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Las plataformas de la España vaciada ultiman una propuesta de pacto de Estado que trasladarán al Gobierno

Cabecera de la manifestación con miembros de las plataformas de Castilla-La Mancha FOTO: Raquel Gamo

Raquel Gamo

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La España vaciada avanza en sus reivindicaciones y lo hace de forma unida. Esa es una de las principales conclusiones que se pueden extraer de la primera reunión que este movimiento social contra la despoblación rural mantuvo el pasado 22 de junio, en Madrid, después de la multitudinaria manifestación del 31 de marzo a la que se adhirieron casi un centenar de colectivos. Al encuentro, celebrado en la Casa de Soria en la capital, acudieron representantes de 35 plataformas procedentes de 22 provincias, lideradas por Teruel Existe y Soria Ya, entre las que se encontraban cuatro de las asociaciones castellano-manchegas: La Otra Guadalajara, Cuenca Ahora, Paisanos de Sancho y SOS Talavera y Comarca.

Una de las decisiones alcanzadas fue la de constituir una coordinadora nacional de la España vaciada para reforzar su acción en busca de soluciones a la lacerante despoblación rural que afecta a la mitad del territorio español. En torno a esta nueva organización, integrada por las asociaciones que se dieron cita en la concentración más otros grupos rurales que se sumarán próximamente, este movimiento reclama al Gobierno que considera a la despoblación como “una cuestión de Estado” y adopte medidas inmediatas en los territorios afectados con el objetivo de reequilibrar la honda brecha demográfica que se abre entre el mundo rural y el urbano.

Para ello, la treintena larga de asociaciones suscribió un documento básico con el que exigen a los representantes políticos y a las organizaciones sociales y económicas que firmen un Pacto de Estado contra la despoblación. Algunos de los aspectos que vertebran este documento se refieren a la creación de un Ministerio específico de Reequilibrio Territorial y por la Repoblación o, al menos, una Secretaría de Estado; además de consejerías o departamentos en las diferentes comunidades autónomas que aborden el problema de la despoblación de forma transversal. La finalidad es que se proporcione a estas zonas escasamente pobladas las “mismas oportunidades de desarrollo” de que disfrutan los corredores urbanos, según se desprende del comunicado emitido tras la citada reunión.

Ligado a esta petición, la España vaciada solicita que los próximos Presupuestos Generales del Estado contemplen una partida específica para afrontar las necesidades más apremiantes que aquejan al medio rural como la ejecución de infraestructuras básica, especialmente, carreteras y el ferrocarril. También el impulso de la actividad económica, la oferta de vivienda y los servicios sociales para atraer empresas y población estable a las poblaciones rurales. En este capítulo, la España vaciada exige que se redefinan las “políticas de equilibrio y cohesión territorial” en España, de forma que los fondos europeos, destinados al desarrollo rural, sean gestionados por profesionales y no políticos y sean finalistas con el objetivo de que lleguen a los territorios. Para conseguirlo proponen que se diseñe una agencia de desarrollo territorial, que administre y vigile la gestión de las políticas de desarrollo rural, tal como sucede en las Tierras Altas de Escocia, otro ejemplo paradigmático de la despoblación en Europa que ha logrado revertir este problema. Finalmente, otra de las iniciativas acordadas tiene que ver con la convocatoria el próximo 27 de septiembre de un paro ciudadano de cinco minutos en todas las provincias que conforman la España vaciada para reivindicar “soluciones urgentes, reales y efectivas” y que éstas se reflejen en las cuentas públicas.

Mientras tanto, la intención de la coordinadora es completar este borrador con las propuestas que las diferentes entidades irán transmitiendo a la coordinadora hasta el 15 de julio. Una vez se cierre este documento, previsiblemente en el mes de septiembre, será la hora para armonizar cómo se va a organizar la coordinadora y qué plataformas la integrarán, uno de los temas que suscitó mayor controversia en el mencionado encuentro, según revelan a este medio portavoces de varias de las entidades que estuvieron presentes.

Respaldo regional

Cuatro plataformas de Castilla-La Mancha asistieron a la reunión en la que se constituyó la coordinadora de la España vaciada. Miembros de La Otra Guadalajara, Ahora Cuenca, Paisanos de Sancho y SOS Talavera y Comarca acudieron a la cita en la Casa de Soria para avanzar en los objetivos que comparten con el resto de colectivos para revitalizar sus territorios. Una reunión que valoran como “positiva” en líneas generales y de la que destacan la “importancia de crear la coordinadora para aunar esfuerzos”, aunque con visiones dispares sobre la manera de revertir el desequilibrio territorial. De este modo, mientras algunas de las plataformas regionales abogan por que sean las comarcas las que guíen el desarrollo de las políticas rurales, otras, en cambio, toman a la provincia como eje motriz de ese proceso.

Desde La Otra Guadalajara consideran que “la comarca es el modelo ideal para promover el desarrollo recuperando la Ley de Desarrollo Rural”. Por este motivo, apoyan la comarcalización de los territorios frente a las provincias, porque, según afirman, “han demostrado carecer de una función en el progreso del medio rural en Castilla- La Mancha”.

Ángel Luis López, portavoz de La Otra Guadalajara, asegura a eldiarioclm.es que la reunión se desenvolvió con “cordialidad” y demuestra que “la España vaciada no se ha disuelto, sino que sigue unida y con voluntad de actuar ya para resolver los problemas de falta de infraestructuras, comunicaciones y empleo que nos afectan a todas las zonas rurales por igual”. Asimismo, se muestran “a favor” de que exista una coordinadora, pero abogan por que “se constituya legalmente como federación y se regule mediante unos estatutos”.

En cuanto a cómo deben gestionarse los fondos destinados al desarrollo rural, López asevera con rotundidad que “deben ser controlados por la sociedad y no por los políticos ni los grupos de desarrollo local para asegurarnos de que llegan al territorio donde hacen falta”. En este sentido, recuerda que solo en 2018 “se perdieron en la comarca de Molina de Aragón (Guadalajara) cerca de un millón de euros por esa mala gestión”.  

En la misma línea se manifiesta la plataforma Cuenca Ahora. Para Antonio Parra, miembro de esta asociación, esta reunión constata que “la despoblación se queda en la agenda política, no hay marcha atrás y ningún gobierno va a poder ya eludir este problema”. Además, sostiene que crear una coordinadora estatal es “imprescindible para progresar como movimiento social”, al tiempo que califica de “exhaustivo” el documento firmado que trata sobre cuestiones generales como el déficit de telecomunicaciones e infraestructuras y en el empoderamiento de la España rural, pero también recogerá “las necesidades y peculiaridades de cada territorio”.

Sin embargo, esta plataforma difiere con respecto a La Otra Guadalajara sobre el protagonismo que han de ejercer las comarcas en el desarrollo rural y se decantan, por el contrario, por las provincias. “Cuenca como comarca perdería voz e influencia en la lucha contra la despoblación”, puntualiza. También discrepa acerca de que la coordinadora nacional se oficialice bajo la forma de federación, regulada por unos estatutos.

Tal postura coincide con la decisión que esta plataforma adoptó de no adherirse a la Asamblea de Comarcas de Castilla-La Mancha (ARCO), una federación regional contra la despoblación constituida, a mediados de junio, en la localidad de Molina de Aragón, y en la que están integradas La Otra Guadalajara, Paisanos de Sancho, Impulso a la Jara y SOS Talavera y Comarca. Esta plataforma se sumará, además, al paro de cinco minutos que se llevará a cabo el 27 de septiembre, un acto que estiman como un “reto”.

En las próximas semanas, Cuenca Ahora se reunirá en asamblea para decidir sobre las propuestas que aportarán al documento con el que la España vaciada pide un Pacto de Estado contra la despoblación. Un problema social para el que los colectivos rurales reclaman al Gobierno “presupuesto y medidas inmediatas” y, que de no abordarse con urgencia, amenaza con la extinción de la mitad de los 8.100 municipios españoles.

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