Ecologistas en Acción cree que la nueva Ley de Evaluación Ambiental “reduce los sistemas de control”

El anteproyecto para modificar  la Ley de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha que este martes entraba en proceso de información pública (un tercer borrador de la norma) ha suscitado distintas reacciones entre varios colectivos de la región.

La Junta sostiene que su intención, entre otras cosas, es “simplificar” la interpretación de la normativa de evaluación ambiental, “evitando inseguridades jurídicas y falta de claridad”. 

También se pretende “extender” la necesidad de la aplicación de la evaluación de impacto ambiental a más categorías de proyectos que la norma básica estatal, de acuerdo a las singularidades de Castilla-La Mancha. Y se regula en particular lo que tiene que ver con la industria ganadera, extractiva (minería) o industria energética, incluidas las centrales nucleares o las instalaciones para albergar residuos radiactivos.

La organización Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha rechaza el planteamiento de actualizar la normativa regional haciendo lo mismo que el Estado o la Unión Europea. Algo que, dice,  pasa por “reducir los sistemas de control ambiental porque hay una gran presión de las empresas para ‘facilitar’, como dicen ellos, la tramitación de todo tipo de expedientes. Y eso está dando lugar a una ola de desregulación en materia medioambiental”.

En su opinión, todo obedece a que las administraciones, y en concreto el departamento de Medio Ambiente regional, “no tiene medios suficientes para atender los procesos de evaluación ambiental y en lugar de dotar a la Viceconsejería en nivel y número adecuado para tramitar expedientes, reducen los que en un futuro deberán someterse a evaluación”.

A esto se suma, añade Miguel Ángel Hernández, el hecho de que Castilla-La Mancha esté tramitando su norma en función de la ley estatal de 2013 que también está en pleno proceso de cambio. “Es posible que la modifiquemos y a los tres días haya que cambiarla de nuevo”.

“El detallito pro Puy du Fou”, los riesgos sísmicos y la responsabilidad económica en los accidentes

Apunta también un “detallito pro Puy du Fou” en la nueva ley: “Nos ha llamado la atención”, señala Hernández, tras las alegaciones presentadas por Ecologistas al futuro parque temático. “Se estaba sometiendo al Puy du Fou simultáneamente a la evaluación ambiental del proyecto y a la estratégica de la modificación urbanística que lo acoge. Curiosamente, en la nueva ley aquellos proyectos cuyo ámbito sea limitado y el mismo en la  planificación sobre la que se sustenta, se podrán desarrollar ambas evaluaciones a la vez”.

“Es llamativo que de aquellas aberraciones se derive un cambio normativo que favorezca, precisamente, lo que están intentando que dé acogida a la tramitación ambiental del Puy du Fou”.

En la nueva norma también habrá “mayores requisitos” en la evaluación ambiental para “proyectos en situaciones de accidentes graves o catástrofes”. Hernández cree que tiene que ver con lo que ocurrió con el proyecto Castor que “marcó un antes y un después en la evaluación ambiental porque no se evaluó correctamente el riesgo sísmico aduciendo que no era obligatorio”.

Alude a la necesidad de tener en cuenta no solo los mecanismos de protección ambiental sino económica. “¿Cómo se garantiza que el resarcimiento no va a caer en la caja de todos como ha ocurrido con Castor o con el incendio de neumáticos en Seseña, por lo menos hasta el momento? Pero eso requiere desarrollo de legislación posterior”.

Bancos de Conservación o “mercadear” con especies y espacios naturales

De la nueva ley a Hernández le preocupa, en particular, la regulación de una figura denominada ‘bancos de conservación de la naturaleza’. Para Ecologistas en Acción se traduce en “darle valor económico a la biodiversidad”. En principio, explica, son acciones de mejora medioambiental que generan “créditos” por parte de la Administración que, añade, “son intercambiables en mercados secundarios o por medidas compensatorias en proyectos que las requieren”.

 

“Son mecanismos que no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico”, asevera. Y es que, en su opinión, “mercadear con la conservación de especies o de espacios no es la mejor manera de protegerlos”. Y pone el ejemplo de los “créditos de carbono que poco o nada  han servido para luchar contra el cambio climático y, sin embargo, han generado un mercado de intercambio de bonos de CO2 y movimientos especulativos que han puesto en peligro a algunas empresas. Ahora, lo mismo, con la biodiversidad, nos parece más peligroso”.

Por este motivo, avanza que “si aparecen los bancos de conservación en la norma, nos opondremos” aunque “la voluntad” es llegar al “acuerdo”, apostilla. 

A Miguel Ángel Hernández no le sorprende que la norma salga a información pública en pleno mes de agosto. “No nos debería sorprender,  están saliendo muchas cosas ahora: la modificación número 29 del POM de Toledo, la segunda información pública de Puy du Fou, ahora la Ley de Evaluación Ambiental…”. Sin embargo, en este último caso cree que se debe a la voluntad de la Junta de agilizar su tramitación en el Parlamento regional. “El periodo hábil de sesiones en las Cortes regionales va a ser muy corto porque estamos en año preelectoral”, apunta, para lamentar que “el pato lo paguemos siempre los mismos: los interesados en estos temas y se nos juntan todos los más gordos a la hora de tener que alegar”.

Las plataformas contra las macrogranjas piden ampliar el periodo de exposición pública

Quienes sí se han visto con el paso cambiado han sido colectivos ‘anti-macrogranjas’ que también han reaccionado ante la salida a información pública del nuevo borrador de la norma. “Nos llama mucho la atención que haya salido así, en agosto”. Inma Lozano, miembro de la Plataforma Stop CLM Macrogranjas se ha mostrado sorprendida por las fechas elegidas por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha para abrir el plazo de alegaciones a su nueva Ley de Evaluación Ambiental. Es por eso que este colectivo va a pedir que se amplíe el plazo para poder presentar alegaciones ya que éste, agosto, es un mes en el que la mayoría están de vacaciones y no tienen los instrumentos necesarios a mano para poder estudiar con detenimiento, en el tiempo establecido, esta nueva Ley.

El calendario, en el caso de la provincia de Albacete, tal y como se queja Inma Lozano, no les deja mucho margen de maniobra. “Que lo hagan ahora en agosto nos parece con alevosía y nocturnidad”, explica la miembro de Stop CLM Macrogranjas.

En esa misma línea van las quejas de Manuel Iniesta Contreras miembro de la  Asociación para la Defensa del Patrimonio y Desarrollo de Alpera (ADDA)  a quien también le “choca mucho” que  la consulta salga en pleno mes de agosto. Es por ello que quieren solicitar esa ampliación y  estudiar con detenimiento el texto y poder presentar sus alegaciones, que irán, en este caso, dirigidas especialmente a la instalación de macrogranjas y las restricciones que solicitan.

“Vamos a reivindicar lo de siempre, que haya una inspección fiable”, añade Inma Lozano, que asegura que esta es una de las reivindicaciones de las plataformas contrarias a la instalación de las granjas intensivas de porcino. Y es que, dice, “estamos viendo que no hay técnicos suficientes para controlar lo que luego se hace en esas granjas” y la intención de estas plataformas es que se cumpla  “no sólo con la distancia de la instalación con respecto del núcleo urbano” sino también con la gestión de purines, el bienestar animal o el uso del agua.

Para ello ya se han puesto en contacto con Equo Castilla-La Mancha cuya portavoz, Lola del Olmo, asegura que las alegaciones pretenderán “un mayor control en las inspecciones” una vez que la explotación ya está en funcionamiento.   “También la ley debe controlar”, insiste del Olmo, que asegura que están estudiando “al detalle” el texto. “Menciona la acción de los agentes medioambientales y en este tema nos queremos fijar mucho”, sentencia la portavoz de Equo.

Ecologistas en Acción apunta que la nueva Ley de Evaluación Ambiental implica “un segundo nivel de protección” en lo que tiene que ver con las instalaciones porcinas pero recuerda que “aún debe salir el decreto que las aleja dos kilómetros de los núcleos urbanos. Veremos cuándo sale y en qué condiciones”.

En todo caso, la ley castellano-manchega obligará a evaluación ambiental ordinaria a las explotaciones ganaderas que tengan más de 40.000 plazas para gallinas,  55.000 plazas para pollos, más de  2.000 plazas para cerdos de engorde y más de  750 plazas para cerdas de cría. Unos parámetros que, paradójicamente, se ajustan a un Real Decreto que el Gobierno central va a modificar. “Y no tenemos  todavía borrador, solo un documento de consulta pública para lanzar ideas. Hablamos a meses vista”.

Hay que recordar que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural somete el anteproyecto de esta norma  a periodo de información pública, durante 30 días hábiles, es decir, hasta el próximo 18 de septiembre.

El texto está disponible tanto en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta  como  en las oficinas de la Viceconsejería de Medio Ambiente todos los días laborales durante las horas de oficina, de 9.00 a 14.00 horas.