Los acusados por el desalojo del Forn de Barraca niegan que opusieran resistencia: “Era una protesta simbólica y pacífica”

Los cuatro activistas acusados por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad por el desalojo del Forn de Barraca, la centenaria alquería expropiada y derribada a consecuencia de las obras de ampliación de la carretera V-21 de Valencia, han negado que opusieran resistencia a los agentes de la Guardia Civil que los desalojaron. “La defensa que hicimos era básicamente simbólica, estuvimos allí para que al menos los medios se hicieran eco”, ha dicho una de las acusadas durante la vista celebrada ante Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia.

Las defensas de los cuatro jóvenes acusados han argumentado que los activistas encaramados en un tejado del edificio de la huerta de Alboraia no bajaron en el momento de la llegada de la Guardia Civil por motivos de seguridad. Sólo cuando llegaron efectivos especializados en rescates de montaña del Instituto Armado, los jóvenes accedieron a descender. Los acusados han alegado que no pudieron escuchar las órdenes de los agentes que en un primer momento llegaron al lugar debido al ruido del helicóptero y de la carretera.

Los activistas pasaron la noche del 29 de septiembre del 2019 en el Forn de Barraca esperando el momento de la llegada del despliegue policial, que paradójicamente coincidió con el día mundial de la emergencia climática. Se despertaron, según han relatado durante el juicio, por el ruido del helicóptero y de los efectivos policiales llegados antes del amanecer. “Fue un despertar muy violento, todo fue súper rápido”, ha declarado una de las activistas.

Los activistas han declarado que se encaramaron al tejado del edificio y a una ventana para que los medios de comunicación pudieran cubrir el desalojo, dada la hora a la que se desplegaron los efectivos de la Guardia Civil (al amanecer). “Queríamos que se hiciera de día para que viniera la prensa para visibilizar todo lo que estaba pasando”, ha dicho una de las jóvenes acusadas.

La estructura del edificio, tal como ha refrendado la pareja de una de las propietarias del Forn de Barraca, era antigua y corría el peligro de desprenderse. Uno de los agentes de la Guardia Civil que ha comparecido como testigo, ha explicado que tuvieron que pedir la presencia de los equipos especializados en rescates de montaña debido al peligro que podía suponer el desalojo. Horas después, cuando los especialistas accedieron al tejado con la ayuda de un camión de bomberos, los activistas bajaron del edificio centenario, situado en plena huerta de Alboraia.

“Ahora se les ve buena gente pero en ese momento no sabes cómo van a reaccionar”, ha dicho un agente que participó en el operativo. Uno de los activistas encaramados en el tejado ha asegurado que la protesta fue espontánea: “Colaboramos en todo momento, no hubo nada de resistencia”. “Teníamos claro que iban a tirar esa alquería”, ha apostillado.  

Los activistas han incidido en que la estrategia de encaramarse al tejado no fue planificada para un día concreto. “No nos lo esperábamos para nada, era el día contra el cambio climático”, ha declarado una de las acusadas.

Uno de los agentes de la Guardia Civil que ha declarado como testigo ha asegurado que, antes de la llegada de los efectivos de rescate, los jóvenes “no tenían idea de colaborar” y ha dicho que fue golpeado por una de las acusadas aunque no ha identificado claramente a la supuesta agresora. Una de las acusadas ha negado durante su declaración que propinara una patada a un agente.

Un agente del Grupo de Rescate de Montaña ha recordado que, tras conversar brevemente con los activistas encaramados en el tejado, acabaron abandonando el Forn de Barraca. “Bajamos a dos chicos y a una chica que había en una ventana, lo más seguro era utilizar el camión de bomberos porque como era un edificio antiguo sabíamos que había peligro de derrumbe”, ha afirmado en una declaración realizada por videoconferencia.

Lluís Fontelles, pareja de una de las propietarias del Forn de Barraca y miembro de Per l'Horta, ha declarado que dieron permiso a los activistas para que pernoctaran en el espacio que no había sido expropiado. El hombre ha recordado el “ruido continuo” del helicóptero y ha asegurado que la actitud de los jóvenes fue de “colaboración”. Se trataba de una protesta espontánea, ha dicho. “Todos y todas éramos conscientes de que el Forn iba a ser derribado, la intención era llamar la atención a nuestros gobernantes y alertar a toda la sociedad”, ha agregado.

Dos periodistas que han declarado como testigos de las defensas han coincidido en que la protesta fue pacífica. “En ninguna crónica del día siguiente constaba ninguna resistencia o desobediencia”, ha dicho una de las informadoras. 

La fiscal: “No hace falta forcejeos violentos”

La Fiscalía pide ocho meses de prisión para tres de los activistas y cinco meses para una cuarta joven por los presuntos delitos de desobediencia grave a la autoridad y resistencia. “Los acusados decidieron no abandonar el lugar, no hace falta que existan forcejeos violentos”, ha dicho la fiscal, que también ha apostillado que la actitud de los jóvenes fue “pasiva”. También pide 329,66 euros en concepto de responsabilidad civil.  

Los letrados de la defensa pedido la absolución de los activistas al considerar el caso no se enmarca en el ordenamiento penal (en todo caso deberían haber sido sancionados con una multa por la 'ley mordaza'). Además, también han alegado que se han producido dilaciones indebidas al haber transcurrido más de tres años entre las detenciones y el juicio. “Los hechos no tienen trascendencia penal”, ha concluido uno de los abogados de la defensa.