Jabel Muhammad es un vecino de la finca de la calle Hospital 116, en el corazón del Raval barcelonés. Para siete de ellos había órdenes de desahucio este lunes, aunque pueden y quieren pagar el alquiler. “Yo vivo aquí con mi familia desde hace cinco y años y quiero pagar, pero no sé dónde”, lamenta. En 2010 alquiló su piso, como muchos de sus vecinos. Desde hace meses ya nadie les cobra el alquiler y ahora la Sareb –el llamado “banco malo”– los quiere echar por impago y ha denunciado a las 12 familias que viven en el inmueble.
La concejala del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, asegura que “el hecho de no cobrar y luego denunciarlos por impago” es una estrategia que conoce bien el movimiento vecinal del barrio. El Ayuntamiento de Barcelona, ante los indicios de acoso inmobiliario, denunciará el caso a la Fiscalía. “Este edificio está en un lugar estratégico, donde los inversores más presionan, y por eso hay una respuesta contundente”, ha dicho el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner. El consistorio se ha mostrado dispuesto a comprar la finca para evitar los desahucios. Desde la Sareb niegan haber recibido ninguna oferta del Ayuntamiento. “No se ha llegado a hacer porque la Sareb no estaba dispuesta a negociar, a diferencia de como hemos hecho con otros inmuebles; tendrá otros planes para este”, ha lamentado Montaner. Este lunes una concentración vecinal ha evitado que se ejecutaran los desahucios, “pero la Sareb no ha desistido y por tanto queda mucho trabajo”, remarca Pin.
“El edificio estaba medio en ruinas y cuando llegamos tuvimos que reformar todos los pisos, toda la pintura la hemos hecho nosotros”, explica Jabel Muhammad. En la finca hay dos edificios, uno exterior y otro en el interior, donde vive este vecino, y hay un patio que hace de punto de encuentro. “Aquí somos como una familia, y cuando hemos tenido problemas con la instalación del agua o la luz nos hemos encontrado en el patio y nos hemos repartido los gastos entre todos, porque no hay nadie que se haga cargo”, dice.
En el edificio de enfrente vive Salman Muhammad. Su padre vino de Pakistán y gastó todos sus ahorros -unos 9.000 euros- en acondicionar el piso para que viviera en él su familia, que llegó más tarde a Barcelona. Pagaban 450 euros al mes en mano a un representante de la inmobiliaria. En 2014 les notificaron que el edificio se había puesto en venta, por si alguno de los vecinos quería adquirirlo. “Era evidente que ninguno de nosotros podía pagar 70 o 90 mil euros por un edificio”, critica el joven. Después de esto el representante de la inmobiliaria siguió cobrando el alquiler, pero meses más tarde supieron que los estaban estafando, porque ya no eran propietarios. Ahora acumulan un montón de recibos que, según le han dicho, no tienen validez, y los nuevos propietarios les reclaman 9.377 euros en concepto de impagos entre febrero de 2015 y ahora. “Lo que quieren es echarnos, y alquilar a los turistas, que pueden pagar 200 euros por noche”, critica el vecino ante la realidad que se encuentra en el barrio.
En este tiempo el padre de Salman Muhammad tuvo un ictus y quedó incapacitado para seguir trabajando, y este joven de 21 años compagina sus estudios de Ingeniería Mecánica con un trabajo de tardes de cajero y reposición en un supermercado del barrio para sostener sus hermanos pequeños, su madre y su padre, que tiene una pensión no contributiva de 340 euros. Ahora la fecha de desahucio que tienen para el próximo 9 de enero agrava su situación. “Mientras tanto me estoy perdiendo mis estudios; el primer curso es el más difícil de superar, pronto comenzarán los exámenes y si no puedes dedicarle horas a estudiar acabas fuera”, lamenta.
Su familia ha sido de las pocas que ha acudido a los servicios sociales para pedir ayuda ante la incapacidad de su padre. Jabel Muhammad, en cambio, acudió hace sólo un mes a una oficina de vivienda del Ayuntamiento. “No quería una ayuda económica, quería ayuda con todo este proceso”, explica. Vive con su mujer y sus tres hijos. Tanto él como el hijo mayor tienen trabajo. “Lo que no puedo es pagar de golpe todo el dinero que me reclaman, pero puedo pagar cada mes la mensualidad y parte del acumulado”, asegura, pero no le han ofrecido esta posibilidad. En este proceso, han vencido los contratos de alquiler sin que ni siquiera tuvieran ningún interlocutor con quien hablar.
La concejala Gala Pin se encontró con los vecinos el pasado viernes y asegura que “mayoritariamente no conocen la existencia de la Oficina de la Vivienda y sus servicios, ni siquiera Servicios Sociales”. Asegura que si el caso hubiera llegado a conocimiento del Ayuntamiento hace un año habría tenido más margen para dar respuestas, por eso asegura que tratan de ir “allí donde se encuentran las comunidades a presentar la Oficina de Vivienda” y agradece el trabajo de las entidades sociales. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha hecho acto de presencia para detener el desahucio de estos vecinos y les ha invitado a sus reuniones para acompañarlos en el proceso que viven. La PAH apuntaba en un informe reciente que las personas en riesgo de desahucio no confían en los Servicios Sociales.
Mientras tanto, desde la Sareb consideran que siguen los procedimientos habituales. “Nosotros somos los propietarios del edificio y no hemos percibido ninguna cantidad de los ocupantes ni tenemos ninguna relación contractual con ellos”, declara un portavoz de la entidad. Más tarde otro portavoz matiza y asegura que algunos inquilinos sí tienen contratos de alquiler con la Sareb y no están en riesgo de desahucio, aunque varios vecinos del bloque han declarado a este medio que, a pesar de querer, no hay nadie en el bloque que haya tenido la posibilidad de pagar el alquiler después del cambio de propiedad. Desde el Ayuntamiento, Josep Maria Montaner insiste en que conocen la situación de las 12 familias que viven en el inmueble y que ninguna ha tenido la posibilidad de pagar el alquiler a la Sareb.
La entidad asegura estar dispuesta a buscar alternativas para casos como estos “pero eso no significa que no pongamos esta situación irregular en conocimiento de las autoridades”, es decir, que pongan la denuncia que lleva a la orden de desahucio. Desde el llamado “banco malo” remarcan que se trata de un edificio en “muy mal estado”. Desde el Ayuntamiento, por su parte, señalan que el edificio tiene una orden de conservación de obligado cumplimiento desde 2011 y prevén ejecutar las obras y cargar el coste y la sanción correspondiente a la Sareb.