“Queremos que nuestro pesquero vuelva a casa con las personas rescatadas, como marcan las leyes de la decencia humana”. La vicepresidenta Mónica Oltra no podría haber expresado con más propiedad, tras la reunión del Gobierno valenciano, la posición de quienes contemplan con asombro y tristeza el episodio que el barco “Nuestra Madre Loreto' está protagonizando en aguas del Mediterráneo desde que rescató a 12 migrantes que huían de Libia y sus patrulleras.
Es importante resaltar eso de “nuestro pesquero”, en tanto que tiene su base en un puerto valenciano, el de Santa Pola, donde se apoya incondicionalmente a su tripulación y a su patrón, Pascual Durá, un hombre digno que cumplió con su deber en alta mar y se niega a hacer de gendarme sobrevenido, como parece pretender el Gobierno español, para entregar a los rescatados en un puerto libio, donde, como él mismo advierte, encontrarían “una muerte segura”.
“Nuestro pesquero”, pues, debe volver a uno de nuestros puertos, “con las personas rescatadas”, después de que Italia y Malta, y toda la Unión Europea, incapaz de articular un mecanismo de desembarco aplicable en estos casos, hayan decidido mirar hacia otro lado. Eso es lo que dictan el sentido común y la decencia. Pero las contradicciones entre la política y la decencia son especialmente llamativas en el episodio del barco de Santa Pola.
Sacar del mar a unos náufragos para devolverlos al lugar del que huían es una villanía en el plano de la más elemental humanidad. También debería serlo en el de la política internacional, y en el de la política migratoria en concreto. Las denominadas “devoluciones en caliente” son ingnominiosas, pero adquieren un carácter abyecto cuando los sujetos que las sufren llevan en la mirada el pánico a morir o a ser maltratados. No debería formar parte del cálculo político de la diplomacia española la posibilidad de “devolver en caliente” a nadie a Libia.
Provocaba mucho desasosiego escuchar el otro día al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pronunciarse con tanta frialdad sobre la situación del pesquero valenciano, un barco español, en definitiva, que se encuentra en apuros en medio del Mediterráneo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado una extraña capacidad para desmentirse en varios frentes, pero el de la política migratoria puede llevarse la palma.
Meses después de la operación de junio para desembarcar en Valencia a los 630 rescatados por el Aquarius, que situó a España en una postura ejemplar ante el cierre de puertos ordenado por la extrema derecha en Italia, el Ejecutivo del PSOE decidió hacerse el duro con las peores cartas, mientras los líderes de la derecha se paseaban en campaña por Andalucía hablando de los inmigrantes como de invasores.
Y no le van a resolver la papeleta al Gobierno unos pescadores que han mirado a los ojos a las personas que sacaron del mar, han compartido con ellas su comida, sus mantas y su barco. Como más se prolonga la crisis, más rotundo es el dilema: el espíritu del Aquarius o la infamia.