“El bienestar animal no se conseguirá con una ley, sino con un cambio de mentalidad de productor y consumidor”

Castilla-La Mancha prepara una Ley de  Protección y Bienestar Animal que aún no ha recibido luz verde del Consejo de Gobierno y que está pendiente de tramitación en las Cortes regionales. Se trata de una norma que, en su redacción inicial, solo contempla a los animales domésticos sin incluir a los llamados  “animales en producción”  que se encuentran en granjas o macrogranjas.  

El tema en la región está de plena actualidad, debido a la proliferación en los últimos meses de nuevos proyectos para poner en marcha explotaciones ganaderas, en particular de cerdos o de pollos, y que está suscitando una amplia protesta ciudadana en todas las provincias. También el tema ha cobrado mayor protagonismo tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha cuyo trasfondo es el bienestar animal en los mataderos.

Oyba Valenzuela es abogada y forma parte de la Comisión de Derecho Animal en la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ). “Igual no hay que regular deprisa y corriendo”, sostiene, porque “la temática es compleja y se necesitan aliados en esta batalla. Luchando sin aliados no se logra nada burocráticamente”. Tampoco cree que  el objetivo del bienestar animal vaya a conseguirse “con una ley o reglamento sino con un cambio de mentalidad en el productor y el consumidor”.

En este sentido, abunda, “la implementación de cualquier normativa requiere una estrecha colaboración entre los agentes que intervienen en todo el proceso del bienestar animal, no solo en su muerte”. Resalta el papel de los medios de comunicación a la hora de “visibilizar” los distintos aspectos vinculados al bienestar animal y lamenta que  “en cuanto a derechos de los animales se estén haciendo muchas cosas a golpe de sentencia”.

Pone como ejemplo recientes decisiones judiciales en Cáceres o Valladolid que reconocen la individualización de las penas por maltrato animal. “Hasta ahora se juzgaba un único maltrato aunque se matara a diez animales. Eso no ocurre con las personas, te juzgan por diez asesinatos”.

Son, dice, “pequeños pasos” que se están consiguiendo desde la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ), a través de su Comisión de Derechos de los Animales.

Oyba Valenzuela dice estar implicada en la lucha por el bienestar animal porque se muestra convencida de que  “dependiendo de cómo  trate a los animales, a las mujeres, a los ancianos o los niños construiremos un tipo u otro de sociedad y eso va más allá de la normativa”. Y, añade, “aunque el Tratado UE reconoce a los animales como seres sensibles, las leyes sobre el bienestar animal no tienen ningún sentido sin el compromiso de los ganaderos, los veterinarios, los transportistas, los agentes del orden público, los minoristas, los investigadores, los educadores y los ciudadanos”.

Una legislación nacional y por comunidades autónomas “obsoleta e insuficiente”

En España existe un Código de Protección y Bienestar Animal que recoge la legislación vigente en todo el  territorio nacional. La última actualización tiene fecha de 16 de abril de 2018.

Valenzuela apunta que aunque se ha regulado “bastante” respecto a los mataderos y al transporte de los animales de explotaciones ganaderas, “todavía tenemos el desarrollo y vida de los animales de las explotaciones ganaderas”.

No ahorra calificativos para la situación de la legislación vigente en España. “Resulta obsoleta, insuficiente, parcial y dispersa. Tenemos tantas leyes de protección animal como comunidades autónomas, lo que dificulta una real y efectiva protección de los animales que, dependiendo de en qué comunidad autónoma se encuentren, recibirán un mayor o menor grado de protección”.

Reclama una “necesaria y urgente ley de armonización, una ley que unifique conceptos, obligaciones, infracciones y sanciones. Una regulación actualizada e integradora, que siente las bases, los principios y las normas esenciales para alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar para los animales que se encuentren en todo el territorio español”.

Falta “requisitos armonizados” en la Unión Europea

La dispersa y variada normativa española en sus comunidades autónomas no es más que el reflejo de lo que ocurre en el conjunto de la Unión Europea. El bienestar animal en granjas ya fue recogido en la Convención Europea para la Protección de los Animales mantenidos con fines agrícolas. Se resume en las llamadas ‘cinco libertades’ para los animales: libertad del hambre y la sed, de incomodidad,  de dolor, lesiones y enfermedades, libertad para expresar un comportamiento normal y libertad del miedo y la angustia.

Y sin embargo, señala Oyba Valenzuela, “la Unión Europea reconoce en su último informe que no existen requisitos armonizados para evaluar el bienestar animal en las granjas”  y admite la necesidad de “hacer algo de forma urgente”, explica.

“La educación es fundamental desde edades tempranas y desde la transversalidad”, es otra de las cuestiones que se apuntan desde la Unión Europea, al igual que la  necesidad de la creación “estandarizada” de indicadores para garantizar el bienestar animal desde una base científica.  Hay varios certificados, pero ninguno es oficial. “El Welfare Quality es un punto de partida y se desarrolla a través de partners pero sin el reconocimiento institucional que debería tener”, sostiene la abogada.

 

“Lo que pasa en las granjas nos lo llevamos a la boca y la gente está cada vez más concienciada para saber de dónde viene lo que come, en qué condiciones se han criado los animales y es importante que se empiece a regular en serio”.

Los certificados de competencia en  bienestar animal

La Comisión Europea viene adoptando en los últimos años una abundante legislación relativa a la protección animal alcanzando, según la abogada, “los niveles de protección más elevados del mundo” incluyendo al personal que realiza operaciones de sacrificio y que debe poseer la capacidad, el conocimiento y la competencia profesional adecuada.

Recuerda que “la matanza puede provocar dolor, angustia, miedo u otras formas de sufrimiento a los animales, incluso en las mejores condiciones técnicas disponibles”. De hecho apunta que “algunas operaciones conexas a la matanza pueden resultar estresantes y toda técnica de aturdimiento exige determinadas condiciones técnicas que, debido a su complejidad, no siempre ofrece buenos resultados” y por eso las empresas o personas implicadas en el proceso “deben comprobar que el aturdimiento se dé en la práctica para que el animal muera sin recuperar la consciencia”.

En Castilla-La Mancha fue el Gobierno de Dolores de Cospedal el que en febrero de 2015 reguló a través de la Consejería de Agricultura las actividades de formación en bienestar animal que hoy mantiene el actual Ejecutivo regional. Una norma que estableció “el procedimiento de obtención y expedición de los certificados de competencia en bienestar animal y el de competencia a las personas y agentes que intervienen en la cría, cuidado, manejo en granjas de animales de producción, otros núcleos zoológicos, operaciones en mataderos y en el transporte de animales”.

Estos certificados en competencia del bienestar animal los tienen también otras comunidades autónomas. Y a ellos hay que sumar el sistema de inspecciones veterinarias que lleva a cabo la Consejería de Sanidad. Aquí acaba la regulación regional de protección para los animales en explotaciones ganaderas o mataderos.

Administraciones y consumidores, protagonistas a la hora de impulsar cambios

Oyba Valenzuela aboga por un debate en profundidad en el que se impliquen las distintas administraciones más allá de las buenas prácticas. “Para mí lo más grave es que tenga que estar sujeto a la voluntad política. Si hay una normativa no debería verse afectada por el hecho de que seas de un partido político u otro. Da igual, hay que aplicarlo, es la ley”. Resalta las diferencias que existen entre distintas comunidades autónomas, más o menos “laxas”.

“La gente es cada vez más consciente de los derechos de los animales pero hace falta más regulación” insiste, teniendo en cuenta los datos que apuntan a que el  ciudadano europeo come alrededor de 80 kilos de carne al año. “Los consumidores pueden impulsar grandes cambios si llegan a ser conscientes de la relación entre el bienestar animal y la calidad de la carne”.

Y es que, abunda, “cada vez son más los consumidores que se preguntan si es ético ingerir alimentos para cuya producción se restringen las necesidades de los animales hasta tal punto que resulta claro a cualquier persona percibir que ellos sufren”. En este sentido se pregunta si es “aceptable que sean manejados, transportados y sacrificados de forma despreocupada sólo porque de todas formas están destinados a morir”.