Las comunidades podrán ajustar el criterio de movilidad de trabajadores agrarios en función de su estructura territorial

Las comunidades autónomas podrán ajustar el decreto 13/2020 que flexibiliza la contratación en el campo en función de la estructura territorial teniendo en cuenta el despoblamiento o la dispersión de municipios.

El decreto señala que se entenderá que existe proximidad  geográfica cuando el domicilio del trabajador o el lugar en que pernocte temporalmente, mientras se desarrolla la campaña, esté en el mismo término municipal o en términos municipales limítrofes del centro de trabajo, según ha señalado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Precisamente las medidas que pone en marcha este decreto, que fue convalidado el miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputado, ha sido el tema principal de la la Comisión Regional de Flujos Migratorios que  se ha celebrado hoy presidida por el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca.

Tierraseca ha manifestado que “la disponibilidad de mano de obra para las próximas semanas se centra en las personas trabajadoras, nacionales y extranjeras, que en la actualidad se encuentran en territorio español”.

El Decreto Ley flexibiliza la contratación en el campo ante la falta de mano de obra por la crisis del coronavirus, y permite la contratación de parados que seguirán cobrando la prestación por desempleo, así como de colectivos de inmigrantes, y ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley, por lo que podrá introducir cambios.

Aprobado el pasado 7 de abril, y en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el citado decreto ley recoge medidas urgentes para poder garantizar la producción de cara a las próximas campañas agrícolas, que necesitan entre 75.000 y 80.000 trabajadores, así como el abastecimiento a la población.

Así, permite compatibilizar a los desempleados las tareas del campo, desarrolladas en su término municipal o colindantes, con la prestación por desempleo, subsidio agrario o una renta agraria.

Precisamente Tierraseca ha detallado que “estas medidas son compatibles con todas las prestaciones y subsidios siempre que no sean las derivadas de la COVID-19”.

También permite acceder a estos trabajos aquellas personas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Igualmente, pueden acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, que tengan entre 18 y 21 años, a los que se facilitará el permiso de trabajo para incorporarse a estas tareas en el campo.

Quedan excluidos de poder compatibilizar tareas del campo y prestaciones sociales aquellos trabajadores vinculados a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado por el coronavirus y por la disminución de actividad vinculada a trabajadores por cuenta ajena, al tener ya una financiación y cobertura propia.

La convalidación ha sido respaldada por el PSOE, Vox, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Junts, PNV, EH-Bildu, UPN, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC y Foro Asturias, mientras que el PP, la CUP y el BNG han decidido abstenerse. Ningún partido ha votado en contra.

Sin embargo, la oposición ha forzado su tramitación como proyecto de ley con el fin de proponer enmiendas al decreto, pese a la oposición de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Nueva Canarias.