Primeros pasos del decreto de Dependencia que acabará con el de Cospedal

Tras más de dos años de legislatura y muchos preparativos, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha comenzado a dar los primeros pasos para aprobar el nuevo decreto de procedimiento para el reconocimiento de la situación de Dependencia. Con ello, quedará derogada la medida que a este respecto aprobó el Ejecutivo anterior de María Dolores de Cospedal en 2013 y que sigue vigente. Se eliminará así toda la normativa del anterior Ejecutivo, ya que su otra iniciativa sobre prestaciones fue tumbada por los tribunales gracias a un recurso de la Plataforma de Dependencia, y se dejó de aplicar en enero de 2016.

Acabar con esta normativa fue una de las principales promesas que el presidente actual, Emiliano García-Page, realizó durante su discurso de investidura, y el hecho de no haberlo aprobado todavía ha provocado críticas muy duras de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha.

De momento, ya hay consulta pública “previa” dirigida a entidades y particulares hasta inicios de septiembre para elaborar el primer borrador. Según fuentes consultadas por eldiarioclm.es, el objetivo será cumplir la Ley estatal de Dependencia del año 2006, que dejó en manos de las comunidades autónomas las funciones de planificación, ordenación, coordinación y dirección, así como los servicios de promoción de la autonomía personal.

Además, con esta medida quedará derogado el mencionado decreto de Cospedal, inspirado a su vez en el de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy. Precisamente, durante la campaña electoral de los comicios autonómicos de 2015, todos los partidos políticos de la región excepto el PP firmaron el Pacto por la Dependencia, por el que se comprometían a derogar el decreto y a mejorar las prestaciones.

Así lo prometió también García-Page en su discurso de investidura. Desde entonces, la Consejería de Bienestar Social ha estado trabajando en el nuevo decreto, pero mientras tanto, el colectivo de dependientes que agrupa la Plataforma ha ido aumentando sus críticas hacia el Gobierno por haberlo dilatado en el tiempo, por considerar “maquillados” los datos sobre dependientes y por la pérdida de prestaciones para cuidadores familiares.

De hecho, esta asociación ha llegado a afirmar que el anterior consejero del PP, Juan Ignacio Echániz, “sigue estando en la Consejería”. Esta misma semana, el Gobierno regional ha vuelto a celebrar los datos sobre el incremento del número de usuarios del Sistema de Dependencia, con la correspondiente crítica de la Plataforma, que habla de un ‘Expediente X’ en la Consejería. En la Junta también han apelado hasta ahora a la deuda que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene con la Administración autonómica en materia de financiación de la Dependencia: hasta 353 millones de euros.

Regular procedimiento y establecer criterios

Al margen de este debate, las citadas fuentes adelantan que con el futuro decreto se pretende regular el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, así como elaborar los Programas Individuales de Atención, y poner sobre la mesa los criterios de determinación de la capacidad económica de la persona beneficiaria y la gestión de las prestaciones económicas.

El Ejecutivo considera que esta aprobación es necesaria, no solo para sustituir al anterior decreto sino también para simplificar el proceso y mantener solo aquellos trámites indispensables para determinar la situación de dependencia. El objetivo final es “ofrecer una respuesta ágil y adecuada a las necesidades de apoyo”.

El nuevo texto también buscará introducir un procedimiento específico de valoración de la situación de dependencia como de atención de los niños y niñas debido a la especial urgencia en la atención. Por último, se pretende avanzar en la mejora del sistema de compatibilidades entre servicios y prestaciones ya iniciado por el decreto de enero de 2016, donde se establecía el catálogo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.