El pintor y escultor Juan Ripollés, alias Ripo, fue el artista de cabecera de Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón procesado por ocultar su patrimonio para no pagar sus deudas con Hacienda a pesar de manejar 26 millones de euros en cuentas bancarias. Tanto es así que la vivienda del expolítico del PP en una lujosa urbanización, registrada durante la operación policial, cuenta con alguna obra de Ripo en el jardín.
El artista es autor de la famosa escultura del aeropuerto de Castellón, que costó 300.000 euros según el contrato suscrito. “Representa un individuo múltiple con la proyección de salida de un avión de dentro de la cabeza”, explicó Ripollés cuando se inauguró la obra a la entrada de la infraestructura aeroportuaria, aún sin aviones en aquella época.
El conocido escultor también hizo otro encargo para su amigo Carlos Fabra hace más de dos décadas que ha aparecido abandonado, polvoriento y desmontado en el cocherón de la institución provincial situado en la avenida de Valencia de Castellón.
El encargo, según han denunciado los actuales responsables de la Diputación (en manos de la izquierda desde hace tres años), costó 140.000 euros y estaba destinado a conformar un mural en el patio de la plaza de las Aulas de Castellón. Las 8.000 piezas cerámicas del mural han sido halladas durante unas labores de limpieza de las instalaciones, aunque bien podría tratarse de trabajos arqueológicos sobre el caciquismo en la larga etapa del fabrismo, una época en la que los fondos públicos se disparaban alegremente con pólvora de rey.
El mural de Ripo, compuesto por las pesadas piezas de cerámica y con el título 'Canto a Castellón y a sus pueblos', tenía 29 metros de alto por 13,5 de ancho. El encargo, del año 2000, costó 23,2 millones de las antiguas pesetas (casi 140.000 euros). Los operarios de la Diputación han encontrado esta estructura mientras acometían la adecuación de las instalaciones del cocherón, que presentaba un importante deterioro, para ubicar en su interior un almacén para abastecer a los ayuntamientos castellonenses con productos de Equipos de Protección Individual (EPI) mientras dure la pandemia.
Los vecinos rechazaron hace dos décadas que el mural se instalara en la fachada de un edificio que da al Espai Cultural Obert Les Aules situado en la plaza del mismo nombre y, además, los técnicos desaconsejaron la operación al tratarse de una estructura de gran tamaño que podía originar problemas de seguridad. Al parecer, tras los problemas para su instalación, las piezas de cerámica quedaron abandonadas en 106 palets, que han aparecido polvorientos y abandonados en el cocherón de la institución provincial, para sorpresa mayúscula de sus actuales responsables.
Una “chapuza” difícilmente reconstruible
La diputada de Patrimonio, María Jiménez, ha explicado este miércoles que, “después de los 21 años transcurridos desde la adquisición del mural, nos encontramos ante unos hechos que son responsabilidad del equipo de gobierno del Partido Popular liderado por Carlos Fabra, pero también del equipo de gobierno de su sucesor Javier Moliner, del que formaban parte personas como Vicent Sales y Susana Marqués, que en la actualidad siguen siendo diputados provinciales”.
Jiménez ha recordado que el director del Museo de Belles Artes envió en 2013 un documento al negociado de Patrimonio advirtiendo de que el mural había sido inscrito con el registro del museo, “pero pese a ello al equipo de gobierno de Javier Moliner parece que no le picó la curiosidad”. La diputada provincial considera que “las 8.000 piezas abandonadas en el cocherón representan la imagen de casi 140.000 euros tirados por el suelo por la dejadez de los anteriores equipos de gobierno del Partido Popular en la Diputación de Castellón”.
En la comparecencia ante los medios realizada en el cocherón provincial, la diputada de Cultura, Ruth Sanz, ha sido tajante al asegurar que estamos ante “un despropósito”. “No ponemos en duda en duda el valor de la obra de Ripollés, un artista de reconocido prestigio, pero es obvio que lo que hicieron los anteriores gobiernos del PP con este asunto fue echar por tierra los recursos públicos de la Diputación y de las ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Castellón”, ha afirmado.
La diputada provincial ha insistido en tildar la operación de “chapuza” por la existencia de fichas y moldes numerados “que no concuerdan a pesar de llevar impreso el mismo dígito”. Una circunstancia que ha llevado a los técnicos de la casa a advertir que “incluso unir todas las piezas resultará muy complicado”.