El fin de una legislatura perdida para la ciencia

Las elecciones de hoy marcarán el fin del período más negro para la ciencia española desde el inicio de la democracia. En ese período, el enorme esfuerzo hecho por los científicos y las instituciones para elevar nuestro país al nivel investigador que le corresponde por su nivel socio-económico y cultural ha sido revertido por una batería de contrarreformas basadas en la premisa de que la ciencia es uno de tantos lujos que los españoles no podemos permitirnos en tiempos de crisis.

En la década que precedió al inicio de la crisis, España había aproximado lentamente su inversión en I+D a la media europea, llegando a ser tan solo un 26% inferior a ésta. Desde entonces, el gobierno desanduvo este camino, y para 2013 nuestra inversión ya era un 35% menos que la media europea. El efecto fue más dramático para el personal investigador, que en 2008 era prácticamente igual a la media europea (tan solo un 2% menos) y en 2013 ya era un 10% inferior a ésta. ¿El motivo? Entre 2010 y 2013, España redujo su inversión anual en I+D en 1700 millones y permitió que perdiéramos más de 10.000 investigadores. La mayoría de esos investigadores han abandonado la actividad científica para siempre o han salido del país, aunque los altos cargos del gobierno desprecien estas cifras calificándolas de “leyenda urbana”. Un esfuerzo titánico para formar a este capital humano dilapidado o simplemente regalado a nuestros países vecinos.

Estos recortes se produjeron a pesar de la elevada eficiencia de nuestra I+D. Los bajos salarios, bipolaridad laboral (largos periodos de precariedad seguidos de estabilidad sin rendición de cuentas), escasez e impredecibilidad en la financiación, falta de planificación en la creación y desarrollo de las universidades y centros públicos de investigación, asfixiante burocracia, escaso interés empresarial y ausencia de políticas efectivas de fomento de la I+D privada, no impidieron que la producción científica y tecnológica española se midiera en clave de igualdad con las de los países de nuestro entorno socioeconómico. Además, nuestra actividad científica y tecnológica mostraba, al igual que la de otros PIIGS, niveles de eficiencia (productividad/euro) iguales o superiores a los de los países del G8.

Estos recortes no solo afectaban a partidas que representaban cantidades perfectamente asumibles de dinero, tanto por su cuantía (hay que recordar que tan solo los 1.350 M€ de la indemnización por el almacén Castor hubieran pagado todo el recorte anual en I+D; los 3.400 M€ que se “perdonaron” a las eléctricas, o los 4.500 M€ que habrá que pagar por el rescate de las autopistas, hubiera bastado para pagar este recorte durante dos años) como en relación al valor añadido que aportan. Lo más grave es que han supuesto una grave descapitalización (humana, logística y de infraestructuras) de nuestro sistema de I+D. Para evitar gastar decenas de miles de euros, se han cerrado para siempre laboratorios e infraestructuras científicas como estaciones de campo que habían costado millones de euros – y que volverá a costar millones de euros levantar, si algún día vuelven a estar disponibles. Los supuestos ahorros han significado en realidad un grave derroche de dinero.

Con todo, lo más reprochable ha sido el clima de acoso institucional a la I+D. En los últimos cuatro años, los investigadores que aún no han dejado el país no solo han tenido que enfrentarse a reducciones severas en la financiación. Se han enfrentado a una desconfianza injustificada e injustificable sobre el uso de los fondos de investigación. Una manifestación trágica de esta desconfianza han sido las absurdas y complejas auditorías a las que han sometido a proyectos terminados (y ya justificados y en su día auditados), muchos de ellos concluidos hasta cinco años antes. En estas auditorías se pedía re-justificar cada gasto de acuerdo a normas que no respetaban las que estaban en curso en el período de vigencia del proyecto o en el momento de entregar las cuentas – una fuente de inseguridad jurídica que subordina la legalidad al beneficio (las consultoras privadas que ejecutaban estas auditorías ganan un porcentaje del dinero “recuperado”). Como si los ladrones y los corruptos fueran los investigadores.

Se han enfrentado a la desconfianza de sus gestores científicos, que los han ahogado en una burocracia que ha pasado de asfixiante a completamente paralizadora. Se han enfrentado al capitalismo de amiguetes, que iba imponiendo la canalización de cada vez más elementos del gasto de I+D a empresas únicas, que al facturar como monopolios inflaron los precios y redujeron las prestaciones. En este momento, por ejemplo, todo el equipamiento (incluyendo el material informático) del CSIC se compra en servicios centrales, lo que supone comprar equipos obsoletos a precios extravagantes y en condiciones abusivas. En este momento, todos los viajes de la administración están monopolizados por Viajes Halcón que, completamente infradotada de personal y sometida a un procedimiento increíblemente burocrático, obliga a los investigadores a perder cuatro o cinco días de trabajo para sacar un solo billete de avión o tren.

Se han enfrentado a un discurso que, en nombre de la falsa “excelencia”, justificaba aún mas recortes en la financiación. Esta etiqueta está siendo utilizada para agrupar a la investigación de calidad (pero no “excelente”) con la más mediocre o deficiente, y adelgazarla poco a poco – olvidando que la “excelencia” es tan solo la impredecible punta del iceberg de una gran masa de investigadores de calidad.

Es difícil decir si todo esto ha sucedido por desidia, incompetencia o ideología. Pero lo más importante no es esto. Lo más importante es que la I+D española ha sido herida de gravedad y que costará mucho reparar el daño hecho. Y, sobre todo, que si se mantienen las políticas descritas, no podrá sobrevivir a una segunda legislatura. Si no cambiamos radicalmente el rumbo, nuestros investigadores seguirán dejando el país, y nuestra investigación estará condenada a la irrelevancia. España perderá definitivamente la oportunidad de convertirse en un proveedor de tecnología y conocimiento. Volveremos a nuestra histórica posición de consumo de conocimiento generado en otros países, con un sector productivo centrado en los servicios.

A todos nos toca decidir ahora si, en esas condiciones, se podrá levantar la economía.

Las elecciones de hoy marcarán el fin del período más negro para la ciencia española desde el inicio de la democracia. En ese período, el enorme esfuerzo hecho por los científicos y las instituciones para elevar nuestro país al nivel investigador que le corresponde por su nivel socio-económico y cultural ha sido revertido por una batería de contrarreformas basadas en la premisa de que la ciencia es uno de tantos lujos que los españoles no podemos permitirnos en tiempos de crisis.

En la década que precedió al inicio de la crisis, España había aproximado lentamente su inversión en I+D a la media europea, llegando a ser tan solo un 26% inferior a ésta. Desde entonces, el gobierno desanduvo este camino, y para 2013 nuestra inversión ya era un 35% menos que la media europea. El efecto fue más dramático para el personal investigador, que en 2008 era prácticamente igual a la media europea (tan solo un 2% menos) y en 2013 ya era un 10% inferior a ésta. ¿El motivo? Entre 2010 y 2013, España redujo su inversión anual en I+D en 1700 millones y permitió que perdiéramos más de 10.000 investigadores. La mayoría de esos investigadores han abandonado la actividad científica para siempre o han salido del país, aunque los altos cargos del gobierno desprecien estas cifras calificándolas de “leyenda urbana”. Un esfuerzo titánico para formar a este capital humano dilapidado o simplemente regalado a nuestros países vecinos.