¿“Prevaricación” o “vulneración de la independencia de la Agencia Valenciana Antifraude”? El acceso a los expedientes confidenciales del organismo que dirige Joan Llinares ha propiciado un enfrentamiento entre Antifraude y el PP. Llinares ha enviado una carta al presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, en la que advierte de que las reiteradas solicitudes de documentación de los populares sobre procedimientos de investigación en trámite suponen una “vulneración del principio de independencia de la Agencia Valenciana Antifraude”.
El organismo considera que las peticiones “responden únicamente a intereses partidistas y de juego político”. Llinares recuerda que la ley que regula la agencia impone la reserva de las actuaciones para evitar perjuicios a la persona o entidad investigada y como salvaguarda de la eficacia del procedimiento administrativo o jurisdiccional que pueda iniciarse, la protección de datos y garantías procedimentales comoel derecho a la defensa y a la presunción e inocencia.
El acceso a los procedimientos en trámite supondría, a juicio de Llinares, convertir a Antifraude en “una mera gestora u oficina privada encargada de la realización de gestiones o trámites para la obtención de documentos, indicios u otros elementos de prueba de la comisión de posibles irregularidades, al servicio de los partidos políticos que persiguen con ello unos réditos diferentes a cual es la misión y fin último para el que esta Agencia ha sido creada”.
El director de Antifraude aduce que el PP, así como cualquier otra formación, puede en todo caso acceder al informe final de investigación que publica la agencia tras las actuaciones de investigación y la audiencia a los aludidos. “La Agencia no se niega a proporcionar la información, sino que ello se realiza en un momento posterior”, apostilla Llinares, quien propone al presidente de la cámara autonómica la adición de un párrafo al artículo 12 del Reglamento de Les Corts, que regula el acceso a la información de los diputados, que indique que no se puede solicitar expedientes de investigación en fase de tramitación. La propia ley que regula la agencia, recuerda su director, prevé como infracción muy grave la filtración de información en el curso de la investigación.
No solo el PP ha solicitado acceder a expedientes de Antifraude. El PSPV-PSOE registró recientemente una petición de acceso al expediente de la agencia que investiga al Ayuntamiento de Orihuela por una permuta que regulariza la apropiación de unos terrenos por parte de la Iglesia. El grupo socialista pretende así averiguar si mientras la actual secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, era concejala actuó ante el obispado para evitar la apropiación irregular de varios terrenos.
“Insólito e incomprensible”, según el PP
La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, ha acusado a Llinares de “obstaculizar el ejercicio de los derechos de los diputados” a obtener información y ha dirigido un escrito al Sindicato de Greuges instando a abrirle un expediente. El director de Antifraude “no solo mantiene una actitud que obstaculiza claramente el ejercicio de los derechos de los diputados, habiendo obligado a esta diputada a interponer hasta tres recursos contencioso-administrativos para que le sea reconocido su derecho a la documentación, sino que, además, en lugar de ejecutar los pronunciamientos judiciales y acatar su interpretación normativa, busca fórmulas para evadirlos”.
“Una de las principales tareas de los diputados”, recuerda Ortiz, “es la fiscalización de la actividad del Consell y que la Agencia Antifraude se queje de ello, cuando debería garantizar que el trabajo se desarrolle lo mejor posible, es algo insólito. Nadie, por muchas trabas que intenten ponernos, evitará que esta diputada y el resto de su grupo parlamentario ejerzan su trabajo”, ha manifestado.
La portavoz adjunta popular también ha dirigido un escrito a la Mesa de Les Corts en el que señala que es un hecho “insólito e incomprensible” que el máximo responsable de un órgano autonómico “se dirija a la primera institución de autogobierno de la Generalitat para pedir que se limiten las facultades de control e información de los diputados, para eludir el escrutinio democrático de la función que se le tiene encomendada”. “Se trata de un gesto tan irresponsable que solo puede desmerecer el más profundo rechazo del Grupo Parlamentario Popular y de la institución”, ha añadido.
“El director de Antifraude pretende que se reinterprete el reglamento de Les Corts, únicamente para cercenar los derechos de los diputados. Llinares está exigiendo al President de Les Corts que adopte una decisión que estaría claramente incursa en prevaricación, lo que sin duda ni el President ni la Mesa pueden aceptar”, sostiene Ortiz.