Podemos pide “no demonizar” los trasvases pero sí acabar con los “negocios oscuros” del agua

Podemos ha presentado la 'Declaración del Agua', un documento con 24 acciones que quiere impulsar una gestión hídrica “sostenible, pública y participativa” en todo el país y lograr así “superar enfrentamientos entre regiones” y garantizar los recursos a generaciones futuras. A su presentación han acudido representantes de Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana, y quiere ser “más” que una declaración de intenciones“ y no quedar en ”letra muerta“, como consideran que ha ocurrido con otros pactos de Estado.

De este modo, quieren sentar las bases para la gestión del agua, con medidas que ya están en marcha, según explicaron, pero han explicado que “con el PP y Ciudadanos va a ser muy difícil ponerse de acuerdo” y con el PSOE lo intentarán “hasta el final”. Así lo señaló el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín. Para empezar, quieren asumir de manera “decidida” los retos que supone el cambio climático y también las “presiones privatizadoras para hacer del agua una mercancía en lugar de un bien común”. Podemos apuesta así por trabajar desde todas las comunidades por alternativas a las “políticas erráticas” de las últimas décadas en torno al agua.

Igualmente, ven “imprescindible” recuperar los principios de unidad de cuenca, solidaridad y equilibrio territorial, ya que consideran que es “insensato basar el futuro de regiones vulnerables en nuevos aportes externos”, y se muestran en contra de “auspiciar trasvases para gestionar futuras sequías”. De todos modos, puntualizan que “no se trata de demonizar presas ni trasvases; ni aeropuertos ni autopistas; sino de evitar oscuros negocios, usando dinero público, en aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches y presas y trasvases sin agua”.

Entre las propuestas se encuentra la de respetar los regímenes de caudales ecológicos, acabar con la “opacidad institucional” o también permitir concesiones en base a la disponibilidad de agua. Además, se trata de revisar la relación de confederaciones con municipios, reforzar las comunidades de regantes, y detener el “despilfarro” en “grandes obras conflictivas”, y finalmente eliminar el “mercadeo del agua” de los contratos de cesión privados, y acabar de forma “contundente” con los pozos y regadíos ilegales.

El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha recalcado que en la gestión del agua también influye “la transformación que se está experimentando en la sociedad”, tal como ha ocurrido con el Acuerdo Social del Agua, documento firmado por numerosas organizaciones sindicales, ecologistas y partidos políticos bajo la premisa. Así, ha querido destacar el “cambio de la cultura política”.

Para García Molina esto se evidencia en un acuerdo presentado por secretarios generales de la formación de distintos territorios, como Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia o La Rioja, lugares “donde siempre ha primado la batalla por el agua y el interés partidista”. Por eso, ha expresado la “necesidad” de que los políticos presenten atención no solo a lo que la naturaleza dice, sino también a los técnicos y especialistas “para saber cuales son las herramientas e infraestructuras necesarias para obtener una gestión responsable y sostenible de un bien, el agua, que la naturaleza nos da”.