Con el inicio del año 2016 se abririá una nueva etapa en la que la Generalitat Valenciana quiere garantizar el derecho al uso de la vivienda digna y al acceso a los suministros básicos de energía y aua potable especialmente a las personas y familias en situación más vulnerable. Por ello este último día del año se publica la orden que establewce las bases para conceder subvenciones a los municipios lo cuales podrán evitar que las familias en riesgo de exclusión caigan en la conocido como 'pobreza energética', así como para ayudar al pago del alquiler social de la vivienda de personas desahuciadas.
La consellera de Vivienda, María José Salvador, ha destacado que esta orden de pobreza energética supone que la Generalitat, por primera vez, va a garantizar el acceso a los suministro básicos de energía y agua potable a los personas y familias en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social desde el primer día del año.
Estas ayudas se conforman dentro der un primer tramo del total de la ayuda de 5,9 millones de euros; este primer tramo ascenderá hasta los 4 millones, estructurándose en 2,5 millones para suministros básicos y 1,5 millones para ayudas al alquiler.
Acuerdos con empresas energéticas
Para poder lanzar esta línea de ayudas la Conselleria de Vivienda firmó recientemente acuerdos de colaboración con ENDESA, Gas Natural Fenosa e Iberdrola para evitar los cortes de los suministros de energía eléctrica, agua y gas a familias en riesgo de exclusión social.
A los efectos de poder acogerse a estas ayudas se consideran en riesgo de exclusión social las personas que tengan unos ingresos inferiores a 1,5 IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y las unidades familiares o de convivencia con ingresos inferiores a 2 IPREM.
En cuanto a las ayudas para el alquiler social, la cuantía será de hasta 100 euros mensuales durante un periodo máximo de un año, y en ningún caso podrá superar el importe de la renta.
Las ayudas para evitar la pobreza energética será en los casos de corte de suministro eléctrico o de gas de 75 euros por recibo mensual y hasta un máximo de 300 euros por consumidor y año, y en caso de corte de agua potable, hasta 15 euros por recibo mensual y un máximo de 60 euros por consumidor y año. Asimismo podrán ser objeto de ayudas los costes ocasionados para restablecer los suministros en el caso de que se haya producido su corte.
A través de servicios sociales
De esta forma cuando los servicios sociales de los ayuntamientos adheridos detecten el caso de una persona o familia en situación de vulnerabilidad, con serias dificultades para el pago del suministro de electricidad o de gas, o que ya se ha producido la suspensión del suministro a su vivienda habitual, realizarán una valoración para determinar si pueden ser beneficiarios de la ayuda destinada al pago del suministro energético.
Si reúne los requisitos, los servicios sociales lo pondrán en conocimiento de las empresas suministradoras y de la Conselleria y se paralizará el procedimiento de suspensión del suministro mientras se gestiona el pago de las facturas adeudadas. Por su parte, la empresa suministradora solicitará de modo inmediato el restablecimiento del suministro. Asimismo no volverán a solicitar la suspensión del suministro mientras se gestiona la concesión de las ayudas. Tampoco exigirán el pago de ningún tipo de intereses.
El Ayuntamiento pagará directamente a la empresa el importe total de la deuda y si se ha restablecido el suministro, los derechos de reconexión. Además, comunicará el pago de la deuda a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio quién tramitará el pago al Consistorio de las cantidades que éste haya abonado.