A la alegría por la sentencia le ha seguido la amargura por el recurso presentado. La pesadilla no ha acabado para Antonio Rico, a quien comunicaron en septiembre el fallo por el que el juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Elche condenaba al Ayuntamiento de Torrevieja por el acoso laboral que había venido sufriendo durante años este agente de la Policía Local. Fue en la etapa del alcalde popular Eduardo Dolón, actual vicepresidente de la Diputación de Alicante. Y todo por destapar un cúmulo de irregularidades.
El magistrado falló que el consistorio que dirigía Dolón era culpable “a pesar de ser conocedor de los hechos” juzgados, de haber actuado “con una desidia y dejadez absoluta a la hora de adoptar medidas para acabar con esta situación”. El juez también hacía referencia a “los numerosos procedimientos judiciales que por las misma causa (acoso laboral) ha sido demandado y condenado y en los que curiosamente han intervenido como instigadores o consentidores casi siempre las misma personas”.
Y es que en las conclusiones judiciales pesaron las otras dos sentencias que pierde el Ayuntamiento por unos hechos similares en la etapa de Dolón como alcalde. A esta hay que sumar otras tres sentencias en los años anteriores de Pedro Hernández Mateo como primer edil, trayectoria política que acabó entre rejas por falsedad documental y prevaricación por irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de limpieza.
En total, seis agentes han demostrado en sede judicial que sufrieron acoso laboral en Torrevieja. En cambio, Rico es el único al que le han recurrido la sentencia. ¿Por qué? “Soy al que más inquina y con el único que traspasaron la línea de lo personal y laboral”, responde.
Eduardo Dolón y la también codemandada Agustina Esteve, entonces concejala de Policía y Recursos Humanos, alegan en el recurso que no eran conocedores de las reiteradas denuncias de Rico, cuando éste recuerda que les envío “más de medio centenar de escritos”. También han presentado recurso el jefe de la Policía Local, Vicente Gutiérrez Sola y el inspector ahora jubilado Manuel Antonio López Vera. Sobre estos dos mandos policiales, el juez esgrimió en el fallo que “tampoco podemos olvidar que ya fueron considerados como inductores de acoso laboral” en dos sentencias firmes “dictadas por este mismo Juzgado” en las que el Ayuntamiento de Torrevieja tuvo que indemnizar a los recurrentes con 48.500 euros y 23.450 euros respectivamente.
Precisamente López Vera ha sido noticia esta semana al archivar la Audiencia Provincial uno de los asuntos más turbios en los que se había visto envuelto la Policía de Torrevieja cuando, en 2006, la jueza del juzgado 2 de Torrevieja ordenó la intervención de su móvil para esclarecer su papel en un caso de narcotráfico y acabó encontrándose con otro de torturas a dos detenidos. Pese a las evidencias de las escuchas en las que asegura que uno de los detenidos “está reventado” a la vez que mostraba su preocupación porque “en el atestado no aparece nada de resistencia” se ha librado de la condena al invalidar la Audiencia las grabaciones, como recoge el Información.
Con respecto al caso de Antonio Rico, cuya defensa ha estado en manos del abogado Lorenzo Peñas Roldán, los únicos que no han optado por el recurso son el Ayuntamiento y un técnico de Recursos Humanos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) deberá tomar postura en un plazo previsto de unos seis meses. Quedan en el aire el reconocimiento del acoso laboral y la indemnización de 95.816 euros por los días de baja, secuelas psíquicas y perjuicios morales dictados en primera instancia.
Irregularidades
Como recoge la sentencia y como explica el propio Rico a este medio, hubo una relación directa entre las irregularidades que fue denunciando como agente y el acoso laboral que sufría. Irregularidades que detectó, por ejemplo, “en la tramitación de denuncias”, al haber “un descontrol absoluto del dinero en metálico del cobro” de las mismas cuya cuantía se desconocía “su destino final” pese a su intento de averiguarlo. Cuando comunicó al jefe de la Policía Local estas sospechosas anomalías, éste no le hizo caso y le conminó a que las denunciara ante el juzgado. Así lo hizo, constando en la actualidad formalmente investigados por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos un Inspector del cuerpo y dos agentes del departamento de Gestión.
Entonces comenzó el mobbing. “Le cambian turnos sin avisar, le deniegan vacaciones, la paga extraordinaria y otros emolumentos, le retiraron las ayudas escolares, le imponen turnos sin el descanso obligatorio, le desaparece el arma del armero y documentos de su taquilla, se le insultaba casi a diario y delante de todo el mundo, etc.”, recoge el fallo. “El peor suceso que recuerdo de manera perseverante -explica ahora- fue cuando se traspasaron las fronteras de lo laboral a lo personal, pues desde la propia Jefatura de la Policía de Torrevieja se realizaron llamadas a destinos anteriores para recabar información sobre mi vida privada, como si estaba casado, tenía hijos o incluso donde trabajaba mi mujer. Ahí fue donde empecé a tomar consciencia de la gravedad de la situación”, afirma.
Su “calvario” duró desde 2013 a 2016, tiempo en el que solicitó de manera constante ayuda, denegándole el jefe de Recursos Humanos hasta en cuatro ocasiones la petición de traslado a otro municipio. Tras varios informes médicos favorables, otro de la Inspección de Trabajo y otro más del Consejo Jurídico de la Generalitat Valenciana, se le concede el traslado por el menoscabado de su salud, produciéndole un Trastorno Adaptativo, “además de secuelas psíquicas derivado del acoso psicológico sufrido”, reza la sentencia.
Visiblemente resignado, este Policía Local asume “que las irregularidades que pueda observar es muy posible que no serán castigadas y por lo tanto no merece la pena denunciar”. “Desde luego que no recomiendo a nadie denunciar irregularidades, si esto me ha pasado a mi siendo funcionario público de la Policía, no quiero imaginar lo que le sucedería a un simple auxiliar administrativo de una empresa privada...”, incide. Además, siente que ya ha quedado “estigmatizado de por vida”, pues “a nadie le gusta tener en su administración a una persona que pueda alertar de irregularidades”.
Caso Vela Mata
Sobre el caso Vela Mata, desvela el agente Rico que “al ser conocedor por la prensa” de este presunto caso de corrupción, “y dado que durante el ejercicio de mis funciones me dedicaba a realizar múltiples inspecciones de locales en horario nocturno por infracciones a la Ley de Establecimientos Públicos”, no tuvo más remedio “como deber legal, de realizar unas diligencias dirigidas al Juzgado” donde se instruía la causa, “para ponerme a su disposición e informarle que me llamaba poderosamente la atención como se me enviaba de manera persistente a vigilar unos establecimientos, mientras que decenas de otros de los que había realizado informes desfavorables por no reunir las condiciones para las licencias que solicitaban nunca se me enviaba y sin embargo, a otro recuerdo que incluso cada nos noches”.
Fruto de esta intervención, la Audiencia Nacional procedió a reabrir el caso de la discoteca de la playa de La Mata a finales de 2016, donde consta como investigado el actual vicepresidente de la Diputacion de Alicante, Eduardo Dolón, el cual era alcalde de la localidad en el anterior mandato. “Casualmente uno de los locales que inspeccioné una noche fue sobre el establecimiento del caso Vela Mata y fue demoledor, un total desprecio a las normas y al descanso de los vecinos y así lo hice constar”, rememora Antonio Rico.