¿Por qué el Gobierno dificulta la ejecución del gasto en investigación científica?

Han corrido ríos de tinta sobre la incomprensible y repetida decisión del Gobierno español de ir disminuyendo la inversión en ciencia, alejándonos cada vez mas de los países de nuestro entorno. Con la excusa de la crisis, se han aplicado recortes tan exagerados que han quebrado líneas y centros de investigación enteras y han forzado a emigrar a miles de los mejores científicos de nuestro país. Sin embargo, en los últimos años se ha añadido una tortura incomprensible: cada vez cuesta más tiempo y esfuerzo ejecutar los gastos, por lo que una parte mayoritaria de los presupuestos de investigación (mas del 70% en 2017) no llega a gastarse. Esto, que parecía algo temporal, producto quizá de los reajustes burocráticos de nuestras administraciones, se ha convertido en un mal endémico que está cobrando dimensiones dantescas. El paroxismo se alcanza con la entrada en vigor el pasado 9 de marzo de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Hasta hace poco manteníamos la duda sobre denunciar o no este maltrato y el languidecimiento correspondiente de nuestra labor científica, pero ahora no cabe duda. Prácticamente todos los centros e instituciones se desesperan ante esta situación realmente kafkiana de no poder emplear unos fondos conseguidos en convocatorias abiertas y competitivas o provenientes de sus presupuestos básicos. En suma, tienen disponible un dinero para investigar que no se puede llegar a gastar. La situación en nuestro país es tan preocupante como patética y ya ha sido reseñada en las más prestigiosas revistas científicas internacionales. Es cierto que la ley es una trascripción de una directiva europea, pero no es menos cierto que en los países de nuestro entorno europeo se ha sido capaz de aislar la actividad investigadora de estos requerimientos, conscientes de su importancia y de las características excepcionales de ejecución presupuestaria a la que debe estar sometida el I+D+i.

El 18 de marzo de 2018, más de 300 trabajadores del Instituto Español de Oceanografía (científicos, técnicos y personal de administración) hacen público un manifiesto en defensa de esta institución centenaria que, con nueve centros oceanográficos repartidos a lo largo de todo el litoral español y las mejores instalaciones e infraestructuras para la investigación marina, agoniza por la dificultad para ejecutar sus presupuestos. La incapacidad de los responsables de la institución para adecuarla a su creciente actividad investigadora junto con la incorporación, en 2014, de un nuevo sistema de control del gasto por parte de Hacienda, se ha traducido en una dramática disminución en la ejecución presupuestaria que pasó del 90% en 2013 a apenas el 50% en 2017. Esta incapacidad para ejecutar el gasto comprometido en 2017 ha llevado a un ajuste adicional en gasto corriente en bienes y servicios, que sólo permite disponer para 2018 de un 30% de lo presupuestado en el año 2017. Estos problemas de gestión y presupuesto hacen que los compromisos que tiene el IEO no se puedan llevar a cabo.

Pero el caso del IEO no es, ni mucho menos, un caso aislado. Tan sólo diez días antes se publicaba un nuevo capítulo de la agonía del mayor centro español de energías renovables. La Plataforma Solar de Almería dispone de millones de euros en financiación, pero no los puede gastar debido a las restricciones impuestas por el Gobierno desde 2016. Esta situación desesperante y trágica está dejando al límite del colapso a un centro considerado estratégico por la Unión Europea. En este caso no se puede ni si quiera aducir aquello tan utilizado de forma torticera por el actual Gobierno de que hay que establecer prioridades basadas en el inmediato retorno económico de la inversión, ya que de las instalaciones de esta plataforma solar ha salido buena parte de la tecnología que se usa actualmente en las centrales comerciales, en las cuales hay una importante presencia de empresas españolas.

Y tres días después del manifiesto del IEO, otro centro de gran envergadura, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) presentó una carta abierta suscrita por 260 investigadores y técnicos en la que relatan el bloqueo al que están sometidos y la imposibilidad practica de realizar las actividades habituales de investigación por las mismas razones expresadas por los colegas del IEO. El CIEMAT es la institución de referencia en su ámbito de actividad en España y ha sido capaz de generar empleo y tecnología útil y de vanguardia en un campo cada vez en mayor demanda. Los investigadores de este centro reclaman atención política ante una situación alarmante.

Pero lo que es peor es que la situación no es sólo común a todos los centros e instituciones dedicadas a la investigación en nuestro País, sino que, lejos de irse solventando, se está complicando y el futuro inmediato pinta aún más tenebroso. El corsé impuesto por la nueva ley deja inermes a los investigadores en nuestros centros y universidades. Hasta ahora, los límites de gasto se aplicaban por investigador, proyecto y año. Eso quiere decir que hasta hace unos días, los límites que obligaban a sacar concursos públicos o a tener que presentar varios presupuestos se articulaban alrededor de ese principio. Complicado en algunos casos, pero abordable gracias a la plasticidad y al esfuerzo de los investigadores. Ya no. Ahora todo se computa a nivel de institución. Este “simple” cambio hace que se impida, en la práctica, ejecutar los presupuestos, dado que una vez superada la frontera de 15000 euros por empresa es necesario ir a concurso. Esta cantidad, que se alcanzaba esporádicamente cuando el computo era por investigador, se rebasa enseguida cuando se computa conjuntamente para todos los investigadores de una institución. Tan sólo los procedimientos de un concurso pueden llevar meses, por lo que para adquirir casi cualquier producto o hacer casi cualquier tipo de gasto ordinario se cierne sobre el investigador una forma perversa de parálisis administrativa. El principio básico de búsqueda de la mejor relación calidad precio se pervierte cuando, por ejemplo, debemos de confiar en una agencia de viajes la compra de nuestros billetes de avión, lo cual de manera casi rutinaria supone un incremento de casi un 30 % sobre el costo que podemos conseguir si lo hacemos directamente utilizando alguna de los cientos de plataformas disponibles.

Esta medida, que puede tener algún sentido para laboratorios hospitalarios que realizan análisis rutinarios de manera estandarizada, carece de sentido cuando hablamos de grupos de investigación independientes que trabajan en áreas muy diversas dentro del mismo centro, y que carecen del personal administrativo necesario para gestionar esta nueva forma de licitación. Además, algunas rutinas se vuelven imposibles, por ejemplo, la ejecución de gastos en otros países, algo tan común como el pago a un laboratorio de Norteamérica por la realización de unos análisis químicos o genéticos: según esta ley el laboratorio extranjero tendría que presentarse a concurso. Las cantidades habituales de facturación de este tipo de servicios son ínfimas como para que un laboratorio internacional, que está sumamente ocupado con el procesado de sus muestras y el calibrado y mantenimiento de sus equipos, se moleste en iniciar el largo y complejo camino de optar a un concurso público para que un investigador español pueda pagarle los análisis de sus muestras.

Recortar los presupuestos destinados a la ciencia refleja miopía política e incultura socioeconómica. Dificultar ad libitum la ejecución del gasto representa una forma sutil de tortura que enloquece no sólo a los científicos sino a los gerentes, gestores y directores de centros y unidades de investigación, y que nos avergüenza en los foros internacionales mientras continúa minando a marchas forzadas la credibilidad de nuestro país. El post está encabezado por una pregunta retórica ¿Por qué?... En realidad se nos ocurren otras muchas preguntas más, en general no tan retóricas, como ¿Hasta cuándo? Y la verdad es que el ministro Montoro nos contestó el año pasado a la pregunta que encabeza el post, “¿Por qué?” “Por filosofía” dijo él hace un año refiriéndose a los recortes…

Tristemente no hay ninguna razón objetiva, numérica o técnica para dificultar la ejecución del gasto en los centros de investigación, es pura “filosofía” en palabras del ministro, o, mejor dicho, ideología. Solo nos queda lamentar que Montoro haya manchado a la madre de todas las ciencias relacionándola espuriamente con sus nocivas decisiones.

Han corrido ríos de tinta sobre la incomprensible y repetida decisión del Gobierno español de ir disminuyendo la inversión en ciencia, alejándonos cada vez mas de los países de nuestro entorno. Con la excusa de la crisis, se han aplicado recortes tan exagerados que han quebrado líneas y centros de investigación enteras y han forzado a emigrar a miles de los mejores científicos de nuestro país. Sin embargo, en los últimos años se ha añadido una tortura incomprensible: cada vez cuesta más tiempo y esfuerzo ejecutar los gastos, por lo que una parte mayoritaria de los presupuestos de investigación (mas del 70% en 2017) no llega a gastarse. Esto, que parecía algo temporal, producto quizá de los reajustes burocráticos de nuestras administraciones, se ha convertido en un mal endémico que está cobrando dimensiones dantescas. El paroxismo se alcanza con la entrada en vigor el pasado 9 de marzo de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Hasta hace poco manteníamos la duda sobre denunciar o no este maltrato y el languidecimiento correspondiente de nuestra labor científica, pero ahora no cabe duda. Prácticamente todos los centros e instituciones se desesperan ante esta situación realmente kafkiana de no poder emplear unos fondos conseguidos en convocatorias abiertas y competitivas o provenientes de sus presupuestos básicos. En suma, tienen disponible un dinero para investigar que no se puede llegar a gastar. La situación en nuestro país es tan preocupante como patética y ya ha sido reseñada en las más prestigiosas revistas científicas internacionales. Es cierto que la ley es una trascripción de una directiva europea, pero no es menos cierto que en los países de nuestro entorno europeo se ha sido capaz de aislar la actividad investigadora de estos requerimientos, conscientes de su importancia y de las características excepcionales de ejecución presupuestaria a la que debe estar sometida el I+D+i.

El 18 de marzo de 2018, más de 300 trabajadores del Instituto Español de Oceanografía (científicos, técnicos y personal de administración) hacen público un manifiesto en defensa de esta institución centenaria que, con nueve centros oceanográficos repartidos a lo largo de todo el litoral español y las mejores instalaciones e infraestructuras para la investigación marina, agoniza por la dificultad para ejecutar sus presupuestos. La incapacidad de los responsables de la institución para adecuarla a su creciente actividad investigadora junto con la incorporación, en 2014, de un nuevo sistema de control del gasto por parte de Hacienda, se ha traducido en una dramática disminución en la ejecución presupuestaria que pasó del 90% en 2013 a apenas el 50% en 2017. Esta incapacidad para ejecutar el gasto comprometido en 2017 ha llevado a un ajuste adicional en gasto corriente en bienes y servicios, que sólo permite disponer para 2018 de un 30% de lo presupuestado en el año 2017. Estos problemas de gestión y presupuesto hacen que los compromisos que tiene el IEO no se puedan llevar a cabo.