La nueva Ley de Participación incluirá la “obligación” de cumplir con las propuestas ciudadanas

La última fase de Revisión Ciudadana Final de la Ley de Participación de Castilla-La Mancha se dio por finalizada esta semana. Fueron 570 aportaciones y unas 6.500 visitas las que recibió la plataforma Participa Castilla-La Mancha en el proceso participativo “más amplio y más grande” que se ha vivido en la Junta de Comunidades. Así lo explica el director general de Participación Ciudadana, José Luis García Gascón, que resalta que gracias a los aportes ciudadanos, el articulado de la Ley ha pasado de 66 a 80.

“Es muy satisfactorio”, asegura el director general. En cuanto a porcentajes, cerca del 40% de las aportaciones ciudadanas recibidas se refieren al compromiso y vinculación de la administración pública con las proposiciones a las que se llegue a través de los distintos mecanismos contemplados dentro del texto, cuyo anteproyecto sigue todavía en borrador. “ La ciudadanía ha hablado y ha dicho: nosotros queremos formar parte de las decisiones y de las políticas públicas de la región, creemos que son la base de la democracia y creemos que estamos formados y somos capaces de ejercer este derecho constitucional”, explica García Gascón.

Para el director general, que pertenece a la vicepresidencia segunda de Podemos, esto resulta algo “obvio” ya que se trata de una “necesidad social” y por eso “queremos que se desarrolle de manera efectiva y con garantías”. Por ello, explica que hace falta que se plasme una transparencia sobre lo que se aporta y que esto, además, tenga efecto en las políticas públicas. “Hemos cogido esta voluntad y la hemos tratado de trasladar a la Ley”, explica Gascón, que señala que es de esta manera que se ha ampliado el articulado.

En el nuevo borrador del anteproyecto, explica, se puede acceder directamente a las propuestas que se han hecho a través de la plataforma digital. Otro de los cambios que se han hecho es cambiar las palabras 'podrá' por 'deberá' a la hora de mostrar los deberes de la administración y, junto a ello, se ha creado un sistema administrativo que “obliga al compromiso de la administración” con las propuestas. Será a través de los llamados 'convenios', una figura que se ha introducido en el nuevo borrador. “Esto existía ya entre administraciones públicas, pero proponemos que lo haya también en este ámbito, para tener una garantía legal”, asegura.

“Nuestra idea es que haya una serie de procedimientos que sean crecientes en la medida en que se tenga que decir que no a los resultados que la ciudadanía ha obtenido por consenso”, explica el director general. Ahora, la dirección general deberá presentar el anteproyecto definitivo, que pasará luego por el gabinete jurídico y también por un informe de función pública, y que se incorpora la creación de un cuerpo de funcionarios con el texto. Igualmente, se debe crear una memoria económica, y puede que también pase por el Consejo Regional de Municipios, para luego llegar al Consejo Consultivo y finalmente a las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Dará tiempo a aprobarse antes de que acabe la legislatura? “ Tiene que dar tiempo. Esperamos llevarlo a las Cortes en otoño y, a partir de ahí, tenemos meses y dos períodos de sesiones para aprobarse. Esperamos que no haya problema”, sentencia Gascón. Además, recalca el director general, el proceso de participación no acabará aquí. “Queremos que la ciudadanía pueda seguir participando hasta que llegue a las Cortes y que vayan evaluando los pasos que se siguen. Abrimos así una fase de seguimiento y evaluación, para que vayan viendo las modificaciones legales o políticas que se lleven a cabo”. Y es que, recalca, es importante que la transparencia “no se pierda” en estos procesos.

Participación en el ámbito local

García Gascón asistió recientemente al último encuentro estatal de Leyes de Participación en Oviedo y también se reunió con la directora general de Transparencia y Participación de la Comunidad Valenciana esta misma semana. Se trata de parte del trabajo de compartir “aprendizajes, experiencias, avances y limitaciones” dentro de las políticas de participación ciudadana. Otras regiones, como Asturias, Cantabria, Navarra, fueron parte del encuentro estatal que sirve como un punto de intercambio de información.

“Estamos llegando a soluciones muy similares, sin habernos puesto de acuerdo antes. Es muy llamativo, porque son elementos muy novedosos que suponen un análisis jurídico, porque hasta ahora no se había trabajado. Estamos trabajando todos a la vez, y casi sin ponernos de acuerdo”, explica el director general. Donde han encontrado más debate es en el ámbito local y en cómo estas leyes pueden aplicarse al mismo, debido a las competencias de las distintas administraciones. “Todas las comunidades lo incluyen, porque se ha llegado al consenso de que una Ley de este tipo tiene que permitir desarrollar herramientas que fomenten la participación a nivel local”.

“Tenemos que destacar que lo que estamos desarrollando es un derecho que está en la Constitución, y que no está desarrollado a nivel orgánico estatal. Por eso hemos decidido dar este empuje a este derecho”, explica Gascón. Entre otros elementos comunes que han encontrado los distintos Gobiernos, se encuentra la necesidad de que no sean sólo las administraciones las que impulsen estos canales de participación, sino también la ciudadanía. Todas contemplan también la posibilidad de desarrollar presupuestos participativos.