Más cesión de suelo, menos desahucios: propuestas para la “escondida” Ley regional de Vivienda

Cuando hace cuatro años comenzó a redactarse el anteproyecto de Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional convocó a varios colectivos, asociaciones y federaciones para su redacción. Cuando el proyecto estuvo listo, también recibió decenas de propuestas en el periodo de información de información pública. El texto, uno de los más complejos del Ejecutivo de Emiliano García-Page, no llegó a aprobarse. Las causas que esgrimieron unos y otros son diferentes. Mientras que por un lado se apuntaba al “bloqueo” de Podemos -entonces en el Gobierno- , por otra parte se hablaba de la situación de inestabilidad política en el país, puesto que varios de sus contenidos dependen o están vinculados de una u otra manera a la legislación estatal de vivienda.

Pero ahora, con la legislatura ya en marcha, el Gobierno castellanomanchego ha retomado esta iniciativa. Un nuevo grupo de trabajo de la Consejería de Fomento que ahora gestiona Nacho Hernando está revisando el texto y es probable, según fuentes consultadas por eldiarioclm.es, que aborde algunos cambios. De momento, la directora general de Vivienda, Inés Sandoval se ha reunido con varios colectivos para recabar opiniones. Hemos hablado con algunos de ellos y también con otros que participaron al principio pero que no han sido convocados, al menos todavía, en esta segunda tanda.

Entre estos últimos se encuentra la Plataforma Antidesahucios (PAH) de Castilla-La Mancha. Hace cuatro años participó de manera activa y muy crítica en las primeras líneas del borrador. Ahora afirman que la norma está “escondida en un cajón” y que su reforma se está haciendo “de tapadillo” porque cambiarán algunas medidas innovadoras. Se refiere con ello a la más novedosa de ellas: el hecho de que el Gobierno regional pueda obligar a los bancos a ofrecer soluciones habitacionales antes de desahuciar. “Eso es algo que debe cumplirse y ser vinculante y no existe ninguna garantía de que vaya a ser así”, afirma su portavoz, Gema Martín Llop.

Esta plataforma destaca que tanto la Administración autonómica como la estatal no pueden obviar que el número de lanzamientos judiciales por impagos del alquiler “sigue creciendo” sin que se aporten “soluciones claras” por lo que cualquier regulación a nivel autonómico puede sentar un precedente en este sentido. “Aunque creemos que este no será el caso”, concluyen, señalando que no han sido convocados a la nueva ronda de contactos porque son “incómodos”.    

Las cooperativas, una salida para jóvenes y mayores

Con la directora general de Vivienda sí que se ha reunido recientemente la Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de Castilla-La Mancha (Mancovi). Las cooperativas, en sus múltiples variantes, se han convertido en una fórmula de gestión alternativa al modelo de mercado ante una temida nueva burbuja. Desde esta asociación, Jesús Blanco dice no conocer al detalle los pormenores de la ley pero sí hace hincapié en dos cuestiones: la necesidad de tener en cuenta el derecho constitucional a la vivienda para jóvenes y para las personas mayores; y la idiosincrasia de determinadas ciudades como Toledo y su Casco Histórico, en lo referido a la rehabilitación edificatoria.

Pero en lo referido al modelo cooperativo, concreta que, puesto que existe un “exceso de vivienda en oferta de promoción privada” y al mismo tiempo un “déficit de puesta en mercado de suelo público con dificultades para venderse”, ambas situaciones deben compensarse con unos precios asequibles. “Si ya con las posibilidades actuales de acceso al suelo estamos limitando instrumentar actuaciones que vayan a o colectivos de jóvenes o mayores que no encuentran cabida en la oferta de mercado, si no lo regulamos, les estamos dejando al margen, cuando se trata de un derecho básico constitucional”.

Por todo ello, desde esta federación piden que cualquier ley sobre vivienda, no solo la castellanomanchega, promueva ofertas de suelo público que pueda cederse en uso a las cooperativas que lo gestionan y que por ley no pueden lucrarse con ello. Concluye que existe una gran parte de la población que demanda “seriedad” en este tipo de políticas, y que no solo accederían a la fórmula de vivienda colaborativa por la mera cesión: “La cuestión también sería establecer a qué precio se cede”.

Precisamente, las cooperativas tienen el mandato europeo de encargarse también de los modelos de rehabilitación de viviendas. Sobre este asunto, el borrador del anteproyecto de ley no abunda demasiado, aunque sí que se han ido aprobando sucesivas ayudas y decretos al respecto: rehabilitación o Informe de Evaluación de Edificios (IEE).

El gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo y experto en Gestión de la Ciudad, Luis Enrique Espinoza, comenta a este respecto que las políticas de rehabilitación deben ser una prioridad puesto que el parque de vivienda “está envejeciendo”. Un informe reciente de Naturgy alerta de que dos tercios de los hogares castellanomanchegos con pobreza energética tienen más de 25 años. “La acción rehabilitadora debe abordar la accesibilidad y también la eficiencia y el ahorro energético buscando el confort térmico, prevenir la pobreza energética y combatir el cambio climático”.

Aboga en este sentido por la creación de oficinas técnicas de fomento de la rehabilitación con la implicación de ayuntamientos y colegios profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos. En ellas se estudiaría el potencial de la rehabilitación en cada barrio y se prestaría asesoramiento para acceder a las ayudas a la rehabilitación del Plan regional de Vivienda a familias y comunidades de vecinos. Junto a ello, también propone aplicar las ordenanzas de conservación y exigencia del Informe de Evaluación del Edificio con criterios preventivos, “buscando la seguridad, el ahorro, la rehabilitación y el confort”; así como orientar las ayudas prioritariamente a la rehabilitación destinada al uso residencial y en especial al alquiler.

A este respecto, la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Elena Guijarro, pone también el acento de manera especial en la rehabilitación energética y las condiciones de habitabilidad. Actualmente esta es una de las cuestiones en la que se están centrando estos profesionales, sobre todo porque están comprobando de primera mano “la gran cantidad de problemas” que hay en la región a la vista de expedientes de viviendas, sobre todo de personas mayores. Se han reunido también con la directora general de Vivienda y con los técnicos de la Consejería de Fomento para ver la forma de agilizar los “agilizar y simplificar” los trámites de ayudas, además de fomentar su promoción “para un mejor conocimiento de la ciudadanía”.

Las medidas sociales

Y es que el componente social de la futura norma es fundamental. El Colegio de Trabajo Social de Castilla La Mancha participó en el proceso de elaboración del primer borrador reivindicando que garantizara el derecho al acceso a una vivienda digna a todas las personas. Su postura no ha cambiado. Como colectivo profesional plantea que debe ir orientada a la prevención de desahucios, y debe ofrecer una alternativa habitacional en los supuestos en los que se acabe produciendo, en una actuación coordinada con los servicios sociales.

También insisten en solicitar la mejora de los procesos de adjudicación de vivienda pública, incorporando criterios sociales al procedimiento que permitan el acceso a colectivos vulnerables que tiene más dificultades para encontrar una vivienda, pasando obligatoriamente por la ampliación del parque público destinado a alquiler. “Si bien el borrador inicial era muy ambicioso, desde el Colegio de Trabajo Social creemos que no se debe renunciar a estas cuestiones que en definitiva hacen que la vivienda cumpla la función social que prevé la constitución”.

Los trabajadores sociales tocan aquí un tema muy sensible: el del alquiler. A este respecto, el gerente de la EMSV de Toledo, precisa que hay un potencial de “demanda insatisfecha”, sobre todo entre jóvenes, por una reducida oferta con precios al alza. ¿Cómo combatirlo? Propone desarrollar un programa de movilización de vivienda hacia este mercado con incentivos como la bonificación del IBI e intermediación de Junta y ayuntamientos. Pero también abordar la regulación de viviendas de uso turístico mediante ordenanzas que complementen la normativa autonómica y “que haga compatible este uso con el residencial sin deteriorar la convivencia de visitantes y vecinos”.

Otras medidas que apunta este experto en cuanto al arrendamiento son: la concertación interadministativa en la gestión del parque de vivienda de alquiler social de la Junta de Castilla-La Mancha para abordar los posibles problemas de convivencia, deterioro físico de los inmuebles y prevenir situaciones de exclusión; e incrementar el parque de vivienda en alquiler mediante promoción directa y acuerdos con promotores o propietarios privados.

Finalmente, el papel que destina el actual anteproyecto a los ayuntamientos es muy amplio y abarca todas las áreas. El secretario general de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, Tomás Mañas, destaca la importancia del nuevo grupo de expertos, cuya función principal, es conseguir que la norma “tenga permanencia en el tiempo”. “Hay que adaptarlo a la realidad de nuestra comunidad autónoma y en ello tienen mucho que decir las ciudades y pueblos”.

Considera de hecho que aunque esta ‘segunda vuelta’ tomará su tiempo, es importante abordar y aprobar este proyecto de ley “con urgencia y cuanto antes” porque “hay muchos ayuntamientos que tienen la necesidad acuciante de empezar a regular determinadas cuestiones como el parque de viviendas vacías, especialmente en zonas como La Sagra y el Corredor del Henares”.

Por eso, la Federación está a la espera de que se les entregue el nuevo anteproyecto para realizar las aportaciones oportunas. “Los alcaldes son la primera vía directa de comunicación con sus vecinos y en este tema es aún más importante que tenga en cuenta su opinión”.