¿A qué estamos esperando? ¿A quién queremos engañar?

4/10/20 – Una encuesta indica que siete de cada diez españoles no quieren un confinamiento total. Por suerte, los gobiernos autonómicos y el central se comprometen a hacer todo lo posible para evitarlo (Spoiler: no lo hacen).

23/10/20 – Un estudiante de secundaria en el Instituto Antonio López de Tres Cantos (Madrid) manifiesta síntomas de resfrío y lo mandan a cuarentena en casa sin registrarlo. Tardan 15 días en hacerle el test del coronavirus (test de antígeno). De hecho, acababa de regresar a las clases presenciales. Para entonces da, lógicamente, negativo. Nadie sabe si tuvo o no la COVID-19. Nunca figuró en los datos como positivo ni como posible positivo. Si no tuvo la COVID-19, su cuarentena fue inútil. Si la tuvo, no quedó constancia, no alimentó los modelos epidemiológicos y, sobre todo, no afeó las estadísticas del municipio ni de la Comunidad de Madrid. Ante estos casos que ni protegen eficazmente a los alumnos ni ayudan a entender y controlar la curva de contagios, muchos de ellos ocultan los síntomas. No pueden perderse las clases en el año que se juegan la selectividad o, simplemente, su familia no puede hacerse cargo de ellos durante la jornada laboral – sobre todo si es para nada. Peor aún es en la educación primaria, porque los padres que han de cuidar a sus hijos en cuarentena, pero que tienen una PCR negativa en COVID-19, no tienen derecho a una baja laboral retribuida.

26/10/20 – Uno de nosotros muestra, a lo largo de la mañana, malestar, dolor corporal, insuficiencia respiratoria moderada y fiebre baja. En principio, no ha estado expuesto a contagiados por COVID-19. Podría ser un resfriado común. Llama al teléfono de atención médica por COVID-19: una teleoperadora pregunta los síntomas, los traslada a un médico (en su versión: un curioso juego del teléfono roto), y responde al paciente que no se están haciendo test a casos leves, que se confine en casa y que vaya a urgencias si desarrolla insuficiencia respiratoria severa. Recomienda solicitar una cita telefónica con el médico de cabecera. Por desgracia, el servicio de citas médicas indica, en la siguiente llamada, que “no hay citas” (así, sin horizonte temporal), y en el centro de salud ni se molestan en coger el teléfono. Toca esperar y, si no hay insuficiencia respiratoria severa, el potencial caso ni se registra ni se rastrea.

27/10/20 – Un compañero de trabajo, tras 14 días confinado porque su mujer, profesora de instituto, ha tenido un alumno con COVID-19 en clase, se reincorpora al trabajo. Su mujer no ha sido diagnosticada porque la Junta de Andalucía ya no estaba testando a los profesores expuestos a alumnos infectados por COVID-19. Si no desarrollan síntomas, siguen dando clase. Finalmente, tras insistir mucho, consiguió que la testasen 10 días después del contacto. Dos días después recibió el resultado: negativo. Si hubiera sido infectada asintomática, habría tenido tiempo de contagiar a muchos alumnos y compañeros de trabajo.

28/10/20 – Una compañera, expuesta en dos días consecutivos a colegas contagiados por COVID-19 fuera del trabajo, se reincorpora tras 14 días de cuarentena. El servicio de prevención del CSIC le indica que debe hacer una cuarentena de 14 días (ya que, aunque el Gobierno la haya reducido a 10, es consciente de que el riesgo es aún elevado al final de ese plazo), pero se niega a hacerle un test para confirmar o descartar la infección; y como la sanidad pública no está testando a los contactos “de bajo riesgo”, ella decide pagarse un test de antígenos (muy poco fiable en asintomáticos) en la sanidad privada para saber si estaba contagiada o no – como está haciendo una parte de la población, la que puede permitírselo,  en lo que representa una privatización encubierta del servicio de diagnóstico. Al cumplir la cuarentena, sin embargo, el servicio de prevención sí realiza un test de PCR antes de autorizar la vuelta al trabajo. 

31/10/20 – Francisco Marhuenda, director de La Razón, durante su participación en el programa La Sexta Noche, hace una encendida defensa de la necesidad de evitar cualquier restricción de comercio o movilidad que pueda “perjudicar a la economía” y argumenta que quienes defienden el confinamiento son tan solo “los funcionarios” porque “ellos tienen la vida solucionada”. Remacha este peregrino argumento afirmando que los epidemiólogos pueden aconsejar el confinamiento porque a ellos apenas les afecta al tener su economía personal resuelta. Como si los modelos epidemiológicos y las cifras de la pandemia respondieran a las circunstancias personales del científico que los analiza... 

3-4/11/20 – Asturias primero, luego Ceuta, Melilla y Euskadi, solicitan confinamientos domiciliarios. Pero el gobierno se niega a aplicarlos, para “salvaguardar la economía” y propone dejar pasar “dos o tres semanas” para evaluar las medidas impuestas actualmente. Mientras tanto, con cifras mucho más bajas de contagios y fallecimientos por habitante, Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Bélgica y Austria los adoptan, e Italia los prepara – incluyendo el cierre de restaurantes, bares, salas de ocio, piscinas y gimnasios. Incluso Holanda, adalid junto con Suecia del eufémico “confinamiento inteligente” (que ha causado unas de las tasas de contagio y letalidad más altas de Europa), decreta un confinamiento parcial y prepara uno total.

4/11/20 – El número de casos sigue creciendo en España, y ya triplica el máximo alcanzado en primavera (finales de marzo). Y, con un esfuerzo de testado de los asintomáticos y casos leves cada vez menor, el argumento de que estas cifras no son comparables a las de primavera porque ahora se detectan muchos más casos se sostiene cada vez menos. De hecho, el número de fallecimientos también triplica al  que había cuando se decretó el confinamiento en marzo.

El momento de “proteger la economía” evitando el confinamiento ha pasado ya. Protegerla ahora pasa por confinar lo antes posible, aplanar la curva de forma drástica, y aplicar después las medidas de prevención, rastreo y refuerzo de la atención primaria que puedan mantenerla funcionando lo mejor posible, hasta que la mejora en los tratamientos o una vacuna nos permita volver a una cierta normalidad. Cuanto más tarde se haga, más tendrá que durar y más duro será su impacto. Lo llamativo del caso es que esto parece que lo sabemos todos.

Las medidas parciales y “creativas” deberían haberse aplicado hace cinco meses, al comenzar el desconfinamiento, y no habríamos llegado hasta aquí. De hecho, algunas de ellas se incluyeron como condiciones para el avance de fases durante el desconfinamiento. Tan difícil es entender que algunos gobiernos autonómicos no las aplicaran, malversando las partidas recibidas para luchar contra la pandemia, como que el gobierno central no exigiera su aplicación. 

¿Por qué no han tenido éxito todas esas medidas “intermedias”, que se han aplicado en los últimos meses? Para que las políticas sean efectivas no basta con que tengan un diseño prometedor o elegante: la clave está en su implementación. La mayoría de esas medidas se introdujeron ya durante la desescalada o tras ella, pero la falta de voluntad, esfuerzo o capacidad de las administraciones que debían implementarlas las convirtió en papel mojado. Entre todas ellas destaca una medida clave: el rastreo, detección y tratamiento temprano de nuevos casos. Una medida que requería una inversión decidida en personal y medios técnicos, que no puede implementarse ahora de un día para otro.

Al no haberlo hecho, es ahora imposible introducir medidas blandas y monitorear su éxito, como pretende el Gobierno. Con un tiempo de infección a detección de casi dos semanas, y de tres semanas o más entre infección e ingreso en UCI o fallecimiento, ya sería un riesgo enorme hacer algo así con números tan elevados de contagios: si las medidas no funcionan, lo descubriremos muy tarde. Pero además, el sistema de detección temprana y rastreo no solo es tremendamente deficiente, sino que está empeorando día a día (en algunos casos, de forma aparentemente premeditada para enmascarar las cifras reales) - haciendo cada vez menos fiables los datos de infección. Eso nos deja tan solo los criterios de saturación de UCIs y fallecimientos, con lo que nuestra capacidad para evaluar de forma ágil las medidas de contención es insuficiente. Si unimos esta incapacidad a la escasa efectividad de las medidas “alternativas” y el escaso rigor con el que se han implementado en el pasado, solo podemos concluir que se trata de medidas cosméticas que solo buscan posponer lo inevitable.

Y sí, va a ser tremendamente duro. Pero el momento de evitarlo ha pasado y quienes podían haberlo evitado no hicieron nada. Cuando se comete un error, lo peor que se puede hacer es seguir cavando en el mismo agujero. Hay que tomar nota, corregirlo cuanto antes y – sobre todo – no volver a cometerlo.

La falsa dicotomía entre salud y economía va a acabar con ambas. Entendemos que la lucha partidista hace muy difícil hacer lo correcto. Pero hay momentos en que no se puede gobernar pensando solo en las siguientes elecciones. Muchas personas están enfermando, muriendo, o sobreviviendo con secuelas graves a largo plazo. Ya está bien de perder el tiempo.