El colectivo que repobló Fraguas pide a Page una moratoria de cinco años para “eludir la cárcel y legalizar” el pueblo
Fraguas no se rinde. Después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso de amparo que el colectivo presentó a principios de febrero contra la sentencia que les condena a un año y nueve meses de prisión, el colectivo seguirá luchando para sortear su ingreso en prisión y continuar con su proyecto para repoblar la antigua aldea de la Sierra de Guadalajara. Reclaman la absolución para los seis encausados por delitos de usurpación de monte público y ordenación del territorio, y la no demolición de las construcciones que han levantado desde que se asentaron en Fraguas, en 2013.
Isaac Alcázar, uno de los miembros encausados de Fraguas Revive, asegura a eldiarioclm.es: “Era difícil que el Tribunal Constitucional admitiera nuestro recurso, pero insistimos en que todavía hay tiempo de salvar Fraguas y por ello apelamos a dialogar con la Junta de Castilla-La Mancha para evitar la prisión y legalizar el proyecto, que es perfectamente viable”.
El Alto Tribunal argumenta en su decisión que el recurso carece de relevancia constitucional. Esto es, que su resolución no aportaría nada a la causa y, por ese motivo, lo desestima. En la práctica supone que avala la condena que dictó la Audiencia Provincial de Guadalajara (hay que recordar que dicha sentencia cerraba la puerta a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo). Ahora, podría ejecutar la sentencia en los próximos meses.
Pero, antes de que esto suceda, el juez solicitará a la Junta de Castilla-La Mancha que especifique el coste de cada concepto de la responsabilidad civil para llevar a cabo la demolición de las construcciones realizadas en Fraguas. En este sentido, cabe recordar que a cada acusado le corresponde abonar una cuantía determinada, en función del tiempo que vivieron en la aldea y los trabajos que desarrollaron, según recoge la sentencia judicial.
Después, el juez comunicará la ejecución de la condena de forma individual a los seis acusados. En caso de que no abonen de los costes de responsabilidad civil, la pena de cárcel de 1 año y 9 meses por delitos de usurpación de monte público y ordenación del territorio se transformaría en dos años y tres meses, por lo que ingresarían en prisión. En este sentido, Alcázar asegura que “pagaremos la multa, pero no vamos a hacernos cargo de la responsabilidad civil para costear la demolición de unas construcciones que consideramos oportunas y que ayudan a combatir la despoblación de la Sierra”.
Al contrario, el colectivo defiende la opción de que el Gobierno regional autorice una concesión administrativa a largo plazo con la que salvaría y se legalizaría el proyecto de facto.
Erlantz Ibarrondo, abogado defensor de los miembros de Fraguas condenados, afirma a este respecto que “ahora queda pelear la ejecutoria de la condena y cabe la posibilidad de que la Junta de Castilla-La Mancha establezca una moratoria de cinco años como ha ocurrido con otras repoblaciones similares para hacer viable el proyecto, algo que confío que ocurra”.
En la actualidad, viven ocho personas de forma permanente en Fraguas, de las que solo dos forman parte del grupo de encausados. En cuanto al proyecto, éste se concentra principalmente en el cuidado de los huertos ecológicos, mientras que las construcciones se han detenido, a la espera de ver cómo evoluciona el proceso judicial. Además, según ha podido saber este medio, el colectivo redacta un proyecto más pormenorizado en el que detallan algunas de las alternativas que consideran factibles para desarrollar en la aldea como son grupos de repoblación o un centro de interpretación de la naturaleza de la Serranía de Guadalajara. Su intención es presentárselo próximamente a la Administración regional.
Después de que se conociera la decisión del Constitucional, Fraguas Revive y otros movimientos sociales se concentraron ante las sedes de las consejerías de Agricultura en Guadalajara, Barcelona, Valencia, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Orense y Lugo para protestar contra una condena que estiman “injusta” y reclamar que se anule la pena de prisión que pesa sobre ellos. De cara al futuro, el colectivo planifica más acciones pacíficas como campañas en redes sociales y de propaganda con el fin de seguir reivindicando su proyecto de repoblación de Fraguas.
El Juzgado de lo Penal de Guadalajara sentenció, en junio de 2018, a los seis acusados a una pena de 1 año y 9 meses de prisión por ocupar sin autorización la antigua aldea de Fraguas, enclavada en pleno Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Asimismo, el fallo imponía el pago de una sanción de 2.160 euros para cada uno de los afectados, a razón de 6 euros diarios durante 12 meses de cuota diaria. También afrontar el coste, en materia de responsabilidad civil, por la demolición de las construcciones levantadas y la retirada y gestión de los residuos de la antigua aldea de la Serranía de Guadalajara que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fijó en 27.000 euros.
Desde entonces, la defensa ha recurrido la sentencia ante la Audiencia Provincial de Guadalajara, que la desestimó, en enero, ratificando con ello el fallo del Juzgado de Primera Instancia. Ahora, tras el rechazo de amparo del Tribunal Constitucional, Fraguas Revive espera a que la justicia ejecute la sentencia en los próximos meses, aunque se desconoce cómo y cuándo se materializará.
