“En los videos queda claro que hubo agresiones que han quedado impunes”. Así lo afirmó una de las acusaciones particulares durante la última sesión del juicio por las agresiones de la extrema derecha durante la tradicional manifestación del 9 d'Octubre de 2017 en València. La misma letrada, durante la fase de exposición del informe de conclusiones, sostuvo que las agresiones se enmarcaban en un “boicot organizado” por parte de la ultraderecha.
En el banquillo sólo quedan los dos acusados que no alcanzaron un pacto de conformidad: Pepe Herrero, una suerte de comunicador fallero que retransmitió y jaleó las agresiones, y Francisco Moreno, quien supuestamente participó en algunos ataques. Los otros 26 acusados, todos jóvenes de extrema derecha sobradamente fichados por la Brigada de Información de la Policía Nacional, pactaron penas menores que no implicaban la entrada en prisión, además de indemnizaciones de 46.000 euros y medidas de alejamiento respecto a las víctimas. Uno de los investigados durante la fase de instrucción, el letrado Luis Miguel Jiménez, no pudo ser procesado ni juzgado debido a su estado de salud mental (padece un desarrollo delirante sistematizado de tipo paranoide y tiene prohibida la entrada en la Ciudad de la Justicia por amenazar a fiscales y jueces).
Susana Gisbert, fiscal especializada en delitos de odio, destacó durante la última sesión del juicio, celebrado ante la sección primera de la Audiencia Provincial de València, la “contradicción” entre la versión de los acusados y las abundantes pruebas gráficas (hasta 1.200 fotos y videos analizados durante la instrucción). La representante del Ministerio Público también destacó la “existencia objetiva” de las lesiones que presentaban las víctimas tras los ataques.
Sobre Pepe Herrero, la fiscal afirmó que “iba animando, incitando y llamando a las personas que atacaron” y destacó la “jactancia” de la que hizo gala en sus publicaciones tras las agresiones. El Ministerio Público considera que ambos acusados pretendían impedir el normal desarrollo de una manifestación comunicada y perfectamente legal: “Lo que trata de hacer en todo momento es impedir que estas personas se manifiesten”.
Los ataques, a plena luz del día y con un dispositivo policial muy limitado, se produjeron ocho días después de la celebración del referéndum sobre la independencia en Catalunya, en un contexto de alta tensión política que la extrema derecha aprovechó para agredir a la izquierda nacionalista que se manifiesta cada 9 d'Octubre en València en una marcha festiva y reivindicativa.
El letrado de la acusación particular que ejerce la Comissió 9 d'Octubre, organizadora de la manifestación, destacó la clara identificación de Francisco Moreno por su peculiar indumentaria que “no era la de ir a merendar” (una bandera rojigualda a modo de capa y una senyera de sombrero).
Al acusado “se le ve participando” en la agresión a Vicente D., un joven que trató de repeler las palizas. “Su voluntad es clara de que no pudieran manifestarse”, dijo el abogado. Sobre Herrero, destacó su “actitud productiva” e incluso su “rol de dirección de las acciones”. También su “mediocre artículo” publicado posteriormente en la red en el que “reconoce su participación en los hechos”.
El letrado de la Comissió 9 d'Octubre se preguntó “quiénes son los acusados para decidir quién se puede manifestar” y recordó que la “ideología independentista cabe en la Constitución”, tal como “lo ha manifestado el Tribunal Supremo”.
Tanto Herrero como Moreno “reconocen que están allí y que quieren impedir una manifestación”, destacó el abogado que ejerce la acusación particular por parte de las víctimas. Por otro lado, el letrado de la acusación popular incidió en la “relevancia pública” de Pepe Herrero (“tiene un programa de televisión”), que “lo que hace es promover y animar a la gente a participar” en las agresiones.
Una defensa carga contra el independentismo
El letrado de la defensa de Francisco Moreno rehuyó las “conclusiones ideológicas” y trató de desvincular al acusado del grupo de 26 ultras vinculados a la peña Yomus que alcanzaron un pacto de conformidad. La defensa aseguró que los videos y fotografías “contradicen lo que muchos han declarado aquí en la vista”.
El abogado de Moreno definió a su cliente como un “semáforo” que “se nota a leguas”, a tenor de su llamativo y poco discreto atuendo. “Iba como iba y todo el mundo lo recuerda, eso no quiere decir que fuera partícipe de los hechos que se le imputan”, afirmó.
La defensa de Pepe Herrero mantuvo un perfil menos técnico y más político. Su abogado, un histórico de la extrema derecha en València, sostuvo que las víctimas formaban parte de una suerte de segunda manifestación “convocada por Arran y la CUP” y destacó el contexto del procés en Catalunya que “suponía importantes delitos”. “Pepe Herrero protesta contra que se siga en València ese proceso delictivo del procés”, manifestó el letrado.
“Que Pepe Herrero convocara a la gente a protestar ante una manifestación delictiva me parece perfectamente lícito en el juego político”, dijo su abogado, quien rechazó que el comunicador fallero fuera Lenin “llamando a tomar el Palacio de Invierno”. Así, sólo habría participado “como espectador” y se le acusaría de un mero “delito de opinión”.
En la exposición de sus conclusiones, el letrado de Herrero negó que “los independentistas” estén amparados en los grupos que requieren la protección que establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de delitos de odio. “Mañana mismo se van a autoamnistiar, gobiernan en Catalunya y en València estaban en buena parte en el Gobierno en aquella época”, concluyó la defensa.
Ambos acusados declinaron ejercer su derecho a la última palabra. El juicio quedó visto para sentencia.