El año 2019 que acabamos de dejar atrás ha estado marcado por dos partes bien diferenciadas en lo que tiene que ver con el Gobierno de Castilla-La Mancha. La primera con un Ejecutivo regional de coalición PSOE-Podemos hasta que las elecciones autonómicas del 26M rompieron esa dinámica, para otorgar una mayoría absoluta a los socialistas.

Terminó así la historia de un Gobierno ‘a dos’, sin precedentes en la comunidad autónoma, para abrir un nuevo periodo, el octavo desde 1983, de mayoría absoluta del PSOE. Atrás han quedado los momentos que a García-Page le “quitaron el sueño” por su alianza con Podemos, según decía el propio presidente regional. Era una advertencia a Pedro Sánchez que previsiblemente repetirá coalición con los de Pablo Iglesias, tal y como ya aventurase el entonces vicepresidente de Castilla-La Mancha, José García Molina, en agosto de 2018: “Hemos abierto camino a un nuevo ciclo político estatal”.

En 2019, hemos visto como parte de los miembros de Podemos que manejaron algunos de los resortes del poder político regional ‘emigraban’ a La Rioja para repetir allí coalición con los socialistas tras la debacle electoral que les dejó sin representación en las Cortes castellanomanchegas y sin una dirección regional que hoy sigue sin cabeza visible en manos de una gestora.

En el lado socialista y con la mayoría absoluta bajo el brazo, el perfil nacional por el que ha optado el presidente de Castilla-La Mancha viene eclipsando la acción del Gobierno regional en los primeros compases de una legislatura salpicada por la convulsión de la política nacional.

García Page se ha posicionado, de forma insistente, sobre todo en dos cuestiones: Catalunya, con su ya conocido mensaje en favor de la “unidad” de España y la gestión nacional del agua, sobre todo en lo que tiene que ver con el trasvase.

La portavoz de García-Page, Blanca Fernández, se afanaba hace unos días en definir los primeros seis meses del Gobierno en solitario como un período “de estabilidad y tranquilidad para la ciudadanía” en el que ha primado “la escucha activa”.

Quizá los sobresaltos lo son para la cúpula nacional del PSOE y están protagonizados por un Emiliano García-Page convertido en el barón socialista más crítico con la postura de Pedro Sánchez para revalidar la Presidencia del Gobierno. Si finalmente lo consigue con la ayuda de ERC habrá que ver cómo evoluciona la postura del jefe de Gobierno castellanomanchego en sus relaciones con Pedro Sánchez y con el Gobierno central, cuyo programa político influirá notablemente en el desarrollo de la región.

Los asuntos pendientes a caballo entre legislaturas

 

En lo estrictamente doméstico, si hay algo de lo que saca pecho el Gobierno regional es de la “recuperación de los servicios públicos” recortados por Dolores de Cospedal y ahora, considera, se camina hacia su consolidación.

Sin embargo, no es esta opinión que trasladan los agentes sociales que ven incompleta esa recuperación en lo que a derechos de los empleados públicos se refiere y así lo reconocía el propio consejero de Hacienda en una entrevista con eldiarioclm.es. “Todo lleva su ritmo”, decía.

En todo caso, se considera superada una etapa. En septiembre, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, explicaba que a comienzos de este 2020 estaría listo el documento del llamado Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023. Algo similar a lo que Page llamaba “biblia civil” para la región cuando en 2016 se firmó un acuerdo parecido para sacudirse el legado de Cospedal aunque ahora ya no se hable de recuperación sino de crecimiento.

La cuestión del agua en la región tampoco es menor y no solo por el reclamado fin del trasvase Tajo-Segura. García-Page llegó a elevar la cuestión Bruselas tras anularse parte del Plan Hidrológico del Tajo por vulnerar los caudales ecológicos.

Falta saber qué ocurre con esta cuestión en el ámbito nacional. De momento, el acuerdo PSOE-Podemos habla de consagrar “el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil. Se prohibirá, por tanto y como parte de este principio, la compraventa de derechos concesionales del agua”.

En todo caso, la escalada de declaraciones y réplicas entre Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana no solo ha elevado su tono en los últimos meses, sino que se atisba una nueva guerra del agua (política y judicial) entre comunidades autónomas si nadie lo remedia.

Una ‘guerra’ que previsiblemente se recrudecerá y en la que ya ha entrado el presidente nacional del PP, Pablo Casado, anunciando incluso movilizaciones para evitar el fin del acueducto con la callada por respuesta de su homólogo regional, Paco Núñez.

Y no hay que olvidar el aspecto intracomunitario de los trasvases, desde Cuenca y Guadalajara hacia otras provincias como Ciudad Real -en principio para emergencias en Las Tablas de Daimiel- que suponen una merma más para la cabecera del Tajo y que ya han despertado las suspicacias internas en el PSOE. Los ribereños de la cabecera del Tajo han pedido a la Junta “coherencia” a la hora de tomar decisiones de este calado y hay que recordar que el alcalde de Sacedón y diputado regional, Francisco Torrecilla, ha sido hasta hace nada el presidente de la asociación de pueblos a orillas de Entrepeñas y Buendía. 

También están pendientes varias leyes que el Gobierno regional prometió sacar adelante en la anterior legislatura. En marzo de 2019, justo antes de las elecciones autonómicas, quedaban pendientes de aprobar una docena de grandes normas al margen de la reforma del Estatuto de Autonomía y de la Ley Electoral de la región que, pese a lo prometido, se quedaron el cajón sin reformar y que de nuevo son asignatura pendiente.

En seis meses de la nueva legislatura, seis leyes aprobadas, algunas de ellas como la Ley de Economía Circular o la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales novedosas en el ámbito nacional. Otras tres están en puertas, según la consejera portavoz, Blanca Fernández.

Entre ellas, la Ley de Evaluación Ambiental que dirimirá de manera más clara la postura regional sobre el futuro de la ganadería industrial, la Ley de Vivienda, la Ley de Ciencia o la Ley LGTBI, además de una Ley de Cambio Climático, vinculada al nuevo departamento de Gobierno que se ha creado: la Consejería de Desarrollo Sostenible o la prometida Ley de Garantía de Rentas que propuso Podemos, todavía sin desarrollar.

En los albores de la nueva legislatura, allá por julio del pasado año, se prometía se ha prometido una Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad y otra de Acceso al Entorno de las Personas con Discapacidad, quizás un remake de la que ya llevaba el PSOE en su programa electoral en 2015, la Ley de Acceso de las Personas con Discapacidad a la Función Pública. 

En el sector agrario y a la espera de lo que ocurra con la Política Agraria Comunitaria, se prevé también una Ley de la Vid y el Vino con los aranceles, el Brexit o los bajos precios en el punto de mira y que auguran un nuevo año con el campo castellanomanchego puesto en pie. 

La despoblación y esa ‘España Vaciada’ de la que tanto se ha hablado en 2019 volverá a ser también protagonista en un 2020 todavía incierto en tantos y tantos aspectos para España y para Castilla-La Mancha, como el diseño definitivo de la nueva financiación autonómica. Se lo contaremos.