El riesgo de pobreza y/o exclusión social ha afectado al 29,3 por ciento de la población en la Comunitat Valenciana en 2020, esto es a 1.475.995 personas, según los datos de la EAPN España y la EAPN Comunitat Valenciana (European Anti-poverty Network / Red Europea de Lucha contra la Pobreza).
Este dato supone el aumento en 2,3 puntos porcentuales con respecto a 2019, cuando se registró una tasa del 27% y afectó a 1.342.143 personas. En términos absolutos, hay 133.852 personas más que el año anterior en riesgo de pobreza y/o exclusión social en la autonomía. La tasa AROPE de 2020 se ha realizado teniendo en cuenta elementos de renta de 2019, por lo que todavía no recoge la magnitud total del impacto social de la pandemia, según ha informado la entidad en un comunicado.
Los datos se extraren del XI Informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2020', presentado este jueves en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se conmemora el 17 de octubre.
De los 1,47 millones de personas que en la Comunitat Valenciana se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión, 674.000 están en pobreza severa, lo que significa que perciben ingresos inferiores a 534 euros al mes. Para el caso de una familia con dos adultos y dos menores significa sobrevivir con menos de 281 euros mensuales por persona, una situación que ya afecta al 13,4% de la población valenciana, lo que convierte a la región en la segunda autonomía con la tasa más alta de pobreza severa en España.
El indicador de la tasa AROPE que sí recoge el impacto social de la pandemia, pues las encuestas se realizaron entre septiembre y diciembre de 2020, es la privación material severa, que también escala del 4,8% en 2019 al 11,5% en 2020. Porcentualmente es el incremento más relevante, pues supone un aumento del 140% en el último año y llega a 577.874 personas en la Comunitat Valenciana frente a las 239.011 personas que tuvieron dificultades en este sentido en 2019.
Esta es la tasa más alta de todas las CCAA en España. Este indicador se ha incrementado en 15 de las 17 comunidades autónomas en todos los grupos y segmentos analizados. Se trata de un indicador de carencia, de dificultad para consumir algunos productos concretos básicos que se definen a nivel europeo y supone una vulnerabilidad “muy grave” para las personas afectadas.
En la Comunitat Valenciana este indicador se incrementa en 4,8 puntos porcentuales (esto es un 72%) sobre los datos registrados en 2015, que es el año que se toma como referencia para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y los ODS, lo que combinado con el aumento de población resulta un incremento de 246.000 personas con respecto a ese año.
Consumo básico
Con respecto al conjunto de España, la Comunitat Valenciana presenta cifras más elevadas en todos los ítems de consumo básico del indicador, y destacan los casos de personas que muestran dificultades para disponer de automóvil, comer proteínas cada dos días o tener ordenador, cuyos porcentajes son un 33% más elevados en esta CCAA.
Con respecto al año pasado, todos los ítems han aumentado: las personas que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada se han duplicado hasta alcanzar al 13,6%; aquellas que no pueden permitirse una comida de carne o pescado cada dos días se han triplicado hasta alcanzar al 7,2% de la población.
La presidenta de la EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió, Lola Fernández, ha urgido a la coordinación entre administraciones estatal-autonómica-local y consellerias, y también de estas con el Tercer Sector de Acción Social para mejorar herramientas, estrategias y formas de trabajo en la lucha contra la pobreza.
Ayudas
En opinión de Lola Fernández, instrumentos como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión deben coordinarse “de la forma más eficaz posible y han de mejorar su gestión para llegar a todas las personas que en la Comunitat Valenciana lo necesitan” y ha reclamado “más ambición en la cobertura y más generosidad en las cuantías”.
“Estas ayudas deben sacar a los hogares de la pobreza severa y debe servir para dignificar la vida de las personas, deben tener complementariedad con las rentas del trabajo y han de complementarse con ayudas para el acceso a la vivienda y a otros servicios”, ha reclamado. Asimismo, ha hecho hincapié en que “debe reducirse la burocratización, han de ser ayudas más eficaces y han de tener componente de lucha contra la brecha digital”.
“La pobreza es una decisión política. Hemos de establecer políticas a medio plazo para su erradicación, pero no podemos olvidarnos de la emergencia de muchas familias que necesitan una respuesta hoy. En esta década hemos visto que el crecimiento del PIB y del empleo son importantes pero no suficientes, hay otras cuestiones que influyen en la reducción de la pobreza como son la redistribución de la riqueza, las políticas de empleo inclusivo, el salario y empleo decentes, servicios sociales de calidad, el reparto más igualitario de las recuperaciones tanto en términos de sexo como de territorios, una fiscalidad justa y un porcentaje significativo de los Fondos Europeos para combatir la pobreza y la exclusión social”, ha expuesto.