Nueva polémica entre cazadores y animalistas por el ámbito de aplicación de la futura Ley de Bienestar Animal
Un reciente cambio en el borrador del anteproyecto de la futura Ley de Protección Animal de Castilla-La Mancha ha provocado, otra vez, el enfrentamiento entre los cazadores y los animalistas. En el último texto publicado, que todavía está pendiente de luz verde en el Consejo de Gobierno y de su tramitación en las Cortes, se ha admitido parcialmente una alegación presentada por varios colectivos cinegéticos mediante la cual se estipula que quedarán fuera del ámbito de aplicación de esta norma “los animales que participen en actividades cinegéticas, exclusivamente durante el tiempo de participación en las mismas”. Así figura en el informe de alegaciones realizado por la directora general de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce, y en el segundo borrador del anteproyecto.
Previamente, el borrador de esta ley excluía de su ámbito de aplicación solo a la fauna silvestre, a los animales de producción, a los utilizados en espectáculos taurinos populares autorizados y a los usados para experimentación y otros fines científicos.
Ahora también figuran como excepción a los animales que “participen” en actividades de caza. Se trata de un enunciado que recoge, en parte, la petición de la Asociación Española de Rehalas, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, APROCA, ATICA, o la Fundación Artemisan. La propia federación ha emitido un comunicado en la que celebra que se haya incluido esta petición, dando por hecho que con ello se excluye al sector cinegético de la aplicación de la futura Ley de Protección de los Animales Domésticos.
En el borrador de esta norma se incluyen sanciones de hasta 60.000 euros por “maltratar o agredir a los animales o someterlos a cualquier práctica que pueda producir daños o sufrimientos innecesarios o injustificados, causándoles lesiones, deformidades, defectos o la muerte”. Fuentes del Gobierno regional han indicado a eldiarioclm.es que la aceptación parcial de esa alegación no significa que los cazadores puedan maltratar a sus galgos y podencos con impunidad sino que se ha incorporado para que la actividad cinegética en sí, un sector económico muy importante en Castilla-La Mancha, no sea considerada como maltrato animal.
Aseguran desde la Consejería de Medio Ambiente que las futuras sanciones se aplicarán igualmente a los cazadores en caso de que incurran en delito y que en ningún momento les permite causar ningún daño a galgos, podencos u otras razas de perros utilizadas para la caza. De hecho, así lo ha dado a entender en respuesta a otras alegaciones dentro del proceso de información pública.
Una oportunidad “perdida”
Sin embargo esta cuestión ha provocado la inmediata reacción del Partido Animalista PACMA. Ha acusado Acusó al Gobierno castellano-manchego de “perder la oportunidad” de poner en marcha una ley “a la altura de las actuales demandas sociales, tras más de 28 años de espera”. También arremete contra el hecho de que no se hayan admitido sus alegaciones en las que pide el ‘sacrificio cero’, la prohibición de mantener a los animales encadenados de forma permanente o la prohibición de los circos con animales.
En el Ejecutivo castellano-manchego no comparten esta postura. Argumentan que el ‘sacrificio cero’ hoy por hoy no es posible y que por ello en la exposición de motivos del anteproyecto se marca el objetivo de lograrlo pero bajo excepciones como razones sanitarias y seguridad de las personas. Respeto a la prohibición de tener permanentemente atados a los animales, el anteproyecto así lo estipula cuando ello haga sufrir a los animales pero establece que los requisitos se desarrollarán reglamentariamente. En cuanto a los circos, recuerdan que la ley prohibirá aquellos que trabajen con animales salvajes, un compromiso que se mantiene desde el inicio del proceso para elaborar la nueva norma.
Lo cierto es que no es la primera fricción que se produce entre la futura Ley de Protección Animal y el sector de la caza. Este último ya había solicitado también que se eliminara de la nueva norma la prohibición del tiro al pichón, que por ahora se mantiene. De igual forma, ha provocado cierta polémica que en la reforma de la Ley de Caza siga sin eliminarse la posibilidad de disparar a los denominados “animales asilvestrados”, aunque en el nuevo texto se prioriza su “captura en vivo”.
