presupuestaria y condiciona a la reducción de gastos las transferencias de dinero de la Generalitat en el centro. En este sentido, la gerente y algunos vicerrectores de la universidad han insistido en que era necesario aprobar el recorte. “Si el Consejo de Gobierno no aprueba estos presupuestos, nos intervendrán, y las decisiones serán tomadas por 'hombres de negro', externos a la universidad, que no tendrán tanta sensibilidad”, aseguraron durante la sesión.
La legitimidad de la decisión, cuestionada
La medida ha sido criticada no sólo en oposición a los recortes, sino porque algunos miembros de la comunidad universitaria la consideran antidemocrática. “Es una decisión tomada por un Consejo de Gobierno en funciones, con un Rector al que piden la dimisión y un presidente del Consejo Social a quien se le ha acabado el mandato, además de estar imputado por el caso Nóos”, critica Oriol Arcas, miembro de este órgano en representación de los doctorandos, que ha votado contra las medidas.
El pasado febrero se celebraron elecciones al Claustro de la universidad, con resultados muy desfavorables para el actual rector Antoni Giró. En la próxima convocatoria del Claustro, será renovado el Consejo de Gobierno, ya que muchos de sus miembros actuales ya no son ni siquiera representantes claustrales. La oposición critica al rector tomar una decisión de este tipo antes de la renovación, mientras en el órgano predominan los posicionamientos que le son favorables.
Los nuevos miembros del Claustro han recogido más firmas de las que requiere la normativa para reclamar que se vote en un claustro extraordinario avanzar la convocatoria de las elecciones a Rector. No obstante esto, Giró ha iniciado el Consejo de Gobierno despreciando esta iniciativa porque, asegura, las firmas no serán válidas hasta que se constituya el nuevo Claustro.
Por otra parte, los representantes de los estudiantes han llevado una resolución al Consejo de Gobierno en la que instaban al Govern y al Parlament a nombrar un nuevo presidente del Consejo Social, dado que Joaquim Boixareu, actualmente en el cargo, finalizó su mandato el pasado mes de junio. Sin embargo, desde la universidad aseguran que es una situación habitual. El texto también hacía referencia a que Boixareu esté imputado por el caso Nóos y Arcas, uno de los defensores de la resolución, considera que “no puede ser que en esta situación sea el responsable de aprobar los presupuestos de la UPC”. Finalmente, el Consejo ha aprobado una versión que no hacía mención a la imputación del presidente.
90 treballadors interins del Personal d'Administració i Serveis