CEFUSA rechaza que su proyecto de 140.000 cerdos en Albacete se considere “macrogranja”
CEFUSA, empresa promotora del proyecto de granja intensiva que albergará 140.000 cerdos en 57 naves, y que iría ubicada los términos municipales de Pozuelo y Argamasón, niega que se trate de una “macrogranja”. Según la empresa, el término macrogranja sería inadecuado y además ese tipo de instalaciones “están prohibidas en España desde el año 2000, con lo que sería incorrecto hablar de las mismas”. Todo es cuestión de números, y explican que para considerarla macrogranja “tienen que tener una capacidad superior a 864 UGM (Unidad Ganadera Mayor)”.
Pero lo cierto es que en la región todos aquellos proyectos que superen los 2.000 cerdos necesitan de la Declaración de Impacto Ambiental y son considerados, por lo tanto, instalaciones ganaderas intensivas. Aseguran que han solicitado los permisos y que están a la espera de que la Viceconsejería resuelva sobre la Declaración de Impacto Ambiental que el proyecto de Pozuelo son en total 9 granjas, no una sola, y en ellas se reparten los cerdos: en hasta 6 granjas habrá 3.000 cerdas y en el resto de lechones. Con esta aclaración rechazan el concepto “macrogranja” con el que se ha venido denominando a la instalación. Pero a día de hoy el proyecto, cuya viabilidad estudia el Gobierno de Castilla-La Mancha, se ha presentado como uno solo y no como 9 granjas independientes.
Además, insisten en que el proyecto “va a servir para dinamizar la provincia de Albacete” ya que creara “140 puestos de trabajo directos” para el mantenimiento de estos 140.000 cerdos que estarán en las 51 naves que irían repartidas en esos 9 módulos (o granjas) entre las poblaciones de Pozuelo y Argamasón. O lo que es lo mismo, 1 puesto de trabajo por cada 1000 cerdos. A estos 140 puestos de trabajo se añadirían, dicen, otros 50 indirectos. “Además dinamizará la actividad comercial de Pozuelo” que, tal y como ha trasladado la empresa “va a ayudar a fijar la población y evitar la despoblación”.
Purines y agua
Una de las principales preocupaciones de vecinos y contrarios a las granjas intensivas de porcino es la gestión de los purines. A este respecto CEFUSA asegura que cuenta con “gran experiencia en la gestión de purines y olores y nunca ha tenido problemas”. Además, explican, que la empresa lleva a cabo una serie de acciones “para minimizar el impacto ambiental de los purines, entre ellas la reutilización y tratamiento de herbicidas para eliminar la proliferación de moscas”.
El uso de agua y la contaminación de ésta por la filtración de los purines al subsuelo es otro de las inquietudes cuando se habla de estas instalaciones. Pero CEFUSA asegura que “la protección de los acuíferos está garantizada” y que el agua será transportada“ por una tubería soterrada” y “todas las balsas de purines serán impermeabilizados con polietileno y arcilla para que no haya posibilidad de contaminación”.
Son sus argumentos para defender un proyecto que cuenta con gran contestación social en los municipios afectados, pero también en los aledaños y en el resto de la provincia de Albacete.
El decreto de los 2 km se retrasa hasta septiembre
Este miércoles, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha fijado en el próximo mes de septiembre la fecha para la aprobación del decreto por el que se aumentará la distancia de las granjas de porcino a una población a los dos kilómetros. En la actualidad, la normativa castellano-manchega permite este tipo de instalaciones a tan solo un kilómetro del casco urbano. El objetivo es dar mayor garantías a los vecinos y que eso sea compatible con la labor de las empresas.
La Consejería de Medio Ambiente anunció su intención de cambiar la normativa hace ahora justo un año, con la idea de aprobar el decreto antes de que terminase 2017. Los plazos se han dilatado y esta misma semana Ecologistas en Acción reclamaba la aprobación inmediata del decreto para frenar algunos de los proyectos que apuestan por ganadería intensiva en la región, como el de Mazuecos, en Guadalajara. El decreto, ha dicho el consejero, “es importante” porque es “el único” en España y lo ha calificado de “declaración de intenciones” del Gobierno regional para con los ciudadanos y el medio ambiente.
Martínez Arroyo ha asegurado que su departamento practica una política ambiental “estricta” con este tipo de proyectos. “Todos tienen condicionantes ambientales muy estrictos y lo saben perfectamente las empresas. Estoy convencido que ninguno tendrá problemas ambientales”, recalcó. También ha recordado que solo habrá explotaciones ganaderas de este tipo donde quieran los vecinos y ha pedido a los alcaldes que sean “conscientes” de la posibilidad de permitir o no que se instalen.
