El exalcalde socialista de Sagunt, Francisco Crispín, ha sido absuelto de las acusaciones de malversación de caudales públicos y de prevaricación por las que ha sido juzgado junto con otros cuatro funcionarios del ayuntamiento por una pieza separada de la conocida como 'operación Flotador'.
Crispín se enfrentaba a estos cargos que le imputaba Fiscalía por comprar ropa privada y artículos deportivos entre 2007 y 2014 con el dinero (un bono bianual de 300 euros) que el Ayuntamiento de Sagunt destinaba para la dotación de uniformes de trabajo. Ahora la sección tercera de la Audiencia de València ha absuelto a los cinco procesados, sobre los que pesaba una petición de entre dos y cinco años de cárcel, multa de 1.200 euros y la pérdida de la plaza de técnico municipal.
En la sentencia se da la razón a los acusados que en su defensa alegaron que ni el Ayuntamiento ni el alcalde o concejal responsable se dieron instrucciones explícitas de que con el bono de 300 euros se tenía que comprar ropa y calzado de trabajo, y que entendían que era una “compensación” por la ropa de trabajo que se compraban con su propio dinero.
Cabe recordar que Francisco Crispín, acusado cuando era portavoz del PSPV de Sagunt, aseguró que su procesamiento era “una conspiración política” que tenía como objetivo “elminarme de la carrera política”, dentro del partido socialista. Además el exalcalde ha lamentado que otros cuatro trabajadores públicos fueran involucrados en el proceso insistiendo en que “han sido víctimas de una conspiración que sólo iba contra mi”.