La tragedia del Mar Menor: política y agroindustria aliadas en contra de la ciencia y la sociedad

El Mar Menor fue uno de los espacios naturales más importantes de Europa y el lugar de veraneo preferido por muchos españoles. Hoy es un monumento al desastre ambiental que sale periódicamente en las noticias por eventos agudos de contaminación acompañados de imágenes impactantes de miles de peces muertos. Ha ocurrido muchas veces, pero de manera más espectacular en 2016 y en 2018 y acaba de volver a ocurrir en estos días de mediados de agosto de 2021. Tres décadas de incumplir la ley están acabando con la vida en el Mar Menor.

Tan sucio y maloliente está el Mar Menor que mucha gente lo da por perdido. O, lo que es aún peor, lo considera un sitio adecuado para verter desperdicios y aguas contaminadas. Tan turbia está la escena social y política en Murcia, que muchos agricultores creen que su subsistencia depende de seguir contaminando el Mar Menor y extrayendo sin límite el agua del subsuelo o del trasvase Tajo-Segura, cuando es precisamente eso lo que compromete su subsistencia. Mientras tanto, siguen produciéndose muchos tomates y pepinos en la “huerta de Europa”, y muchos empresarios continúan enriqueciéndose gracias al milagro de producir verduras y hortalizas en pleno desierto. Porque no olvidemos que esta huerta de Europa está ubicada en una de las zonas más áridas de todo el continente. El desierto pone el sol y el calor. Los políticos y los empresarios obran el milagro aportando el ingrediente esencial y del que siempre andan escasos los desiertos: el agua. La traen de lejos, a través del polémico trasvase Tajo-Segura que convirtió desde 1979 el secano en regadío, desangrando a un lejano río que apenas lleva caudal ecológico en buena parte de su recorrido. Y la consiguen también haciendo la vista gorda con la sobreexplotación del agua in situ, permitiendo la desalinización ilegal del Mar Menor para verter luego en el propio mar la tóxica salmuera resultante, y permitiendo la explotación no menos ilegal de los pocos acuíferos que aún quedan. Recordemos el precintado por la Guardia Civil de 60 desaladoras ilegales en Murcia y la clausura de 42 pozos que amenazaban al Mar Menor en marzo de este mismo año. El milagro es de tal magnitud que, reventando la ecología de la comarca, han logrado posicionar a Murcia como una potencia mundial en el mercado hortofrutícola: una de cada cinco verduras y hortalizas exportadas en España proviene de la Región Murciana.

Un mar muere mientras una economía de base muy endeble florece en el desierto. Es tal el choque de objetivos y posturas en la comunidad murciana sobre este asunto que resulta llamativa la falta de una voz científica y técnica que aborde de frente el problema. Lo más preocupante es que sí que hay una voz pretendidamente científica y técnica, el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. Pero por su falta de independencia y rigor es incapaz de dirimir la cuestión. Sus conclusiones no se sostienen. No sobreviven ni a la más elemental pregunta o crítica. Su recurso más habitual es culpar a una DANA o a unas determinadas condiciones meteorológicas de la mortandad de la fauna marina, y siempre descartar contra toda evidencia a la falta de oxígeno como responsable de esa mortandad. El Comité ha hecho siempre posible quitar importancia a lo que es ya la crónica de una muerte anunciada. En este último evento de 2021 se afanan en culpar de la mortandad a la ola de calor, pero la Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE) se ha apresurado en aclarar que la temperatura del Mar Menor es perfectamente normal para mediados de agosto y que no es en absoluto responsable de lo ocurrido. A pesar de que el Gobierno de la Región de Murcia quiere correr un tupido velo sobre este nuevo suceso, la situación es tan grave que ha llamado la atención de la prensa internacional. En un detallado artículo en el periódico británico The Guardian se explica que la mortandad ha afectado a especies como el cangrejo azul, un predador muy resistente que con su muerte demuestra la gravedad de la contaminación. En un artículo en el New York Times se desgrana como la tragedia del Mar menor forma parte de una degradación general y preocupante de la costa española.

La voz dudosa del comité de asesoramiento del Mar Menor, tan dudosa que ni los periodistas independientes quieren consultar, parte de un grupo de trabajo ligado a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Un comité que nació para el asesoramiento científico sobre las acciones de mejora del estado ecológico del Mar Menor, y que pretendía también impulsar el conocimiento científico sobre los problemas ambientales de la laguna y las medidas más adecuadas para su resolución. Pero su mirada dista mucho de la objetividad que caracteriza a la ciencia. Han tenido que ser expertos externos a este comité los que han acumulado de forma independiente las piezas del puzle que explican la catástrofe ecológica del Mar Menor. Este Comité del Mar Menor no sólo no realiza adecuadamente su función, sino que ha logrado bloquear las acciones necesarias para cumplir el objetivo para el que el propio comité fue creado. Ello ha generado la más que justificada dimisión de varios miembros, como por ejemplo los científicos del Instituto Español de Oceanografía que no pudieron tolerar la falta de objetividad y rigor de este comité. Su estructura y composición se ha intentado cambiar varias veces, pero todos los esfuerzos por reorganizar este comité han sido eficazmente neutralizados.

Lo que ocurre en Murcia no es, por desgracia, una excepción en España. La utilización de expertos en ciencia, tecnología y humanidades para objetivos políticos, particularmente en situaciones de crisis, es muy eficaz para silenciar o contrarrestar la posición de científicos y técnicos críticos con las afirmaciones y actuaciones oficiales, tal como denunciamos hace casi una década.

¿Pero por qué la ciencia veraz no acaba de abrirse paso en este grave problema ambiental de la Región de Murcia? Para obtener respuesta no hace falta entrar en muchos detalles ya que, en el fondo, es bien sencilla: no se abre paso por la influencia demoledora de la agroindustria y por el modus operandi del gobierno regional, así que no queda más remedio que entrar en el proceloso mar de la política. Y tampoco aquí hay que profundizar mucho. La cuestión política se comprende con rapidez sin más que observar algunos síntomas que hablan por sí solos y con gran elocuencia. Síntomas como el de echar balones fuera culpando (no se sabe bien de qué) al gobierno central, o los casos oscuros de corrupción como el caso Topillo, en el que una veintena de empresas agroindustriales y varios altos cargos murcianos están siendo investigados, así como los profundos conflictos de intereses que tienen cargos destacados y muy controvertidos del gobierno regional como el consejero Antonio Luengo, del que se lleva mucho tiempo pidiendo su dimisión.

Se trata de dos murallas, la de un grupo económico poderoso y la de un equipo político oportunista y sesgado, que son muy difíciles de sortear para la ciencia. Recordemos cual es la principal cruzada de la ciencia, porque cuando hay mucho dinero y poder de por medio, se nos olvida todo lo demás. La ciencia, en su exploración eterna del conocimiento, procura apuntalar dos derechos inalienables de la sociedad: el derecho a saber y el derecho a un medio ambiente saludable, este último reclamado con urgencia por las Naciones Unidas y presente en el artículo 45 de la propia Constitución española. Dos derechos que son pisoteados a diario con la tragedia del Mar Menor. Basta con resumir la evidencia tozuda de las observaciones y los datos.

Podemos empezar por recordar el concepto de rambla, un cauce natural por el que en regiones secas como la de Murcia no corre el agua más que unos pocos días al año y, a veces, ni siquiera todos los años. Varias ramblas que llegan al Mar Menor en la actualidad no paran de llevar agua, como es el caso, por ejemplo, de las que se conectan con la polémica rambla del Albujón, objeto de muchas denuncias. No es una buena noticia porque esa agua excedentaria no solo se extrae de sitios donde hace mucha falta, sino que llega cargada de agroquímicos y en especial de una gran carga de nitratos y fosfatos que son el origen principal del problema.  De todas formas, no se puede comprender lo que pasa en el Mar Menor si sólo se analiza el cuerpo del agua de la laguna, como hace la Consejería, mal aconsejada por su consejo asesor. Hay que entender al menos las algas del fondo de la laguna, los organismos filtradores y el aporte externo de nutrientes, agroquímicos y salmueras. No se puede culpar a las aguas subterráneas de la contaminación sobre todo cuando los datos reflejan que se ha sobrestimado en ocho veces el aporte real de las aguas subterráneas al Mar Menor. Además, el fenómeno que sufre el Mar Menor de eutrofización (la proliferación desmedida de fitoplactón como consecuencia de todos los recursos allí vertidos) requiere tanto de nitrógeno como de fósforo. Mientras las aguas superficiales llegan cargadas de ambos, el acuífero principal apenas contiene fósforo, por lo que la entrada subterránea nunca podrá explicar la crisis eutrófica. Otra evidencia de que se ha querido mirar a otro lado en la explicación del problema es la mejora temporal que se observó en el Mar Menor cuando se redujo durante el periodo 2016-2017 la entrada superficial de salmueras y otros drenajes, y como la llegada de la DANA en 2018, que barrió súbitamente todos los nutrientes acumulados en la superficie del Campo de Cartagena y los depositó en la laguna, hizo retroceder la degradación ambiental a la situación inicial. El motivo no es otro que el de no haber abordado realmente el origen de la contaminación: la agroindustria de la zona.

Una plataforma ciudadana ha puesto en marcha una iniciativa legislativa popular (ILP) con la intención de conferir entidad jurídica al Mar Menor en un intento desesperado, pero a la vez ejemplificador, de revertir la tragedia. Sería la primera vez para Europa que un espacio natural tiene ese reconocimiento jurídico y muchos confiamos en que sería estratégico para la recuperación y conservación de un especio tan singular y valioso como es el Mar Menor. Hace falta medio millón de firmas y el plazo termina en octubre. Mientras esa propuesta avanza hay que lograr que tanto los empresarios de la agroindustria como los representantes políticos en la Región de Murcia dejen de posponer lo ineludible y comiencen a reconvertir la agricultura, a detener vertidos de nitratos y salmuera, y a dejar de sobrexplotar el agua del Tajo y del subsuelo. Es inevitable que esto ocurra porque los derechos de la ciudadanía, y quizá los del propio Mar Menor si prospera la ILP, se acabarán imponiendo. Pero ojalá todo esto no ocurra demasiado tarde para el Mar Menor.