Proceso de escolarización: “distrito único” versus “zonificación” (y II)

El análisis del modelo de zonificación presenta más ventajas que inconvenientes.

Desde un punto de vista pedagógico, permite la coordinación entre centros de una misma zona y la posibilidad de plantear un trabajo en equipo que redunde en beneficio del alumnado, puesto que al crearse lazos entre centros de infantil, primaria y secundaria es posible un seguimiento del desarrollo del alumnado durante la educación obligatoria y una estrategia conjunta de intervención.

Desde un punto de vista socioeconómico, presenta un plus que redunda en un beneficio social intangible pero valioso. Por un lado, genera más cohesión social al potenciar la relación centro educativo/casa del alumnado y al intensificar su vida social y su vinculación con el barrio. Además, esa sensación de pertenencia y arraigo se traduce en una mayor vertebración social y en el trenzado de un tejido social más compacto. Por otro lado, permite que los centros educativos reflejen la diversidad que existe en la sociedad, variable enriquecedora que prepara al alumnado para la vida adulta. Además, reduce la necesidad de transporte, disminuyendo los problemas de movilidad urbana, sobretodo en horas punta.

Desde el punto de vista de la Administración,  la zonificación también facilita el trabajo. A través de proyecciones demográficas se puede planificar el crecimiento de los centros y prever sus necesidades, tanto en recursos materiales como en número de docentes. Además, se puede evitar la saturación de centros que se hayan puesto de moda por determinadas circunstancias.

En otro orden de cosas, es necesario no obviar que la consecuencia más negativa de la zonificación es que un centro educativo reproduce el status socioeconómico del barrio donde se asienta. Este problema debe ser afrontado con una política educativa que dote de más recursos y profesionales a los centros de áreas deprimidas con el objetivo de que el contexto socioeconómico pueda condicionar, pero nunca determinar, el desarrollo potencial del alumnado. De este modo, y de manera real y efectiva, desde la política se construye la igualdad de oportunidades y la cohesión social, o en otras palabras, se construye pueblo, se construye ciudadanía. 

Una conclusión final, tan válida como tantas otras

En el argumentario de los defensores del distrito único y la libertad de elección de centro se encumbra el principio de libertad. Sin embargo, si abandonamos el nivel epidérmico y traspasamos ese corsé justificativo hallamos, oculto bajo una aureola de derechos y libertades, un modelo economicista de marcados tintes neoliberales. Este modelo emana por doquier, generando incluso cierta confusión conceptual. Así, cuando se utiliza la noción de 'derecho de elección' da la impresión de que se alude a la idea de 'derecho del consumidor'. Ademas, la proyección de la noción de competitividad al sistema educativo revela una concepción mercantilista y empresarial que entra en conflicto con el ejercicio de un derecho constitucional.

Y es que este modelo economicista renuncia a entender la educación como un derecho de la ciudadanía que el Estado tiene la obligación de ofrecer por mandato constitucional, se niega a aceptarlo. En su lugar, desea imponer una visión mercantilista en la que la educación es un producto que los clientes elegimos y consumimos, ofertado y vendido por empresas que conforman un gran supermercado educativo y cuyo objetivo es obtener un beneficio económico. De esta forma, el derecho se pervierte, la educación se mercantiliza, y el ciudadano se rebaja a la categoría de mero cliente, quien previo pago accede a lo que antes le correspondía por mandato constitucional. ¿Y qué pasa pues con quien no puede pagarlo?

Otro argumento esgrimido por los defensores del distrito único y la libertad de elección de centro es la legitimación constitucional, defendiendo que atentar contra este principio es conculcar un derecho constitucional que les asiste. Desde aquí invitamos al lector a leer el Artículo 27 de la Constitución española. Por más que releemos, por más que estiramos y retorcemos el articulado, somos incapaces de encontrar atisbo alguno del principio de elección de centros en nuestra Carta Magna.

En Podemos Castilla-La Mancha defendemos abierta y públicamente la libertad de las familias para elegir entre centros públicos y centros privados. No obstante, consideramos que la apuesta por la libertad de elección de centro no es sinónimo de libertad y su potenciación en el sistema educativo no aumenta el grado de libertad del conjunto de la sociedad. Paradójicamente sucede lo contrario, se genera una asimetría que deviene en una mayor desigualdad social, fruto de la segregación y polarización del alumnado en torno a minorías articuladas por afinidad ideológica y con un cierto status socioeconómico y a una gran mayoría desvertebrada, condenada a la exclusión social, a formar guetos y a perder la posibilidad de contar con la educación como un mecanismo de promoción social.

Estos daños colaterales hacen que este concepto de libertad pierda su carácter de principio universal y nos traiga a la mente, por ejemplo, los escritos de Séneca, quien teorizaba brillante y elocuentemente sobre la idea de libertad, al tiempo que no concebía un mundo romano sin la existencia de esclavos. O lo que es lo mismo, un concepto de libertad en abstracto que ignora las muy humanas y sociales circunstancias que la hacen posible. Por todo esto, en Podemos Castilla-La Mancha defendemos que la libertad de elección debe estar supeditada al derecho a la educación de toda la ciudadanía, y no a la inversa.

Qué hacer desde la política

Desde la responsabilidad política consideramos que el diseño y la gestión del sistema educativo de Castilla-La Mancha, con cientos de millones de euros de presupuesto, enormes recursos y más de 25.000 profesionales implicados, no puede estar al albur del capricho efímero de las familias que se decanten por unos centros u otros siguiendo modas o tendencias. En coherencia con nuestros principios, el pasado mes de febrero nuestro grupo parlamentario presentó una proposición no de ley (PNL) en las Cortes por la que se instaba al Gobierno regional a construir un nuevo modelo de zonificación de cara al próximo curso escolar 2016/17.

Consternados quedamos cuando la PNL fue rechazada con los votos en contra del PP –hecho presumible y coherente- y la abstención del PSOE. Esta posición del PSOE les hace corresponsables de las consecuencias que el distrito único genera en el sistema educativo de nuestra región puesto que, por acción u omisión, o de manera consciente o inconsciente, se está afianzando uno de los instrumentos al servicio del mayor riesgo que se cierne en la actualidad sobre la educación pública, que no es otro que el proceso de mercantilización y de privatización encubierta puesto en práctica y potenciado por las políticas neoliberales.

Esperamos que el reciente cambio de consejero dé pie a una profunda reflexión y a una rectificación al respecto. Mientras, en Podemos Castilla-La Mancha nos mantendremos siempre vigilantes, conscientes de que esta amenaza atenta contra los principios democráticos más básicos de igualdad, justicia social y libertad de la ciudadanía de nuestra tierra.