La política del maquillaje no funciona con la ciencia

Complicando la ejecución del gasto y maquillando las cifras, el Gobierno juega con el mensaje de “España va bien”. Pero los datos son tozudos. Y los investigadores lo somos aún más. Si en un post anterior nos preguntábamos retóricamente por qué el Gobierno dificulta la ejecución del gasto en investigación y ciencia, ahora nos preguntamos “¿A quién quiere engañar con la manipulación de los datos?”. La estrategia de apoyar la investigación con préstamos y créditos, sabiendo que una gran parte no llega ni a solicitarse, y de poner cada vez más trabas a la ejecución de los menguantes presupuestos de subvención directa, lleva años dando los resultados esperables: cada vez se invierte menos en el presupuesto de I+D+i. No hablamos de una reducción pequeña ya que la combinación de recortes y trabas a la ejecución del presupuesto lleva a una inversión actual que es la sexta parte de la que se realizaba hace ocho años.

La estrategia seguida permite enmascarar la brutal reducción de la ‘inversión’ en investigación y desarrollo. Se mantiene aparentemente estable el nivel de recortes de los presupuestos desde 2011 pero en realidad entre uno y dos tercios de ese presupuesto se queda sin gastar. Claro que la estrategia sí que es buena si el objetivo no es impulsar la investigación científica sino sólo aparentar que se impulsa, guardando ese dinero para otros asuntos. La cuestión llega a levantar ampollas cuando parece que se quiere transmitir la idea de que la falta de gasto en I+D no responde a una falta de voluntad política por invertir en ciencia, sino a la incapacidad de los investigadores para gestionar bien los recursos de los que disponen. Además de levantar ampollas, por ofensiva y humillante, esta situación allana el camino para futuros recortes, ya que es práctica común en la Administración ajustar a la baja los presupuestos de un año cuando en el anterior no se ejecuta todo lo que se había asignado.

La estrategia de presupuestar cada vez más créditos, sabiendo que no se iban a ejecutar, para enmascarar los recortes fue ideada por el gobierno de Zapatero, pero ha crecido desmesuradamente con el de Rajoy. Hasta 2006, se ejecutaba más del 90% del presupuesto de I+D. Mientras el presupuesto para I+D en 2010 superaba los 10.000 millones de euros y se ejecutaba casi el 80% de este presupuesto (8.469M€), en 2017 el presupuesto se redujo a casi la mitad (4.635 millones €) y, lo que resulta más doloroso, su ejecución bajó a apenas un 29,7% (3.963 M€). Es tan espectacular y escandaloso el recorte unido a la dificultad de ejecución real del gasto que hasta el presidente del Confederación Española de Organizaciones Empresariales lo critica. Para colmo, las perspectivas para 2018 no son nada halagüeñas. ¡Como si pudiéramos permitirnos una ejecución aún más pobre cuando la inversión teórica del I+D apenas ronda el 1% del PIB! La Fundación Cotec para la Innovacion augura una pésima ejecución del gasto en 2018 debido a una sucesión de prórrogas y cierres, fallos en los sistemas informáticos y falta de personal en puestos de gestión, que se suma al incremento de requerimientos y exigencias de control impuestos por el Ministerio de Hacienda.

Después de casi una década de recortes generales, España vuelve a crecer, especialmente su actividad industrial que se sitúa en niveles previos a la crisis. El gasto público, sin embargo, se sigue reduciendo porcentualmente, demostrando que no fue la crisis la principal razón de las políticas de recorte, sino que la ideología dirigió la gestión de la crisis.

Desde hace años se viene planteando que la reforma necesaria para el mayor organismo público de investigación (OPI) de nuestro país (el CSIC) pasa por una mejora de la gestión y una simplificación de los trámites administrativos que han ido dificultando la actividad científica de la institución. Esta propuesta de reforma se incluyó hace más de tres años en un decálogo que hoy tiene más actualidad que nunca. Pero ni en el peor de los escenarios se planteó entonces que viviríamos las cotas de bloqueo y parálisis a las que nos enfrentamos hoy en día. Con el ánimo de ver el vaso medio lleno, se nos recuerda que el CSIC no tiene trámite de fiscalización previa por parte de Intervención, lo cual constituye una pequeña ventaja en cuanto a la ejecución del gasto y una diferencia fundamental del CSIC frente al resto de OPIs. El hecho de que otros OPIs estén aun peor que el CSIC no resulta tranquilizador ni soluciona ningún problema. Aun así, este sutil consuelo solo supone, en la situación actual, un frágil y quizá temporal muro de contención ante el disparate administrativo global que se está cebando sobre la investigación científica en nuestro país. Los medios hablan de “ciencia asfixiada” y ya está en la mente de todos que “nunca antes ningún Gobierno había tenido tan poco interés por la ciencia”. Resulta evidente que hay que cambiar con rapidez y decisión varias cosas, en concreto el marco legislativo. Se propone cambiar de urgencia al menos dos aspectos legales: que la ciencia sea considerada actividad económica por ley y que se cambie la ley de contratos. Para hacer esto realidad hace falta visión y voluntad. Y una mayoría en el congreso a favor de maximizar la eficiencia del gasto en ciencia, una eficiencia que ya es muy elevada a pesar de todos los obstáculos que se han puesto y de las críticas infundadas que se han publicado.

“Matar de hambre a la bestia” es una estrategia que se emplea cuando se quiere forzar, mediante la caída de la recaudación, la reducción del gasto público, justificando así la desaparición o privatización de determinados servicios públicos. El Gobierno ha seguido esta idea con la ciencia. Por desgracia, su aplicación en otros países (notablemente, por los gobiernos de Reagan, Thatcher y Bush) demostró claramente que no solo no cumple este cometido, sino que tiene un triple efecto indeseado: reducir la calidad de dichos servicios, aumentar a la larga el gasto público y disparar el déficit público. ¿Para qué puede un gobierno, sabiendo todo esto, querer aplicar esta política tan cuestionable hoy en día? El único motivo posible es una vez mas el ideológico y se propone su aplicación hasta que privatizar los servicios públicos compense el aumento en el gasto y el déficit que esta estrategia política conlleva.

El problema es que, como señala este artículo de The Economist, “una vez la bestia se queda sin comida, siempre puede empezar a comerse a los aldeanos”.

El Gobierno español ha pretendido matar de hambre a la bestia sin reparar, o al menos sin explicar, que haciéndolo, no sólo ha tirado por la borda un valor estratégico de nuestro país, sino que ha tenido que manipular y falsear los datos para justificar su implementación. Por desgracia, esto es una historia recurrente que ya hemos contado más de una vez. La combinación de recortes con falsedades lleva no sólo a perpetuar la degradación del sistema de I+D en nuestro país sino a generar la dañina sensación de que no debe preocuparnos porque parecería que ya vamos por la buena senda.

Complicando la ejecución del gasto y maquillando las cifras, el Gobierno juega con el mensaje de “España va bien”. Pero los datos son tozudos. Y los investigadores lo somos aún más. Si en un post anterior nos preguntábamos retóricamente por qué el Gobierno dificulta la ejecución del gasto en investigación y ciencia, ahora nos preguntamos “¿A quién quiere engañar con la manipulación de los datos?”. La estrategia de apoyar la investigación con préstamos y créditos, sabiendo que una gran parte no llega ni a solicitarse, y de poner cada vez más trabas a la ejecución de los menguantes presupuestos de subvención directa, lleva años dando los resultados esperables: cada vez se invierte menos en el presupuesto de I+D+i. No hablamos de una reducción pequeña ya que la combinación de recortes y trabas a la ejecución del presupuesto lleva a una inversión actual que es la sexta parte de la que se realizaba hace ocho años.

La estrategia seguida permite enmascarar la brutal reducción de la ‘inversión’ en investigación y desarrollo. Se mantiene aparentemente estable el nivel de recortes de los presupuestos desde 2011 pero en realidad entre uno y dos tercios de ese presupuesto se queda sin gastar. Claro que la estrategia sí que es buena si el objetivo no es impulsar la investigación científica sino sólo aparentar que se impulsa, guardando ese dinero para otros asuntos. La cuestión llega a levantar ampollas cuando parece que se quiere transmitir la idea de que la falta de gasto en I+D no responde a una falta de voluntad política por invertir en ciencia, sino a la incapacidad de los investigadores para gestionar bien los recursos de los que disponen. Además de levantar ampollas, por ofensiva y humillante, esta situación allana el camino para futuros recortes, ya que es práctica común en la Administración ajustar a la baja los presupuestos de un año cuando en el anterior no se ejecuta todo lo que se había asignado.